Los acuerdos secretos de Blanca Alcalá y Eduardo Rivera (Parte II)

No sólo al menos 26 colaboradores del hoy presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, cobraron salarios durante los últimos cinco meses del gobierno de la priísta Blanca Alcalá.

Como parte de los acuerdos políticos con el que sería su sucesor -acuerdos que ambos mantuvieron en secreto-, la alcaldesa en funciones también usó recursos públicos del ayuntamiento a su cargo para cubrir algunos gastos relacionados con el equipo del panista durante los meses de la transición.

Entre otros, el pago por la renta del edificio que usaron Eduardo Rivera y los integrantes de su círculo cercano como oficinas privadas.

Es decir, el inmueble ubicado en avenida Reforma Sur número 2921, en la zona identificada como Fraccionamiento Anexo La Paz, en Puebla capital.

Así lo revela un documento interno de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, copia del cual tiene Puebla On Line.

De acuerdo con ese documento fechado el 8 de febrero de 2011, el gobierno de Blanca Alcalá pagó 382 mil 800 pesos al proveedor Jorge Jalil Shenin, con RFC: JASJ510112LCA, por la renta de las oficinas “para la Comisión de Transición de la Próxima Administración Municipal” (sic).

El contrato tuvo una vigencia del 1 de diciembre de 2010 al 14 de febrero de 2011, es decir, tuvo una duración de dos meses y medio, y terminó apenas un día antes del inicio de la administración encabezada por Eduardo Rivera.

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Ya se sabe:

La transición municipal –incluyendo salarios de asesores y operadores del hoy edil, renta de oficinas y otros gastos que constan en otros documentos oficiales- fue subsidiada con recursos públicos bajo el control del ayuntamiento de Puebla, pero sin que Blanca Alcalá ni Eduardo Rivera lo hicieran público y mucho menos lo transparentaran.

Guardando las proporciones: hicieron lo mismo que en su momento (año 2000) y circunstancia Ernesto Zedillo y Vicente Fox: le ocultaron a los ciudadanos que el gobierno saliente estaba financiando el periodo de transición.

De igual forma que con el escandaloso caso Zedillo-Fox, un ejercicio periodístico tuvo que ser el que documentara los arreglos por debajo de la mesa entre Alcalá y Rivera, quienes, en contraste, tienen a la “transparencia” como bandera.

Como dice Daniel Lizárraga, autor de “La Corrupción Azul. El despilfarro en las transiciones presidenciales”, ganador del premio Debate de Libro Reportaje 2008:

“Como si se tratase de un rey que hereda al príncipe parte de su riqueza, en México el presidente saliente regala a su sucesor una tajada del presupuesto cortada a placer”.

Es el caso, exactamente, de Blanca Alcalá y Eduardo Rivera, ambos igualmente culpables de un solo “crimen”, el “crimen” de la opacidad.

Y es que “tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata”.

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Ayer, Eduardo Rivera confirmó que al menos 26 de sus colaboradores (entre ellos Mario A. Iglesias García Teruel, Abel Hernández López, Adán Domínguez y Ruth Ramos) fueron incorporados por Blanca Alcalá a la nómina del ayuntamiento de Puebla, con sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales, desde septiembre de 2010 y durante el tiempo que duró la transición.

El alcalde explicó que fue parte de un programa de “empleo temporal” (sic) y dijo que este tipo de prácticas se realizan a nivel federal como parte de una transición “profesional”.

Sí, ajá, muy bien, pero la pregunta sigue siendo la misma:

¿Por qué lo ocultaron?

(Tanto él como su antecesora).

Y más:

¿A cambio de qué?

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Blanca Alcalá y Eduardo Rivera signaron varios pactos en lo oscurito.

Uno de ellos, evidentemente, fue éste: el uso de recursos públicos para el soporte de los gastos de la transición.

Como se ve con claridad, la relación entre la priísta y el panista se mantuvo en buenos, estupendos términos hasta la primera quincena de febrero de 2011.

¿Qué pasó después?

¿En qué instante se rompieron los acuerdos?

¿Qué fue de la luna de miel?

¿Qué?

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Hace unos días, la Comisión de Entrega-Recepción del actual Cabildo, que encabeza el regidor panista Pedro Gutiérrez, informó que el gobierno de Blanca Alcalá habría incurrido en anomalías administrativas por un monto de casi 2 mil millones de pesos.

¿Incluyeron la partida presupuestal que la priísta usó discrecionalmente entre septiembre de 2010 y febrero de 2011 para cubrir los gastos del entonces edil electo, Eduardo Rivera, y financiar la transición?

Como diría el clásico:

¡Qué asquerosidad es esto!

gar_pro@hotmail.com

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