Entre los temas importantes y urgentes que deberá desahogar la actual LX Legislatura local, en el tramo final de su ejercicio, estará en un lugar prioritario de la agenda legislativa la despenalización del aborto. Asunto controversial, mucho más allá de lo moral y lo jurídico, porque nunca debe perderse de vista que es, esencialmente, un tema de salud pública.
Este miércoles revivió este pendiente parlamentario con especial énfasis, con la presentación de dos iniciativas.
Incluso plantean, no solamente anular las sanciones penales por la interrupción del embarazo en el Código Penal.
También, establecer en la Ley Estatal de Salud la obligación de los servicios públicos del estado a practicarlo de manera legal, a quien lo solicite en los términos de esta reforma.
Antes hemos explorado cómo en más de una década ha cambiado la opinión de los poblanos respecto de la interrupción del embarazo hasta en las primeras 12 semanas de gestación.
Cómo de un contundente rechazo, de 60 por ciento de poblanos y poblanas hace 14 años, se ha transitado a una aceptación más colectiva, con 42 por ciento que está de acuerdo.
El análisis es de la firma Indicadores S.C.
Ahora, con la etapa electoral superada, con dos meses por delante todavía de esta legislatura, que termina el 14 de septiembre, pareciera que ya no hay pretextos para postergar el tema.
Colectivos feministas han exigido que sea abordado para julio próximo por el Congreso local.
Se trata, en realidad, de una discusión que se ha llevado muchos años.
Al menos desde 2009, cuando se planteó con seriedad su atención legislativa.
Muchos asuntos lo han venido postergando.
Políticos.
Sociales.
Religiosos.
Jurídicos.
Y hasta la supuesta espera de opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido diques de contención para que el Congreso del Estado de Puebla lo aborde.
Más de una decena de iniciativas se han venido presentando en todos estos años.
Sin embargo, el aborto, ya sea solamente su despenalización, o el llamado “aborto legal”, es decir, crear las condiciones públicas para su atención, requiere muchas más reformas y reflexiones.
Si se llega a aprobar el llamado aborto legal, los servicios públicos del estado estarían obligados a practicarlo.
Sería para las mujeres que lo soliciten antes de las 12 semanas de gestación.
No es nada sencillo.
Mucho menos después de la crisis de salud que representó la pandemia.
Si bien, ya muchos hospitales han echado atrás la reconversión para la atención prioritaria de COVID, una reforma para el aborto legal, requeriría además que en los nosocomios haya áreas y personal específicos.
Eso demanda mayor presupuesto.
Nueva infraestructura.
Al menos adicional en esos hospitales públicos.
Esto plantea otras interrogantes y retos.
Sobre todo, en este momento.
Es así como llegamos a un punto en el que la discusión no solamente es religiosa, social, jurídica, moral y de salud.
También técnica.
Todos esos elementos deberán contener la reflexión y el debate de los legisladores.
No estás de más recordar que solamente la Ciudad de México y el estado de Oaxaca han despenalizado el aborto.
El tema sigue siendo bastante complicado.
Perder de vista cualquiera de los ingredientes de su contexto sería irresponsable.
Ahí están los datos.
Vendrán las exigencias.
Todo eso veremos en las próximas semanas.