El rompecabezas de los vínculos que forjaron el poder púbico y el crimen, tanto el común como el organizado, en el anterior régimen, pronto será finalmente armado, para dejar al descubierto la verdad histórica de lo que ocurrió en la elección de 2018 y, seguramente, muchos otros capítulos de la Puebla contaminada por la delincuencia.
A propósito de la apretada designación en el Senado de Fredy Erazo -presunto asesor jurídico del podado El Grillo- como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), bajo el impulso del senador Alejandro Armenta, el gobernador Miguel Barbosa advirtió que pronto se van a conocer esos datos.
En la misma intervención, para contestar una pregunta sobre el tema, Barbosa adelantó el viernes pasado que “va a dar miedo a qué nivel se operó eso y vamos a ver con qué instrumentos del estado contaron y va dar miedo saber a qué se metieron y quién vinculó a los delincuentes con la política”.
Las suposiciones pueden ser muchas.
No solamente la referencia, que fue directa al 1 de julio de 2018, sino que por supuesto pueden presumirse más allá.
El crecimiento del huachicol en el morenovallismo, es una.
La presunta utilización de las instituciones del estado contra los adversarios, es otra.
Específicamente sobre el proceso para la elección de gobernador de 2018, que permanece en la duda colectiva, hay claves que nos indican hacia dónde se dirige la advertencia del mandatario.
Se trata de un rompecabezas que requiere paciencia.
La ha requerido.
De piezas sueltas, que han venido seguramente encajando.
Una trama que entraña traiciones o dudas sobre el comportamiento de ciertos actores.
De ahí que el gobernador haya hablado de “promiscuidad” y de que solamente él y Gabriel Biestro, hoy presidente del Congreso local, no hablaron, no pactaron, con el adversario en esos días convulsos.
Para encontrar esas claves, hay que echar un poco atrás la memoria.
Apenas el 4 de noviembre, el gobernador reprochó que, con una operación de Estado, se hayan ocultado los delitos en aquel 2018.
Señaló como responsables al entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Carrancá, y al también en ese momento secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez.
“No se abrió una investigación por la entonces Policía Judicial, no lo hicieron Jesús Morales ni el fiscal Carrancá. Pronto habrá una investigación, porque muchos de esos delincuentes que armaron las balaceras, los destrozos, están detenidos, todo se sabe, tenía que saberse”, dijo entonces.
Una pieza es particularmente importante: El Grillo.
El 25 de junio de 2019, se informó de la detención en la Ciudad de México de José Cristian N, alias El Grillo, uno de los presuntos delincuentes más buscados por la FGE.
Además de ser señalado como autor material de varios asesinatos y narcomenudeo, principalmente, también se le responsabilizó por la violencia electoral de 2018.
Como perpetrador para desestabilizar.
De contaminar el proceso.
De generar balaceras en algunas casillas.
Desde su campaña en el proceso extraordinario y antes de la detención, Barbosa lo había señalado.
A una pregunta específica, dijo que “según los indicios que trae la autoridad del estado (El Grillo) fue el responsable de la violencia política del 1 de julio”.
Ahí están las claves.
Claras.
Para quien las sepa leer.
Pero más, para quien las pueda entender.