Luego de la marcha del 8 de marzo y la cada vez más -y esta ocasión sin violencia- intensa y argumentada exigencia de que se avale en Puebla la despenalización del aborto, ninguna de las fuerzas políticas representada en la LXI Legislatura del Congreso del Estado tiene forma de eludir el tema. Pero, además, ya ni siquiera hay lugar para las descalificaciones y los pretextos, porque -por si no lo recuerdan- existe en la materia una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene 14 años desde su primera referencia, y que ha venido reiterando el Máximo Tribunal.
Si lee usted en los medios dimes y diretes entre legisladores y legisladoras locales, de distintos partidos, sobre el tema, en realidad es solamente paja.
Se tiene que realizar.
Mejor que guarden sus posiciones, si la tienen, para el debate en el pleno, cuando se presente a votación la iniciativa que decidan avalar en comisiones.
Para entender lo que ocurre con el aborto, hay que recordar que la SCJN ya ha resuelto en varias ocasiones que es inconstitucional considerar la interrupción del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, un acto punible.
Un delito.
Pero esto viene desde el año 2008, luego de que, un año antes, se despenalizó el aborto en la Ciudad de México.
En Puebla se “analiza” desde el sexenio de Mario Marín Torres.
Por supuesto, el ahora tristemente célebre góber precioso nunca iba a consentir que, con todos los problemas del caso Lydia Cacho y otros, su Congreso se subiera a este asunto.
En 2008, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, la Corte declaró válida la despenalizar del aborto, hasta la semana 12 de gestación, en el entonces Distrito Federal.
Así, el Pleno de ministros y ministras validó la norma emitida por la Asamblea Legislativa, hoy Congreso local de la capital del país.
Después, han venido otras reiteraciones sobre el tema del Máximo Tribunal.
Las más importantes, en 2018, 2019 y 2021, directas y colaterales.
En el primero de esos años, la Suprema Corte amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud de Morelos de interrumpir el embarazo derivado de una violación sexual.
También en 2018, en la Revisión de Amparo 1170/2017, resolvió “que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación”.
En 2019, la Corte concedió amparo a una mujer, a quien por “razones médicas”, se le había negado el aborto en la Ciudad de México.
Luego el 7 de septiembre del año pasado, la SCJN dio una definición contundente, por si hiciera todavía falta, al declarar inconstitucional la criminalización total del aborto.
Por unanimidad de diez votos, entonces, se pronunció también, por primera vez, “a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
Los partidos están en un falso debate.
Que si el PAN irá en contra, porque está en sus estatutos y declaración de principios rechazar la interrupción del embarazo.
Que si Morena ya se tardó y el PT le está ganando con una posición de avanzada.
Que si el PRI ya se dividió.
No.
Tendrá que ocurrir.
Y cada día que no llega al pleno del Congreso local la votación es un tiempo perdido.