El caso del diputado federal poblano Saúl Herta Corona, acusado de al menos la violación equiparada de dos menores varones y el abuso contra un tercero, representa la enorme impunidad y complicidades del sistema político mexicano y el desdén de los representantes populares a los ciudadanos.
Tal vez el caso de este presunto pederasta, como ningún otro, muestra que efectivamente los políticos se conciben y actúan como una casta superior.
Una clase aparte.
Inmune.
Impune.
Inmersa en una burbuja de acuerdos para mantener a salvo sus privilegios.
Sin importar cuán perversos sean los hechos que los señalan.
Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que ahora sí el próximo 11 de agosto desafueren al actual representante del Distrito 11 Federal de Puebla, es irreparable el daño a los derechos de las víctimas, que se ha perpetrado con la dilación del caso.
Al menos siete ocasiones, entre la Sección Instructora y la Comisión Permanente, se ha postergado la cita para que la Cámara de Diputados se erija como Jurado de Procedencia y deje sin inmunidad procesal a Huerta.
¡Siete!
En distintos momentos y con diferentes niveles de complicidad, para que eso haya ocurrido, han participado todos los grupos parlamentarios y todos los líderes de las bancadas.
La simulación ha sido brutalmente evidente.
Como nunca ha quedado tan a la vista.
Y como siempre, ha sucedido este acuerdo político para obstruir la justicia.
Han dejado huellas de su protección a Saúl Huerta el coordinador de los diputados federales de Morena, el también poblano Ignacio Mier Velazco.
Con menor evidencia, también ha participado Ricardo Monreal, el jefe de la bancada morenista en el Senado.
Y con ellos, los priístas, panistas, petistas y perredistas que hace un par de semanas votaron a favor de dejar fuera del periodo extraordinario el caso de Huerta y de otro diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo.
Él está acusado de enriquecimiento ilícito, cuando fue delegado en Coyoacán, en la Ciudad de México, entre 2012 y 2015.
Ahora es también diputado federal electo por San Martín Texmelucan, Puebla, sin que tenga idea de dónde queda ese municipio.
Pero el caso de Huerta tiene una especial gravedad por tratarse de agresiones sexuales contra menores.
De nuevo, suponiendo sin conceder que este 11 de agosto sí se realice en el extraordinario y se le deje sin fuero, habrán pasado 113 días desde que fue arrestado, y luego dejado en libertad por esa inmunidad constitucional, tras abusar de un menor que lo señaló, en un hotel de la Ciudad de México.
Son 113 días de impunidad.
De cinismo.
De complicidad.
De abuso y obstrucción de Morena.
Pero en las que han participado casi todos en el Congreso de la Unión.
Además, si le quitan el fuero será una definición legislativa ya casi sin sentido jurídico real.
El próximo 1 de septiembre, de por sí y de manera natural, Saúl Huerta, el monstruo de Totimehuacan, perderá el fuero.
Ya no podrá pasearse por los juzgados, como se reportó que hizo la semana pasada, tan tranquilo y tan impune.
El 31 de agosto termina la LXIV Legislatura.
Se quedará sin protección constitucional.
La Fiscalía de la Ciudad de México podrá ir por él.
Si lo localiza.
La impunidad quedó ya ahí.
Indeleble.
Inobjetable.
Vergonzosamente tan evidente.
Como diría el clásico: “¡Qué asquerosidad es esto!”.