Arturo Luna Silva
Este miércoles recibí un amplio y detallado informe acerca del ex subsecretario de Egresos del gobierno del estado, David Villa Issa, uno de los hombres más poderosos del pasado sexenio.
Bajo el título de “Consideraciones sobre el desempeño profesional del Licenciado David Villa Issa”, lo retrata de cuerpo entero.
¿Será acaso, junto con el empresario Ricardo Henaine, otro de los grandes candidatos a la piedra de sacrificios del morenovallismo?
Va completo:
David Villa Issa egresado de la UAP de la carrera de Administración Pública. Casado con Claudette Campos Campuzano. Proviene de una familia prestigiada pero a lo largo de su desempeño como servidor público, casi siempre en áreas de administración y recursos financieros, ha tenido un desempeño polémico, usualmente autoritario y, sobre todo, asociado a la corrupción, que incluso lo condujo a la inhabilitación en el servicio público federal. El presente documento describe de manera sucinta su contexto familiar y los casos más notables en donde se ha visto involucrado. No hace alusión a la situación patrimonial personal y familia, ya que la urbanización y venta de cerca de 80 has. de propiedad familiar en una zona de alta plusvalía cuya comercialización inició en el 2003 dificulta distinguir los activos patrimoniales provenientes de otros ingresos no transparentes. Independientemente de que Villa Issa ha tenido la precaución de borrar u obstaculizar , hasta donde ha sido posible, su información personal incluyendo la que se ha subido a la red.
1. Contexto familiar
Es hijo del Señor Manuel Villa López y de la Sra. Sara Bichiara Issa Habib, originaria de Torreón. Su padre fue funcionario en el sector de desarrollo rural por lo que la familia residió en diversas partes de la República. Son 6 hermanos: Ana Emilia, Manuel, Sara, Rodolfo, Luis Alejandro y David.
Manuel Villa Issa se destacó por su formación académica y como diputado federal en la LII Legislatura, Subsecretario de SAGARPA en el gobierno de Miguel de la Madrid y Secretario de Desarrollo Rural con Manuel Bartlett. Luis Alejandro Villa Issa, también con estudios profesionales en Chapingo y en el extranjero, destacó en el área económica laborando en el Banco de México en donde se relacionó, entre otros, con el futuro presidente Ernesto Zedillo, murió trágicamente a finales de los 80. Ana Emilia y Sara también han destacado por su formación. El Doctor Ricardo Villa Issa impulsado por David ha ocupado cargos públicos, sin embargo a diferencia de sus hermanos se ha involucrado con su hermano menor en escándalos de corrupción y conflictos al interior del gobierno.
La familia se vio ampliamente beneficiada con la construcción del periférico ya que atravesó la propiedad familiar de lo que fue el Rancho San José Xilotzingo, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. Recibieron, así no sólo una cuantiosa indemnización sino la plusvalía derivada del proceso de urbanización entre las calles de 16 de septiembre y el Boulevard Valsequillo, en ambos lados del periférico.
De hecho, los hermanos Villa Issa construyeron un pequeño fraccionamiento privado ubicado en Xilotzingo en la mitad del mismo se ubicó parte de la familia y donaron un terreno a Mario Marín Torres cuando este fue presidente del PRI en donde ubicó su residencia. El arribo de Marín a la Presidencia Municipal facilitó la urbanización y la construcción de accesos y la posterior venta de parte de los terrenos, así como la construcción de fraccionamientos a cargo de la propia familia.
2. Subdelegado de la SPP
En 1989-1992 David Villa Issa fue propuesto por su hermano Luis al Secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo como delegado de la SPP en Puebla. Zedillo optó por nombrar a un compañero suyo, Nestor Martínez, como Delegado y a David Villa Issa como Subdelegado. Villa Issa había iniciado su carrera profesional en el gobierno de Piña Olaya y se desempeñaba muy cerca del asesor del gobernador quien para efectos prácticos ocupaba el cargo de vicegobernador Alberto Jiménez Morales.
Desde la subdelegación fue el puente con el gobierno del estado para promover diversas obras y la contratación de empresas constructoras. Al inicio del Programa Solidaridad Villa Issa y Jiménez Morales intentaron el control del programa que no fue cedido por el entonces director de Desarrollo Regional Luis Donaldo Colosio. También se iniciaron los estudios para la reserva Atlixcáyotl asunto que entonces era competencia de la Sedesol. Lo anterior originó un conflicto entre la Sedesol y el gobierno de Puebla que fue alentado por Villa Issa, al proporcionar al gobierno del estado información confidencial, incluso copia de los reportes que la delegación formulada sobre el desempeño del gobierno del estado y los levantamientos topográficos de los terrenos que incluiría la reserva, incluyendo los de su familia.
