Ardelio sabía

Aunque el secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal insista en lavarse las manos como Poncio Pilatos –quisiera que tras la tormenta, ya llegara la calma- por la fuga de 11 reos de alta peligrosidad del Cereso de Cholula, todo parece indicar que eso no podrá suceder. No, al menos, en el corto plazo.

Y es que Ardelio Vargas Fosado tiene más responsabilidad de la que muchos imaginan.

De hecho, sus afirmaciones en el sentido de que toda la culpa de la famosa evasión recae en las autoridades municipales, pues la dependencia a su cargo les advirtió desde el pasado 17 de noviembre sobre diversas anomalías en esa cárcel –como sobrepoblación y autogobierno-, no son del todo exactas.

Es más: son al revés, completamente.

Porque resulta que desde abril de 2011 –es decir, desde hace casi ocho meses-, el titular de la SSP tuvo pleno conocimiento, y por escrito, de la peligrosidad de los internos que hace unos días se dieron a la fuga.

Y no sólo eso: incluso, por esa misma razón, se le solicitó desde ese mes el traslado de al menos cuatro de ellos: los secuestradores Israel Ramírez Fernández (a) “El Chuleta”, Julio César Hernández San Juan (a) “El Buker”, Fernando Haro Pérez e Israel Cruz Arruti, a un reclusorio de mayor seguridad, pues su presencia en el penal de Cholula “representa un riesgo institucional” (sic).

Lo más paradójico es que dicha petición, ignorada a la postre por el funcionario estatal, fue realizada por el director de la cárcel, Jorge Daniel Martínez Casco, hoy detenido y acusado, junto con otros funcionarios y custodios penitenciarios, del delito de evasión de reos.

Una serie de documentos facilitados por fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que está a cargo de las investigaciones y que ha prometido llegar hasta el fondo de las mismas, no deja lugar a dudas.

Fue el pasado 20 de abril cuando Ardelio Vargas recibió el oficio número DCRSRCH/SJ/384/2011, con copia para el general Segismundo Doguin Garay, subsecretario de Seguridad Pública; Roberto Olivares Mojica, director general de los Centros de Reinserción Social, y el comandante Sergio Trujeque Ortizoga, por entonces encargado de despacho de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión en el Estado.

En dicho documento, por ejemplo, Martínez Casco advirtió a Ardelio Vargas que uno de los internos “ha intentado sobornar al personal de seguridad y custodia para conseguir su libertad” y que el susodicho ofrecía hasta un millón de pesos a quien o quienes lo ayudaran a escapar.

Ese interno resultó ser Israel Ramírez, mejor conocido como “El Chuleta”, en prisión preventiva desde el 3 de diciembre de 2010 por secuestro, robo de vehículo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; un reo de alta peligrosidad que “no presenta sentimientos de culpa o arrepentimiento”; justamente uno de los 11 que escapó de la cárcel de Cholula en la madrugada del pasado domingo.

Pero eso no es todo:

En el mismo oficio, Martínez Casco también reportó a Ardelio Vargas las desventajas que en esa fecha, abril de 2011, presentaba el Centro de Reinserción Social Regional a su cargo:

“No cuenta con infraestructura necesaria para albergar a este tipo de internos en virtud de que la construcción es de la época colonial, la cual ha sido modificada para albergar internos de mínima seguridad y/o se encuentren compurgando sentencias mínimas”; “su capacidad real instalada para albergar internos es de 147 espacios físicos y actualmente cuenta con una población de 452 internos, que representan una sobrepoblación del 207.48%” y “es insuficiente el personal del área técnica, administrativa y de seguridad y custodia”, fueron algunas de las advertencias hechas al secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, advertencias que –ya se sabe- fueron echadas en saco roto.

Ante tal panorama, y tras un análisis del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cereso, “me permito solicitar su amable intervención para que los reos mencionados en líneas anteriores, sean trasladados en calidad de depósito a un reclusorio de mayor seguridad debido a que su permanencia en este penal representa un riesgo institucional”, decía –literalmente- Martínez Casco, quien incluso citaba jurisprudencia que hacía viable la petición y agregaba un oficio en el que el juez penal del Distrito Judicial de Cholula no reportaba ningún inconveniente de su parte para el traslado de los reos.

Era abril de 2011 y ninguno de los aludidos contaba entonces con un amparo para evitar ser llevados a otro penal.

La fecha de elaboración y recepción de los multicitados documentos es clave para entender hasta dónde llegó la negligencia oficial, pues de ahí se desprende que Ardelio Vargas tuvo tiempo de sobra para proceder al traslado; de hecho, contó con un lapso de casi ocho meses antes de que el 4 de noviembre de 2011 –unos 20 días antes de la fuga masiva- la juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, Naela Márquez Hernández, mediante el incidente 1627/2011, le otorgara a por ejemplo Fernando Haro Téllez, uno de los internos que escaparon, la protección de la justicia federal para desactivar cualquier intento de reubicación, bajo el argumento de que aún no había sido sentenciado.

Los reos que escaparon sabían que en algún momento irremediablemente iban a ser trasladados al Cereso de Tepexi de Rodríguez, porque así era el deseo del director de la cárcel, pero lenta u omisa, la autoridad estatal no sólo les dio tiempo de litigar en los tribunales, también de fugarse por si las dudas la justicia no les favorecía.

Según la fracción XVIII del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a la Secretaría de Seguridad Pública corresponde “conocer y resolver las solicitudes de traslado de reos y las tendientes a la reinserción social de los internos en los Centros de Reinserción Social”. Sin embargo, Ardelio Vargas, pese a ser advertido por escrito de la peligrosidad de los internos y de las deficiencias del penal donde éstos se encontraban, incumplió con su responsabilidad.

Y hoy, ante el escándalo que derrumba el mito de la excelencia y sus efectos políticos colaterales, busca deslindarse de un tema espinoso y caliente que lo involucra, completamente, a la luz de los hechos.

Dice que él informó de las anomalías existentes en la cárcel de Cholula desde el pasado 17 de noviembre cuando lo cierto es que fue exactamente al revés; vaya, que sabía, sabía todo desde mucho antes, desde abril, y aun así no hizo nada. Absolutamente nada.

¿Por qué?

Ojalá algún día nos lo cuente.

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gar_pro@hotmail.com

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