El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) tiene ante sí la oportunidad y el reto -porque así lo es también-, de conducir un proceso lo más pulcro y ágil posible, en una elección que, a su arranque de campañas locales, al primer minuto de este 4 de mayo, llega como la más impugnada de la historia, con un número que ronda los 400 procedimientos, entre federales y estatales.
Por si pocos lo han advertido, este Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 es el primero que vuelve a organizar el IEE, desde aquella controvertida elección de 2018.
La de los actos de violencia.
De la inequidad manifiesta.
De las acusaciones de fraude.
La primera en la historia del estado que debió resolverse en una votación apretada de último recurso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aquella definición de la noche cardiaca del 8 de diciembre de 2018.
Lo demás, la tragedia y sus consecuencias, son de todos conocidas.
Ya en la elección extraordinaria de junio de 2019, el Organismo Público Local Electoral de Puebla no participó.
El cúmulo de irregularidades de 2018 lo anularon y fue el Instituto Nacional Electoral (INE) el que atrajo el proceso a la gubernatura.
La alineación de consejeros ya no es la misma que hace tres años.
Pero también hay muchas dudas que perduran.
Presuntos delitos que no fueron aclarados ni sancionados.
Un fraude histórico que pareciera que quedará solamente sancionado en la opinión pública.
Al menos tres de los siete consejeros del actual IEE terminan su plazo en noviembre.
Es su último encargo.
Eso los tiene, muy seguramente, en un ánimo diferente que el resto.
Es también de llamar la atención que, hasta hoy, minutos antes del arranque formal de las campañas por las 41 diputaciones y los 217 ayuntamientos, la avalancha de la judicialización es sobre procesos internos, en su gran mayoría.
Las precampañas y los rounds de sombra contra los adversarios no se han perfilado, hasta ahora, tan beligerantes, como en otros años.
El gobierno estatal no está tampoco, como en otros procesos, en el centro de disputa en los discursos.
Desde los tiempos del gobernador Melquiades Morales no se veía así.
Con Mario Marín Torres, sus excesos, su corrupción y el caso Lydia Cacho, que hoy lo tiene en la cárcel por tortura, fue centro de la discusión.
Incluso nacional.
Con el morenovallismo, también la figura del finado político fue motivo de descalificaciones, de campaña de contraste, del ofrecimiento de cambio a ese régimen de mano dura.
Hoy, el gobernador Miguel Barbosa no está en los discursos de descalificación partidista ni el 6 de junio será un referéndum a su administración.
Esa es ya una gran diferencia.
Este 2021 configurará también el 2024.
Al menos, lo perfilará.
Ha comenzado la batalla.
A todos nos conviene un árbitro fuerte.
Cuidadoso, por lo delicado del proceso en sí y más en tiempos de pandemia.
Limpio.
Imparcial.
Ese es el reto.