Al salir Ernesto Zedillo de la SPP Luis Donaldo Colosio remueve al Delegado y al Subdelegado nombrando a Alejandro Villar Borja quien documenta irregularidades quedando sólo en sanciones administrativas especialmente para el ex subdelegado Villa Issa.
3. Delegado del INI
No obstante, con el apoyo del gobierno del estado David Villa Issa se ubica como delegado del INI dedicando, la mayor parte de su tiempo, a administrar los fondos regionales y los módulos de maquinaria que fueron proporcionados a las zonas indígenas. Es aquí donde comete sus primeros actos de corrupción significativos al utilizar los módulos de maquinaria para obras privadas en contubernio con el gobierno del estado. Las investigaciones de la contraloría conducen a su inhabilitación en el servicio público federal.
4. Subsecretario de la SCT
David Villa Issa se refugia entonces, recomendado por su hermano Manuel, en el gobierno de Manuel Bartlett quien, no obstante la inhabilitación federal, lo nombra Subsecretario de la recién creada SCT para investigar y depurar las concesiones de transporte que habían sido sujetas a investigación por la corrupción y omisiones detectadas durante la gestión del anterior responsable René Meza Cabrera. Dada su antigua relación con el gobierno de Piña Olaya, a través de Jiménez Morales, las indagaciones no tuvieron consecuencias. Villa Issa más bien se benefició de la ratificación y autorización de concesiones ya que se mantuvieron los intermediarios del anterior gobierno y apoyado por José Luis Kraycusky, desde entonces cercano colaborador. El Gobernador Bartlett lo quitó de la Subsecretaría y lo envió como coordinador administrativo al Comité Directivo Estatal presidido entonces por Mario Marín Torres. Durante la campaña a Presidente Municipal Manuel, David y Ricardo Villa Issa jugaron un papel importante incluyendo el financiamiento directo, dado que contaban con liquidez de las primeras operaciones inmobiliarias.
5. Tesorero del Ayuntamiento de Puebla
En tal situación David Villa Issa es nombrado Tesorero del municipio y junto con José Luis Kraycusky operan, de manera directa, el control de adquisiciones y de flujo de efectivo. En el 2000 funda la empresa Vissa Car en una fracción de 13 mil metros cuadrados ubicado en el número 3 de la calle San Rafael esquina con Xilotzingo, que empieza a dar servicio a los vehículos de la policía municipal y del ayuntamiento. Además, establece un control estricto de los ingresos y de la asignación del presupuesto. Lo fundamental de este periodo es que se consolida como el operador financiero de Marín Torres y, sobre todo, logra del Ayuntamiento la construcción de accesos y la urbanización hacia los terrenos propiedad de su familia que ya con el periférico construido elevan su plusvalía de manera estimada en un 500 por ciento. En este periodo aprovecha su relación con Jorge Estefan Chidiac, quien fue Subsecretario en 1999-2000, para resolver la inhabilitación que tenía vigente por SECODAM federal, al grado que a la fecha no existen registros de la misma.
6. Subdelegado del IMSS en Veracruz
En el 2003 Jorge Estefan Chidiac es nombrado Director Regional Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, cargo que le permite nombrar a David Villa Issa como Subdelegado de Administración de la Delegación del IMSS en el estado de Veracruz que estaba a cargo del Dr. Roberto Morales Flores.
Jorge Estefan Chidiac, a través de uno de sus colaboradores José Antonio Fernández Brito y del propio Villa Issa, intenta influir en la asignación de contratos de seguridad, adquisiciones y obra de la Delegación de Veracruz, encontrando resistencia del Dr. Morales Flores quien somete a Villa Issa y establece un seguimiento riguroso sobre sus acciones. La situación se vuelve compleja al grado que el Delegado Morales Flores solicita a la Dirección General de remoción de Villa Issa generándose un distanciamiento acentuado con el Director Regional . Pese a la resistencia de Morales Flores Jorge Estefan y Villa Issa logran imponer contratos y cobrar comisiones cuantiosas, que les permiten adquirir terrenos en Boca del Río.
Villa Issa renuncia en 2005 y se incorpora a la campaña de Mario Marín y después al equipo de transición como avanzada de Jorge Estefan quien, en principio, había sido perfilado como Secretario de Finanzas. Durante la campaña la dupla Estefan-Villa Issa asumen la tarea de recabar fondos y fortalecer vínculos con empresarios.
Después de la elección Villa Issa asume el papel rector en el proceso de entrega-recepción y Estefan asesora desde fuera el proceso ya que renuncia hasta diciembre de ese año. Ambos intentan obstaculizar el arribo de Roberto Morales Flores como Secretario de Salud y le proponen al gobernador electo el nombramiento del Dr. Alfredo Arango, con quien mantenían desde entonces vínculos y negocios comunes.
