La propuesta de modificar 18 artículos constitucionales que plantea la iniciativa de Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en sus términos, y se presenta más como un pretexto para un nuevo y más intenso pleito con los partidos y los dirigentes de oposición, que como un verdadero esfuerzo legislativo. El tema es simple: toca lo más sagrado y posiblemente lo que más interesa a los políticos, el dinero.
En esencia ese es el objetivo que se asoma en la propuesta lopezobradorista: exhibir a los opositores como “ambiciosos vulgares”.
Hará el Presidente honor a su frase de agosto de 2019: “al carajo los ambiciosos vulgares”.
La repetirá seguramente.
Se regodeará en un “se los dije”.
Por ello es que su iniciativa parece diseñada más para proporcionar la artillería retorica contra sus adversarios, que como un verdadero intento legislativo.
Los mismos que no le dieron la mayoría calificada, las dos terceras partes, en la Cámara de Diputados para avalar su Reforma Eléctrica, ahora serán exhibidos.
Tendrá López Obrador la “autoridad moral” para decirle a la gente y a quienes lo apoyan, que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se oponen a que el Estado Mexicano ahorre 24 mil millones de pesos al año.
Recursos que se gastaban en elecciones y en mantener las vidas suntuosas de los líderes partidistas.
Que ahora podrán ser utilizados en beneficios que necesitan los mexicanos.
En la exposición de motivos de la iniciativa que ya entregó en San Lázaro, describe que tan solo en mantener a los partidos, se gastan al año 11 mil millones de pesos.
¿Cuánto becas y pensiones se podrían entregar con esos recursos? (es ironía).
“El Estado Mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos”, dice en la página 3 del documento.
En el nuevo modelo, de aprobarse la propuesta que parece imposible, ya solamente se darían recursos públicos a los partidos en los años electorales.
Se anularía el modo de vida tradicional a la clase política.
En Puebla, en 2021 se entregaron a los 13 partidos con registro local, que participaron en la elección, casi 300 millones de pesos.
Ya solo quedan ocho con registro, pero la bolsa que se pueden seguir repartiendo, con base en el antecedente del año pasado, es de 281 millones 762 mil 071.60 pesos.
¿Cuántas escuelas y hospitales se podrían construir con ese dinero? (no es ironía).
Luego está el costo de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), que también busca desaparecer.
Esos cuestan 13 mil millones de pesos por todos los del país.
En el caso de Puebla, describe la iniciativa lopezobradorista en una tabla, con la ampliación presupuestal que recibió el Instituto Electoral del Estado (IEE) en 2021, se gastaron 574 millones 625 mil 206 pesos.
El poblano es también de ellos más caros del país.
A eso todavía hay que sumar el costo del Tribunal Electoral Estatal.
Estos desaparecerían también, para que se concentren todos los litigios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos integrantes serían electos por voto directo.
De hecho, se hace en la práctica. Todos los casos terminan en sus salas regionales o en la Sala Superior.
Además de muchas más razones, el dinero es suficiente para advertir que es imposible que se avale la propuesta de AMLO.
Los bolsillos y las chequeras duelen.
Y duelen mucho.
Es una iniciativa que necesita forzosamente de los votos de la oposición entera o al menos una parte de ella.
En San Lázaro tanto como en el Senado.
Efectivamente, no pasará.
Son asuntos de dinero, de bolsillo y de “ambiciosos vulgares”.