Por permitir que quedara impune el daño al erario por un pago indebido y excesivo que la Secretaría de Infraestructura realizó durante el morenovallismo a dos constructoras por 26 millones 543 mil 403.42 pesos, se abrió un nuevo proceso a Alfonso Siriako Guillén Almaguer, magistrado y ex coordinador General Jurídico y ex director de Asuntos Jurídicos de esa dependencia en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Este personaje, quien está preso desde el pasado 14 de mayo, acumula, con este caso y otro también de pagos indebidos por obras, un presunto desfalco a los poblanos por más de 130 millones de pesos.
El alto funcionario del morenovallismo destaca, así, como uno de los ejecutores de buena parte de la “corrupción” de esa etapa de Puebla, y con su trepidante carrera política y administrativa, que alcanzó los más altos niveles en menos de un lustro, delata también las huellas de presuntos hechos ilícitos.
De acuerdo con su ficha como magistrado, Guillén Almaguer primero estuvo como funcionario en el municipio de Puebla capital; luego, pasó al gobierno del estado y terminó con el premio como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, cargo en el que fue ratificado por el Congreso local el 30 de agosto de 2017.
Todo eso, de acuerdo con su ficha curricular pública, en menos de cuatro años, aunque a la generalidad de los profesionales le lleva toda una vida de escalar en la administración pública y en el Poder Judicial.
LA CABEZA DE LAS OPERACIONES
De acuerdo con las investigaciones, Alfonso Siriako Guillén Almaguer no puede ser considerado un participante menor en la trama de corrupción específica, que se ha detectado hasta ahora, pero que sigue indagándose, en la Secretaría de Infraestructura en la etapa morenovallista.
Al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se le han comenzado a sumar causas penales, por haber realizado pagos excesivos e indebidos; por procedimientos irregularidades y también por omisiones, cuando fungió alto funcionario de esa dependencia, la que más recursos manejó en el sexenio de Moreno Valle.
Encima, luego, como integrante del Poder Judicial de Puebla, conoció y resolvió, en su carácter de magistrado de la Primera Sala Unitaria, esos mismos casos, a pesar de estar impedido, por la obvia “situación que afectaba su imparcialidad”.
Siriako está sujeto a prisión preventiva, junto con Froylán Pedraza Bouchan, el ex encargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la misma Secretaría, en la misma etapa, por otro caso, que involucra 107 millones de pesos, por pagos indebidos en el contexto de la construcción de un centro comercial, en la zona de Los Fuertes, en el año 2015.
EL CASO ZARAGOZA
El viernes 4 de mayo de 2012, el Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza fue inaugurado por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a quien le quedaban apenas siete meses más en el poder.
Con francotiradores que lo resguardaban en las inmediaciones de Plaza Loreto, el panista festejó con el entonces gobernador, Rafel Moreno Valle, el secretario de Infraestructura de ese tiempo, José Antonio Gali Fayad, esta obra emblemática, en el marco del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla.
Era el auge del morenovallismo y lo que pasaba en la oscuridad de la poderosa y onerosa Secretaría de Infraestructura estaba, entonces, muy lejos de conocerse.
Hoy, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha venido destapando una red que permitió, fomentó y trató de ocultar, desde la administración estatal y luego en el Poder Judicial, montos millonarios que fueron pagados en “exceso” y de manera indebida.
El más reciente proceso involucra nuevamente a Siriako. Este reportero tuvo acceso a los detalles que lo ubican como responsable de pagos indebidos por 26 millones 543 mil 403.42 pesos, a dos empresas constructoras que edificaron el Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza: GH Anderl Consulting and Construction S. A. de C. V. y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe S. A. de C. V.
Esas dos entidades realizaron el Contrato de Obra Pública del llamado Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza, por un monto total de 486 millones 542 mil 085.98 pesos, de esa obra que, en ese momento, fue el emblema del morenovallismo.
Sin embargo, en 2016, aún en el morenovallismo, se detectó que más de 26.5 millones se pagaron de más, por lo que desde entonces se iniciaron los trámites legales y administrativos “para para hacer exigible a dichas empresas el cobro de la cantidad de $26′543,403.42”.
Siriako, como funcionario, conoció y luego resolvió, en paralelo a sus responsabilidades, el caso, y contribuyó a impedir que se realizara ese cobro, que debió haber regresado a las arcas estatales.
La última ocasión, conoció y resolvió el asunto fue como magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en el año 2020.
Ello, a pesar de que estaba impedido y debió excusarse, “puesto que el acto impugnado tuvo su origen en el procedimiento de recuperación de pagos en exceso y existía una situación que afectaba su imparcialidad”, al haber sido, como funcionario estatal, partícipe de esos pagos que se generaron.
De ahí que el pasado 7 de junio la Fiscalía Anticorrupción recibiera la denuncia correspondiente, dentro de la Carpeta de Investigación: 492/2021, de la Causa Penal: 2936/2021/PUEBLA.