7. Subsecretario de Finanzas en el gobierno de Puebla
En la integración del gabinete, finalmente, Jorge Estefan es nombrado Secretario de Desarrollo Social, Gerardo Pérez Salazar Secretario de Finanzas, David Villa Issa Subsecretario de Finanzas, Roberto Morales Flores Secretario de Salud, Ricardo Villa Issa Subsecretario de Salud y Alfredo Arango Director del ISSSTEP. El grupo se propuso el control de las áreas de salud para desde ahí usufructuar el presupuesto.
Desde el principio de la administración el Secretario de Finanzas Pérez Salazar asume más bien una posición formal y el manejo de las inversiones financieras y de la política de ingresos apoyado por el Subsecretario del Ramo Juan Alberto Armendáriz Martínez. En tanto que David Villa Issa prácticamente toma el control de la Secretaría, avalado por el Gobernador, quien ordena al Subsecretario de Administración Jorge Mendoza la estrecha coordinación con Villa Issa. Además, impone prácticamente a todos los directores de administración de las dependencias, incluyendo al Congreso del Estado y al Instituto Estatal Electoral. Entre los hechos relevantes vinculados a la corrupción de Villa Issa desde la Subsecretaría de Finanzas destacan:
a) Control administrativo y financiero de la SSA y del ISSSTEP
Además de la rivalidad existente entre Villa Issa y el Dr. Morales Flores, surge como tema de conflicto el control de las decisiones financieras y administrativas sobre estas dos dependencias.
La confusión y el desorden provocado por los Villa Isa muestra claramente que el carácter vengativo y la ambición del Subsecretario de Finanzas no tiene límite, así se afecte un servicio público vital como el de salud.
Villa Issa, con el apoyo de su hermano el Dr. Ricardo, inició una campaña de desgaste en contra del Secretario de Salud hasta que lograron su destitución.
El secretario Morales Flores perdió el control de la dependencia desde el 2007 lo que acrecentó los problemas financieros y administrativos: estrangulamiento financiero; escasez en el cuadro básico de medicamentos en todas las clínicas y hospitales; incapacidad operativa para administrar los pocos recursos económicos y materiales; discreción en el ejercicio de algunas partidas económicas; irregularidades en la ejecución de programas y pagos inoportunos y deficientes de salarios de médicos, enfermeras y personal de los centros de Salud.
A principios del 2007 Marín nombró, de manera directa, a Alejandro Del Castillo, con antecedentes de corrupción en el gobierno de Bartlett, como Coordinador General de Administración y Finanzas. Del Castillo arribó con poderes plenos para poner orden, pero no tuvo el apoyo de Villa Issa y también incurrió en corrupción.
En agosto del 2007 Roberto Morales Flores perdió el control de la dependencia. Villa Issa, finalmente, logró dos movimientos vitales autorizados por el gobernador en las direcciones más importantes de la dependencia: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.
En la primera, el Subsecretario Ricardo Villa Issa, nombró a su personal de confianza, cuando fue Subdirector del ISSSTEP: Martha Vargas González como jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, mientras que a Román de Ita lo nombró subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.
Algo similar ocurrió con el Seguro Popular, Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, nombrados por Morales Flores renunciaron y se incorporó Sandra González de Ita.
Respecto a la Coordinación General de Administración y Finanzas, salió Alejandro del Castillo Ávila y fue ejercida, desde la Secretaría de Finanzas, por el subsecretario de Egresos Villa Issa, a través de la dirección de Operación e Infraestructura, en la que fue nombrado Marco Leopoldo Eusa Dobbie.
En la Dirección de Administración y Finanzas con la sustitución José Luis Palafox Krayevsky, afín a Villa Issa pero que ya se había desgastado, y el arribo de Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.
El Dr. Morales Flores dejó de ser recibido por el Gobernador y presentó 3 veces su renuncia que, finalmente, se consumó el 15 de julio del 2008. El 21 de ese mes presentó denuncias, ante las secretarías de Gobernación y de la Contraloría, de corrupción de sus ex colaboradores, principalmente de Ricardo Villa Issa y David Villa Issa respecto de las compras de los productos médicos, así como por el usufructo de decisiones administrativas, financieras y de la operación de la dependencia. Trascendió que el Gobernador se comprometió a depurar la dependencia, en tanto que los medios dieron por hecho el nombramiento de Ricardo Villa Issa o Alfredo Arango como secretarios de Salud. Finalmente, Marín nombro al Dr. Antonio Marín y López, Ricardo Villa Issa regresó a la subdirección del ISSSTE, pero el resto de la dependencia siguió siendo controlada por David Villa Issa hasta que, finalmente, el 16 de julio del 2009 logró la destitución de Marín López y la imposición del Dr. Alfredo Arango como Secretario. A Arango lo sustituyó Lauro Sánchez, coordinador de asesores del Gobernador, quien al ser nominado a Diputado Local dejó el cargo al Dr. Ricardo Villa Issa.
