Arturo Luna Silva
Ruperto Leonardo Treviño Musalem, el juez que recibió un soborno por 1.2 millones de pesos -a través de un cheque que él dice que es falso aunque quien se lo entregó, Francisco Bernat Cid, reconoce que es verdadero- no será tocado ni con el pétalo de una rosa.
La mafia que manda en el poder Judicial de Puebla, y que tiene como títere a León Dumit Espinal, decidió cerrar filas en torno al susodicho.
En los próximos días será enviado, en una especie de exilio virtuoso, al distrito judicial de Tehuacán.
Lo van a esconder de los medios y así, van a dar tiempo al tiempo para que la escandalosa historia de corrupción se olvide, y con el olvido prevalezca la impunidad.
Para taparle el ojo al macho, instalarán una comisión especial con el fin de investigar, pero ya se sabe que en este país no hay mejor forma de ocultar un delito que crear precisamente una comisión especial para investigar.
Sin embargo, en los próximos días se hará pública nueva información sobre las peculiares andanzas del juez Treviño.
Información que hará que los mandamás del Tribunal Superior de Justicia piensen dos veces en volver a meter las manos al fuego por él.
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Ahijado político de Rafael Moreno Valle, Inés Saturnino López Ponce, ex presidente municipal de Tecamachalco, enfrenta una denuncia penal que podría poner en serios aprietos al también candidato de la coalición “Compromiso por Puebla” a diputado por el distrito 17.
Se trata de la averiguación previa 305/2010/TECAM por los delitos de encubrimiento, falsedad en declaraciones judiciales y abuso de autoridad.
La querella se deriva de una denuncia presentada por un comerciante de nombre Ulises Soto Rodríguez, víctima de acoso y persecución en los días (de terror) en que Inés Saturnino fungió como alcalde de Tecamachalco.
El caso ha motivado incluso que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abra un expediente, el 11648/09-I.
La mala noticia para el político en busca de fuero no es ésa, sino que dicha denuncia está a punto de consignarse ante un juez con el fin de que éste expida una orden de aprehensión.
Misma orden de aprehensión que podría hacerse una realidad en cualquier momento… de la campaña.
Pobre Moreno Valle: con esos amigos para qué quiere enemigos.
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Y hablando de corrupción, ésta de plano ya se institucionalizó en la Dirección de Vialidad del gobierno del estado de Puebla, hoy bajo el mando del comandante Héctor Guerra.
Un compañero periodista que sufrió un percance automovilístico este fin de semana, fue objeto de un intento de extorsión por parte de los oficiales de esa corporación que tomaron parte del incidente, auténticos delincuentes con uniforme y charola.
Este es su testimonio:
El pasado sábado 10 de abril tuve un percance en la incorporación del periférico y la vía Atlixcáyotl, debido a que una patrulla de seguridad vial se detuvo delante de un taxi, razón por la que no tuve tiempo de reaccionar y ocasioné una colisión a dicho auto, lo que no tuvo consecuencias graves como lesionados o heridos.
El percance se registró aproximadamente a las 11:20 horas del día citado, y no más de cinco minutos después, al lugar llegaron tres patrullas y dos motociclistas para dar fe de lo ocurrido, ello mientras esperábamos el arribo de la aseguradora que ya tenía conocimiento del siniestro y donde me solicitaron mis documentos (licencia y tarjeta de circulación).
Poco después de las 11:30, los oficiales, nos indicaron que debíamos mover las unidades hacia la oficina de Asuntos Periciales ubicada a un costado de la caseta de la vía Atlixcáyotl, para ello, uno de los comandantes encargados de dicha instancia, de nombre Manuel, ingresó a mi vehículo marca Peugeot color rojo con placas TVT 7712, ello para evitar que me diera a la fuga y con la intención de arreglar el incidente con la persona afectada.
Ya en la oficina, sitio en el que me despojaron de las llaves del vehículo, tras unos 40 minutos, al lugar llegó el ajustador de la aseguradora Qualitas de nombre Carlos Eduardo Gutiérrez Nava, que de inmediato llegó a un rápido acuerdo con el chofer del taxi afectado, haciendo entrega de su respectivo pago y pase médico para concluir todo en buenos términos.
Sin embargo, fue hasta el momento de celebrar la firma en la que se me liberaba de toda culpa por parte del taxista, cuando los oficiales, encabezados por el comandante Guadalupe Luis Rosas con número de placa 33089, me hicieron saber que habrían de imponerme una multa por haber infringido tres artículos, mismos que no explicaron, y que además dejarían mi auto en garantía.
Al saber de esta situación, comencé a establecer contacto con compañeros de medios a fin de evitar que mi carro fuera arrastrado por la grúa y encerrado en el “corralón”, siendo Cristina Ortiz, jefa de prensa de Seguridad Vial Estatal, la que hizo favor de atenderme y quien me afirmó que el resguardo del auto no era necesario pues no se trataba de un accidente de gravedad, razón por la que la entrega de la placa, la licencia o la tarjeta de circulación era más que suficiente.
En su momento, el compañero Ehécatl Mello, me hizo saber que el comandante Héctor Guerra ya tenía conocimiento de la situación y que de igual forma el automóvil no tenía por qué quedarse.
En un intento por arreglar pronto la situación, el ajustador de la seguradora que me asesoró, ingresó a la oficina de los comandantes para tratar de entrar en razón, a lo que ambos oficiales no quisieron acceder con el argumento de que yo estaba a la defensiva y algo hostil, cuando yo ni siquiera había cruzado más de dos palabras con ellos, siempre tratando de cooperar.
Fue entonces cuando los comandantes le hicieron saber al ajustador que la multa que tendría yo que cubrir ascendería a poco más de los 2 mil 400 pesos, pero que con el descuento del cincuenta por ciento que se otorga por pronto pago, todo se resolvería con mil 200, mismos que ellos solicitaron para entonces hacer la devolución de documentos (licencia y tarjeta de circulación), así como del vehículo.
Ante esta situación, y mi negativa a entregar dicha cantidad, a sabiendas de que ellos no están facultados para recibir dinero alguno, fue que los oficiales, casi dos horas después del evento en punto de las 13:14 horas, decidieron elaborar la multa que con base en la infracción de los artículos 6, 126 fracción AA y 99, mismos que no especificaron, y que ascendió a un total de mil 525 pesos, más gastos de grúa y piso aun no declarados, pero nada cercano a lo que ellos habían indicado para verse beneficiados.
Con ello, a mi me queda claro que el comandante Guadalupe Luis Rosas lo único que quería era sacar provecho de mi falta de conocimiento de que existiría una multa a pesar de que no hubo cargos en mi contra, pero más que ello, de la infracción a artículos no especificados, pensando en que habría de caer en un acto de corrupción a los que seguramente está acostumbrado.
Al calce, quiero añadir que el auxilio por parte del personal de prensa de Seguridad Vial Estatal al final de cuentas resultó nulo, aclarando que lo único que yo buscaba era que mi vehículo no quedara en garantía, más no que me condonaran la multa.