Que la próxima semana, exactamente el 9 de mayo, nuevamente estará en Puebla la diputada federal del PAN Josefina Vázquez Mota para presidir tres eventos en homenaje a las madres, el primero en Atlixco, el segundo en Tehuacán y el tercero y último en Teziutlán, lugar donde nacieron sus padres.
Algo han de tener Puebla y los poblanos, pues para Vázquez Mota cualquier pretexto es bueno para regresar y seguir con su abierto trabajo de proselitismo para lograr posicionarse en busca de la candidatura panista a la Presidencia de la República.
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Que tal y como ayer se lo comenté, el gobernador Rafael Moreno Valle se presentó en el programa “Hoy” de Televisa, que transmitió con éxito desde el Complejo Cultural de la BUAP, mismo que lució majestuoso y a tono con la imagen que el titular del Ejecutivo busca proyectar nacional e internacionalmente de la Nueva Puebla que empieza a construir con la ayuda de actores y aliados de la altura de su amigo, el rector Enrique Agüera Ibáñez.
Por cierto, la víspera, en diversas entrevistas de prensa, Enrique Agüera habló -y muy claro- sobre la estupenda relación que ha logrado construir con Moreno Valle, y que en algunos actores políticos del pasado y del presente ha causado agruras, dolores de cabeza y ataques de pánico.
Dijo el rector de la máxima casa de estudios, para que no queden dudas:
“La gran pregunta es: ¿a quién le afecta? A nadie (…) ¿Por qué no una buena relación con el gobierno? (…) Yo lo dije siempre y lo refrendo: la universidad es un espacio universal y está ligado a la pluralidad y a todas las corrientes ideológicas, políticas y sociales; como rector, asumí ese compromiso y lo voy a mantener” (sic).
Ahora sí que como dice el dicho: “Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”, le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela.
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Que la empresa Unión Presforzadora S.A., contra cuyo dueño, Jorge Toledo, pesa una orden de aprehensión por el escandaloso incumplimiento en la construcción del Centro Expositor de Los Fuertes, tiene otro domicilio, diferente –claro- al que conocen las ingenuas y lentas, muy lentas autoridades estatales encargadas de la procuración de la justicia.
Dicho domicilio está ubicado en la calle 27 Poniente 903-A de la colonia Insurgentes Chulavista de la Ciudad de Puebla, donde operan discretamente unas oficinas que comparte con el Grupo Álvaro Ramos S.A. de C.V., otra de las constructoras beneficiadas con el multimillonario contrato del Centro Expositor.
Quizá en la PGJ no lo saben o ni siquiera lo imaginan, pero esta es la pequeña gran razón por la cual, hasta hoy, no han logrado cobrar la fianza y mucho menos dar con el paradero del empresario inculpado, mismo que, debido precisamente al tortuguismo de la dependencia encabezada por Víctor Carrancá, recién obtuvo un amparo.
De nada.
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Que dos personajes continúan haciendo de las suyas en la Secretaría del Transporte (antes SCT), donde el titular, Bernardo Huerta Couttolenc, no ha logrado desmontar del todo el viejo –y corrupto- aparato de control del transporte público.
Se trata, por un lado, de Benito Galaviz, supervisor en San Martín Texmelucan y dueño al mismo tiempo de los camiones ATA, y, por el otro, de Rufino Soledad Rodríguez, atrincherado en el sindicato de burócratas, desde donde designa las principales vialidades a los supervisores, vende plazas y controla permisionarios, todo a cambio de jugosas comisiones.
Si la limpia iniciada por Huerta Couttolenc de veras va en serio, no se entiende cómo estos dos individuos siguen operando a sus anchas, y a la luz del día, sin que nadie ose tocarlos ni con el pétalo de una rosa.
¿Será que continúan compartiendo con algún funcionario influyente parte de sus ganancias?
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Que donde las cosas tampoco parecen mejorar a casi 100 días del nuevo gobierno es en el Cereso de Puebla. Y es que cuentan que a pesar de que el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, hizo cambios de mandos, el pago de cuotas al interior de la cárcel para gozar de algunos privilegios sigue como antes.
Los enterados precisan que, después de un receso sólo para despistar, otra vez están cobrando los acomodos de internos con capacidad económica para ocupar el nuevo módulo del penal de San Miguel, con una diferencia: antes exigían 2 mil 500 pesos y ahora piden mil pesos más, es decir, 3 mil 500, la nueva cuota fijada por las nuevas pero –al parecer- igual de corruptas autoridades penitenciarias.
De pena ajena.
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Que anoche se armó tremenda discusión en la comisión unida de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos del Cabildo de Puebla con motivo de la Laguna de Chapulco y los supuestos o reales desperfectos del rescate realizado por Blanca Alcalá. Los regidores del PRI Octavio Castillo y Lourdes Dib llevaron a cuatro técnicos que argumentaron a favor de la ex alcaldesa, pero Verónica Mastretta de plano los corrió aduciendo que participaron en dicho rescate y que eso los desautoriza para defender la obra. Como vil pleito de vecindad, pues poco faltó para que se armaran los guamazos.
Lo único cierto es que Chapulco se ha convertido en la coartada perfecta del alcalde Eduardo Rivera para tratar de ocultar la falta de obras y soluciones a casi 100 días del inicio de su gobierno, ávido de cortinas de humo.
Por cierto: el viernes sesionará la Comisión de Entrega-Recepción, donde los pocos regidores leales a Rivera se lanzarán a la yugular de Blanca Alcalá, precisamente para desviar la atención del muy decepcionante arranque de la administración panista en Puebla capital.