En este lapso, desde la secretaría de Finanzas, se filtró información sobre las auditorias del órgano de fiscalización superior del Congreso de la Unión, sobre la administración de los recursos del seguro popular atribuyendo irregularidades al ex secretario Morales Flores. La realidad es que los problemas habían sido generados por sus subordinados y, además, Villa Issa, responsable de presentar la información de la cuenta pública, había inducido las responsabilidades hacia Morales Flores.
En realidad lo que estuvo en juego en este conflicto fue el control de las adquisiciones y de los cuantiosos contratos de servicios de la Secretaría de Salubridad que, finalmente, quedaron en manos de David y Ricardo Villa Issa, Alfredo Arango y Jorge Estefan como asociado externo. Desde luego, no se descarta que estén involucrados intereses directos del propio gobernador dado que, no obstante, los últimos cambios, las asignaciones previamente decididas de las licitaciones siguen la misma modalidad hasta diciembre del 2010 y en las que propiamente se configuran un proceso de extorsión a más de 80 proveedores.
b) Servicios de la empresa Vissa Car al gobierno del estado
Como ya se dijo, desde el 2000, David Villa Issa fundó esta empresa en uno de los predios que heredó de su familia en Xilotzingo. Las dependencias gradualmente fueron inducidas a enviar a servicio a sus vehículos al taller de Villa Issa. En el 2007 hubo una primera denuncia a la que en principio adució que se había alejado de la administración y que ésta estaba a cargo de Juan Rosendo Tapia Flores quien no apareció. Finalmente, se presentó la Sra. Claudette Campus Campuzano, esposa del Subsecretario, como administradora argumentando Villa Issa, en carta publica a los medios, que los servicios prestados al gobierno del estado no estaban en contra de la ley dado que ya lo hacia antes de haber tomado el cargo de Subsecretario de Finanzas.
Pese a la evidente contradicción Vissa Car continúa prestando servicios, incluso en este mes de enero. Informantes de la Secretaría de Finanzas estiman que a la fecha Vissa Car ha facturado, durante los 6 años, más de 100 millones de pesos ya que de julio a diciembre Villa Issa puso en práctica un programa de registro de todos los vehículos oficiales incluyendo más de 400 que estaban comisionados para ser reparados en Vissa Car y entregados en buenas condiciones a la nueva administración.
C)Extorsión a Raúl Hernández García Diego
El 16 de Noviembre de 2010 el ganador IMx Raúl Hernández Garciadiego acusó al subsecretario de finanzas de retener fondos públicos ante el fallido intento de corrupción. Al calificar al subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), David Villa Issa, como un funcionario “nefasto”; el director general de Alternativas y Procesos de Participación Social (Alternativas), ganador del Programa Iniciativa México (Imx) 2010, narró el acto de corrupción y soborno de que fue víctima al intentar cobrar el cheque que, por la cantidad de 8 millones de pesos, fue autorizado por el Gobierno de Melquíades Morales para la realización de diferentes acciones y obras de regeneración hidroagroecológica en la mixteca poblana.
Reiteró que dicha suma nunca se liberó, a pesar de haber entregado el recibo del donativo correspondiente, mismo que no fue devuelto. Cuando se consultó a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sobre el destino y registro del cheque, la respuesta fue que “era información reservada”.
El tiempo transcurrió y el pago no se hizo, ni tampoco se encontró respuesta en ninguna de las instancias estatales a las que se acudió en busca de una explicación. Sin embargo declaró García Diego: “se acercó de repente a mí una persona que se presentó como allegada a Villa Issa, se identificó como funcionario de la SFA, y me dijo: ya tuve oportunidad de revisar su expediente, ya vimos que todo está en orden, ya el cheque está listo en la oficina de Villa Issa, lo único que falta es que usted contribuya con el 20 por ciento para liberar el pago, a lo que respondí que nunca habíamos dado una mordida y no íbamos a empezar ahora, entonces su respuesta fue: yo lo admiro, yo lo aplaudo, pero que tenga usted buena suerte con su cobranza”, relató Hernández García diego.
La declaración de García Diego asienta que fue el 19 de mayo de 2005 cuando se recibió la última llamada en que todavía se hacía una promesa de pago, luego de lo cual, el día 23 de mayo del mismo año, en un evento público de educación ambiental desarrollado en la ciudad de Puebla, se hizo una manifestación donde se exigió el pago al primer mandatario poblano. Ahí, el entonces subsecretario de gobernación, Joe Hernández Corona, hizo la promesa de pagar en una semana. Esto luego de que se eludieron las respuestas y de que ya se les había dicho que tenían que dar “mordida”, lo que –precisó- hizo que un asunto privado o particular se convirtiera en público.
