Negocio redondo

Que ante la indecisión del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, a quien sin duda le tembló la mano para cesar al inefable Aldo Enrique Cruz Pérez, tuvo que ser el jefe del gabinete, Fernando Manzanilla, quien este martes diera la orden (“Para ayer, señor secretario”) de –digamos- prescindir del tristemente célebre director general de los Centros de Readaptación Social del estado, acusado de homofobia por la CDHE e involucrado en el ya conocido escándalo de la venta de preliberaciones a reos de alta peligrosidad por parte de un primo del ex gobernador Mario Marín Torres.

Mientras el pasado lunes Ardelio Vargas todavía titubeaba cuando decía que Cruz Pérez debía someterse a un curso de capacitación en derechos humanos y cumplir con la recomendación de la CDHE, para entonces evaluar su continuidad o no en el cargo, Manzanilla le daba la vuelta y ya operaba el nombramiento del sucesor de Cruz Pérez en la importante Dirección de Ceresos, es decir, Roberto Olivera Mojica.

Por cierto, las fuentes que la tarde-noche de ayer adelantaron a Puebla On Line el cese de “monseñor” Cruz Pérez y el nombre de su sucesor también aseguraron que el primero tendrá que responder en su momento por algunos casos de corrupción que se han detectado principalmente en San Miguel, el penal más poblado del estado, empezando por el de las famosas preliberaciones comercializadas cual venta de garaje y con todo cinismo por Indalecio Cuesta Torres, primo de Marín Torres y ex director de Ejecución de Sentencias.

Los enterados juran que Cruz Pérez no fue ajeno a los tejes y manejes que se daban en los 21 Ceresos del estado, donde a los presos con posibilidades económicas y que quisieran recobrar su libertad, se les cobraban hasta 30 mil pesos por año de sentencia, es decir, si un reo tenía 20 años de condena debía pagar la “módica” cantidad de 600 mil pesos.

Si es que fueron sólo 30 (como reveló el periodista Rodolfo Ruiz) los que así pusieron fin a su encierro, Indalecio Cuesta Torres y sus cómplices se habrían llevado ¡18 millones de pesos!, libres de polvo y paja.

¿Pero y si los beneficiados fueron más de 30?

Pues negocio redondo.

Sí, re-don-do.

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Hablando de transas y otras cosas chuecas: cuentan que algo raro está pasando en el Inegi Puebla, pues desde el 27 de agosto de 2010 varios empleados del Departamento de Geodesia y Levantamiento Catastral de la Coordinación Estatal interpusieron una denuncia ante el Lic. Alonso Araoz de la Torre, titular de Quejas y Responsabilidades de la Contraloría Interna, misma denuncia que quedó asentada bajo el expediente DE-185/2010.

La querella fue presentada contra el Ing. J. Porfirio Salazar Hernández, jefe del Departamento citado, por prepotencia, amenazas y malos tratos al personal a su cargo, así como por presuntos malos manejos de los recursos del Inegi bajo su responsabilidad.

De hecho, en el transcurso de la investigación, el personal de la Contraloría Interna ha encontrado evidencias que relacionan a varios funcionarios, por lo que incluso les retuvieron las computadoras que tienen bajo su resguardo, incluyendo al propio coordinador estatal.

Sí, algo huele mal, muy mal en el Inegi Puebla.

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El que se lanzó duro y a la cabeza contra José Juan Espinosa fue el diputado y coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mario Riestra, durante la presentación del proyecto de Agenda Legislativa, acto apoyado por 40 de 41 legisladores y saboteado sólo precisamente por el representante del Partido Convergencia.

Tras destacar que no siempre será posible lograr la unanimidad, dijo Riestra, literalmente:

“Sin embargo, esta legislatura tampoco será rehén de aquellos actores que han escogido la polarización política como estrategia electoral. Este tipo de actores no pueden ser convencidos por la fuerza de los argumentos, ya que de antemano han priorizado sus intereses individuales por encima de la generalidad”.

¿Será que el panista le sabe algo a José Juan Espinosa o nada más le habla al tanteo?

Es pregunta, conste.

gar_pro@hotmail.com

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