¿Dónde quedó el cheque y el dinero liberado?, ¿qué hicieron con el recibo deducible de impuestos y auditado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ampara que se hizo efectivo el cobro por 8 millones de pesos?, cuestionó: “Si unos dicen que ya se pagó ¿a quién se pagó?, y si no se pagó y se canceló porque no nos quisieron regresar el recibo de donativo?”. Esto, una vez que no solo se negaron a pagar y a devolver el recibo de donativo, sino también a proporcionar la información correspondiente
“De todo esto se tiene un expediente completito, son cajas y cajas y más cajas, pero no lo vamos a sacar ahora, porque ya vimos que las mismas autoridades se están protegiendo”, afirmó.
Añadió que “no tiene sentido iniciar ahora un procedimiento ante autoridades que están demostrando su no intención de resarcir una injusticia y su deseo de cubrirse unos a otros, agrediéndonos a nosotros y a la ciudadanía, estilo que ha sido el dominante a lo largo del actual sexenio”.
“A mí me parece muy raro y como muestra de culpa está la Contraloría del Estado que recibió la queja y en lugar de investigar la denuncia, optó por investigar al denunciante, es decir, no atacó la injusticia, sino a quien hizo notar la injusticia, no corrigió el abuso, sino a quien denunció”.
“En estos 30 años no hemos dejado que nos corrompan el espíritu, así que nosotros no tememos nada, no tenemos miedo a ningún intento de nadie”, expresó el entrevistado, al indicar que “si en los últimos cinco años el gobierno estatal hubiera apoyado, seguramente se habrían podido atraer más recursos, en vez de desgastarse tratando de recuperar lo ya invertido”. Reiteró que la falta de apoyo en cualquier orden de gobierno frena el ímpetu del proceso de desarrollo social, en detrimento de los pueblos campesinos e indígenas marginados.
Respecto a si ha puesto o interpondrá denuncias penales por la falta de apoyo u obstaculización de proyectos, puntualizó: “yo soy muy gandhiano y Mahatma Gandhi dejó siempre muy claro que las cosas deben demostrarse con la fuerza de la verdad, no con la fuerza de los tribunales o de la coerción (…), por eso estoy convencido de que solo la fuerza de la verdad es la que libera a las personas, a las sociedades y a los países”.
“No tengo ningún interés en demandar, en embarrarme y seguir desgastándome en cuestiones de tribunales, sino en usar nuestra energía y nuestro tiempo que es lo más escaso que tenemos, en construir bienestar social para los pueblos más pobres”.
“La basura de este gobierno ya quedó bien expuesta, creo que no hay más que añadir, será con el próximo gobierno estatal (presidido por Rafael Moreno Valle Rosas), con el que nos acerquemos y le entreguemos copia de toda la documentación para que funcionarios no involucrados en estos actos de corrupción puedan emitir su dictamen y den su opinión objetiva al respecto”,
Villa Issa contesto en conferencia de prensa que no entregó el cheque por qué la agrupación “Alternativas y procesos de participación social A.C”, no aportó información sobre la aplicación de 4.75 millones de pesos como parte de las aportaciones efectuadas por el gobierno del estado en los años 2002 y 2003, mismos que ascendieron a 16.07 millones.
Afirmó que fue la agrupación la que no recogió el cheque de fecha 18 de octubre de 2004: “se detectó la existencia de un cheque por 8.00 mdp con fecha 18 de octubre de 2004, a nombre de la citada asociación, por lo que resultó extraño que la asociación no hubiese recogido dicho documento”.
No obstante, líneas abajo apunta que Hernández Garciadiego sí había requerido el pago: “ante las peticiones de pago que realizaba el doctor Garciadiego para que se liberaran los 8.00 MDP del contrato de 2004 se solicitó la intervención de la Sedecap”.
En una carta dirigida al presidente de Síntesis, Armando Prida Huerta, el funcionario estatal aclaró que tras solicitar la intervención de la Sedecap, para determinar si era procedente la liberación de recursos solicitada por el hoy ganador de iniciativa México, se determinó que la agrupación sólo reportó la aplicación de recursos por 11.31 millones de pesos.
Villa Issa dijo que: “no se ejecutaron todas las obras y acciones pactadas. La asociación no presentó información veraz y confiable de las aportaciones de los beneficiarios, por lo que la aplicación antes citada se desprende que el costo de las obras NO ES REAL en razón que no se refleja el monto aportado por los beneficiarios.”
Los tres contratos de donación a título oneroso con Alternativas en los años 2002, 2003, y 2004, fueron de 8.07, 8.00 y 8.00 millones de pesos, respectivamente, para la realización de obras y acciones de infraestructura hidráulica. El carácter falaz de Villa Issa quedó en evidencia cuando declaró que: “la asociación civil de Hernández Garciadiego es un “negocio familiar (…) que da sustento particularmente a las familias Garciadiego (4 miembros) y Herrerías (dos miembros), siendo de destacar que el doctor Raúl Hernández Garciadiego, funge como director general y secretario del Consejo Directivo y el ingeniero Pablo Hernández Garciadiego como tesorero de la asociación”.
Villa Issa ponía así en entredicho el prestigio de Iniciativa México.
Importa el tema de García Diego, no sólo por su repercusión nacional; sino más bien porque es un prototipo de la actuación de Villa Issa: todos los adeudos que dejo pendientes la administración de Melquíades fueron, aún estando los cheques elaborados, como fue el caso; fueron motivo de escrutinio y la mayoría de ellos de extorsión.
Además, como veremos más adelante, Villa Issa integró expedientes sobre temas específicos como el del hoyo financiero.
d) Deuda y Recursos extraordinarios autorizados por la SHCP
La deuda pública del estado o con aval de este y los municipios se ubicó, según cifras de la SHCP al cierre de junio del 2010 en 6 mil 570 millones de pesos, monto que todavía no considera los 2 mil 370 millones de pesos que la administración marinista ya utilizó de la línea de crédito que le autorizó el Congreso del Estado por 2 mil 500 millones de pesos. Con esos datos se espera el reporte de la SHCP eleve a 8 mil 940 millones el monto de la deuda estatal y, si no cambian los números, para finales de este año en el registro se superen los 9 mil millones de pesos, triplicando así el débito estatal con el que se inició el sexenio marinista. Además habría que agregar otros pasivos contingentes como los del Fideicomiso Atlixcáyotl y la deuda con la SHCP por concepto del ISR retenido cuya solución no está totalmente aclarada.
De acuerdo con la documentación de la Secretaría de Hacienda, el actual sexenio arrancó con una deuda heredada de la administración precedente de 3 mil 12 millones de pesos, de los cuales el débito neto estatal era de cero pesos.
Cinco años y medio después el estado tiene ya una deuda neta de registrada de 6 mil 570 millones de pesos, de los cuales 3 mil 350 están escriturados directamente a nombre del gobierno del estado, 2 mil 413 corresponden a organismo estatales y operadoras de agua y 806 provienen de los municipios poblanos.
Ello sin contar, como ya se apuntó la línea de crédito contratada con BBVA Bancomer.
El problema no es sólo el monto de la deuda, sino la impresión pública de corrupción que se ha dado al tratar de ocultar la información. El gobierno contrato y ejercicio inmediatamente después del 4 de julio 2,350 millones pesos. En principio, esta información fue negada tanto por el secretario de gobernación Valentín Meneses como por el secretario de Finanzas Gerardo Pérez Salazar.
Sin embargo, el equipo de transición obtuvo la información de Bancomer y acusó a través del Diputado José Luis Janeiro que el recurso ya se había ejercido comprometiendo la capacidad financiera del Estado.
El subsecretario David Villa Issa, respondió al diputado panista afirmando que sus declaraciones de no corresponden a la verdad y que no sólo no está comprometido el futuro económico del estado, sino que las empresas calificadoras reconocen el manejo responsable de la deuda pública estatal.
Dijo que de acuerdo a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que se realizan en los últimos días de cada mes, la SHCP publica los recursos que del Fondo General de Participaciones le corresponden al Estado, de las que se observa una reducción sustancial en los últimos tres meses de 450.6 mdp con respecto a lo programado y autorizado para Puebla en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, por lo que fue necesario contratar el crédito.
“En ningún momento, el Dip. Janeiro ha solicitado información a las instancias autorizadas del Gobierno del Estado para conocer el estado que guarda la autorización otorgada por el H. Congreso del Estado para contratar financiamiento para inversión pública productiva hasta por 2,500 mdp y que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de diciembre de 2009 y es oportuno aclarar que existe una gran diferencia entre firmar un contrato de crédito a disponer de los recursos del mismo”, explicó.
Añadió que: “cuando un funcionario de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ofreció una conferencia de prensa en el mes de junio, en efecto no se había dispuesto de los recursos del crédito, sino posteriormente, situación que se informa a la sociedad y se publica en los tiempos legales establecidos y no al gusto del señor José Manuel Janeiro.”
Villa Issa señaló que, sin embargo, en anteriores ocasiones cuando el Dip. Janeiro se ha tomado la molestia de presentar solicitudes a la SFA, lo ha hecho violentando el marco legal aplicable que se señala en el artículo 54 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado (están a disposición las pruebas correspondientes), “por lo que en vez de denostar públicamente a los funcionarios de la SFA, demuestra su incapacidad porque con ello distorsiona la información y engaña a la ciudadanía”.
El funcionario recordó que la SFA da a conocer periódicamente, a través de los medios que se establecen en diversos ordenamientos legales, la información relativa a las Participaciones de los Municipios, el Estado de la Deuda, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y cada trimestre la aplicación de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, independientemente de publicarla en su portal en Internet, por lo que bastaría que el Dip. Janeiro consulte los portales en Internet de transparencia de la Secretaría de Finanzas (www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx) y de la Secretaría de Hacienda (www.shcp.gob.mx) para tener acceso a la información que despejaría su desconocimiento.
Finalmente, reconoció que del crédito autorizado ya se habían ejercido 2,370 mdp, de la siguiente forma:
Villa Issa agregó que: “Es decir, que los créditos contratados por el Estado no comprometen el futuro financiero de éste, ya que de los ingresos propios que incluye: recaudación local, participaciones, incentivos y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; el pago de la deuda representa el 1.6% y para la próxima administración representará del 2.3% hasta el 2.5% de los ingresos propios”.
Finalmente, declaró que el gobierno del estado, independientemente de la disminución de las Participaciones antes mencionado, no podía detener el crecimiento de la entidad por una postura política de un diputado local. “Exhortamos al Dip. Janeiro, a que como en otras ocasiones de forma reiterada la SFA le ha manifestado que si desea asesoría y capacitación para no confundir a la ciudadanía, acuda a esta dependencia”.
La realidad es que Villa Issa presionó la contratación y ejercicio del crédito por dos razones: para cubrir huecos presupuestales surgidos en la campaña y por la comisión que obtuvo en la contratación del crédito en condiciones desfavorables.
De ahí que el Gobernador electo presionó a Marín para que la actual legislatura aprobará un nuevo crédito por 2,500 millones de pesos que deberá de sostener la operación del gobierno en el primer año de ejercicio .
Respecto de los fondos extraordinarios obtenidos por el gobierno del estado de la Secretaría de Hacienda, especialmente en los ejercicios 2000, 2001, 2003 y aún 2004, cabe destacar que la presencia de Jorge Estefan Chidiac, como Presiente de la comisión de Hacienda y Crédito Público y amigo incondicional, le dio un alto poder de negociación con el Secretario Cartens; obteniendo cada año recursos extraordinarios, tal y como lo hizo con el apoyo de Emilio Gamboa para otros estados de la República. Lo anterior a cambio de respaldar las propuestas del gobierno federal y convencer a los gobernadores y a los diputados del PRI.
Entre la propia bancada del PRI se denunció que podría haber el pago de comisiones por las negociaciones de estos recursos. Así lo denunció en una reunión interna de diputados y senadores el hoy gobernador de Querétaro José Calzada Rovirosa, quien señaló directamente al Diputado Jorge Estefan.
Por su parte en Puebla el Senador Humberto Aguilar Coronado señaló posible tráfico de influencias en la autorización de partidas y proyectos extraordinarios aprobados a los estados.
Lo cierto es que para el estado y el municipio de Puebla el Diputado Estefan Chidiac negoció, durante estos años, cerca de 4 mil 500 millones de pesos que fueron operados y administrados por el Subsecretario Villa Issa incluyendo a cambio, operaciones como la renta del inmueble denominado “La Plaza Paris” a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado, la concesión del depósito de los fondos a bancos específicos y la transferencia directa de recursos.
e) Robo de 37millones de pesos en efectivo
El 9 de abril de 2010 un comando robó dinero en efectivo que estaba en circulación en la Secretaría de Finanzas, durante el cual murió un policía. El monto no fue determinado sino hasta que el Secretario de Gobernación declaró que la cifra definitiva era de 37 millones de pesos. Informantes de la Secretaría de Finanzas estimaron la cifra de 46 millones pesos. En principio, se estableció que el dinero había sido recaudado y que sería depositado en bancos. Después, la versión oficial estableció que el dinero recibido sería usado para la aplicación de programas sociales, de medio ambiente así como para el pago de maestros y algunos otros funcionarios públicos.
De los recursos que fueron sustraídos se recuperaron alrededor de 11. El gobierno señaló que contaba con un seguro que podría resarcir todo el daño provocado a las arcas del estado, pero no se usaría sin antes recuperar el dinero de manos de los delincuentes.
De acuerdo con las averiguaciones previas 45/2010/EH por el delito de robo y 882/2010 /DMS por homicidio calificado, Abdiel García Solís cuñado de Félix Gonzalo Carreón Rodríguez, coordinador regional de operaciones de la empresa de seguridad privada Lock –formalmente preso en el Centro de Readaptación Social de San Miguel por su participación en los hechos– confesó haber participado en el atraco a la SFA y haber matado al policía estatal con la intención de no ser identificado.
Además, García Solís declaró que el pasado 25 de marzo se reunió con Federico Palacios Pérez para acordar su participación en el robo millonario, por lo que recibirían como pago la cantidad de un millón de pesos.
Asimismo, reveló que solicitaron la intervención del custodio Reinaldo Niño Flores, quien en caso de que “las cosas salieran mal”, entregaría a la familia el dinero que fue “enterrado” en un puente en las inmediaciones del municipio de Apizaco en el estado de Tlaxcala.
Los procesos judiciales de Abdiel García y Niño Flores se suman a los establecidos contra Félix Gonzalo Carreón Rodríguez y el autor intelectual del asalto a la SFA, Raúl Peñaflor Velasco, quienes fungían como coordinador de operaciones y director de operaciones y comercialización de la empresa de seguridad privada Lock.
Meses después fueron algunos de los detenidos fueron liberados, sin que a la fecha se haya recuperado el recurso.
En todo caso, hubo dudas sobre el manejo en efectivo de estos recursos; más aún cuando el gobierno del estado opera la mayoría de sus pagos a través del sistema bancario.
Lo que en ese momento trascendió fue que Villa Issa se opuso a que los recursos transferidos a la campaña de López Zavala se siguieran manejando a través del Programa Unidos para Progresar de la Sedesol del estado, ya que investigó y comprobó que sólo una tercer parte estaba llegando a la campaña. De ahí que obtuvo la autorización para que a través de el se manejara el efectivo.
Después del robo se volvió al sistema establecido de operar el apoyo electoral a través de la Sedesol.
Lo anterior llevo a la coordinadora de los diputados locales del PAN, Leonor Popócalt Gutiérrez, ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) a presentar una denuncia administrativa en contra del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Gerardo Pérez Salazar, por el robo de los 37 millones de pesos efectuado hace unos días.
En este sentido, indicó que la denuncia presentada en contra del funcionario es por “omisión”, pues reiteró que es imposible haber tenido 37 millones de pesos en una dependencia estatal.
Asimismo, informó que la querella también fue promovida contra del subsecretario de Egresos, David Villa Issa; el coordinador general de Programación y Presupuesto, Mario Guillermo Montenegro y el director de Tesorería, Ernesto Alfredo García.
Algunos de los detenidos ya fueron liberados y no existe claridad ni información sobre el uso de los recursos en efectivo y quienes dieron la información para que se perpetrará el robo.
f) Revocación de concesión a empresa de seguros
El Gobierno del Estado ha contratado diversas empresas aseguradoras para: seguro de vida del personal; robo y accidentes e vehículos; protección contra robo; siniestros y desastres naturales, entre otros. Entre de ellas destacan Met Life, Zurich, ABA, Ing Comercial América y Lloyd.
Las negociaciones se reparten entre el Secretario Pérez Salazar y los Subsecretarios Mendoza y Villa Issa. La participación solicitada por los funcionarios se da en dos momentos: la contratación de los seguros, tasada en un 10 % de la prima y las negociaciones respecto de las valuaciones de daños y términos de pago, en el caso de siniestros o accidentes. El modus operando establecido supone que sino hay acuerdo sobre la valoración de daños el gobierno procede a rescindir los contratos. Los tres funcionarios actúan de manera concertada, provocando que empresas como Lloyd y Zurih hallan tenido que depositar hasta 1.5 millones de pesos en cuentas preestablecidas para que sean recontratados sus servicios.
Así por ejemplo la aseguradora Lloyd cubrió el riesgo del Huracán Dean y entro en disputa con el gobierno que reclamo un daño por 30 millones de dólares. Después de la disputa el gobierno contrato un nuevo seguro por contrató por 10 mdd, aunque cuando se tenía el adeudo de 15 mdd.
8. Conclusiones
De los hechos descritos se deduce que el Subsecretario David Villa Issa ha actuado de manera arbitraria y buscando siempre el provecho personal sin importar la afectación a las instituciones públicas. Destaca también su asociación con otros servidores públicos en el propósito de controlar áreas estratégicas en el manejo de recursos financieros y adjudicación de contratos para adquisición de bienes, prestación de servicios y renta y compra de terrenos e inmuebles.
La plusvalía del periférico y las obras de urbanización, primero del ayuntamiento y después del gobierno del estado a cargo de Mario Marín Torres, elevaron considerablemente, la plusvalía de las propiedades de la familia Villa Issa.
Además, David Villa Issa se ha visto beneficiado por contrato de servicios de Vissa Car superiores a los 100 millones de pesos y no está cuantificado aún el provecho obtenido por las acciones aquí descritas.
En la campaña electoral Villa Issa integró, de manera acuciosa, un expediente para documentar supuestas responsabilidad del entonces candidato RMV en el llamado hoyo financiero, así como en el pago de servicios a la fundación Academia Metropolitana presidida por Luis Maldonado Villegas, especialmente lo relativo a un contrato por más de 20 millones de pesos para evaluar el desempeño de la Secretaría de Educación Pública del estado.
Con estos documentos y otros expedientes integrados pretende blindarse en el caso de que sea sujeto de investigaciones. Lo mismo podría hacer públicos pagos a periodistas y medios de comunicación que a legisladores y miembros de la oposición.
A su vez, el nuevo gobierno tendrá muchos elementos para investigar y fincar responsabilidades a este grupo de funcionarios que, ahora con un patrimonio multiplicado de manera mal habida, se apresta a incorporarse al equipo de Enrique Peña Nieto para volver a colocarse y seguir usufructuando al erario público.
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