Además de la responsabilidad por parte del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, los acontecimientos registrados en el Cereso de San Pedro Cholula deben explicarse como una larga suma de omisiones, en la que por el momento sólo al ex director Daniel Martínez Casco le han pedido cuentas.
Daniel Martínez Casco es, sin duda alguna, culpable, porque a sabiendas del inminente riesgo de fuga por parte de los internos más peligrosos del penal a su cargo, relajó la disciplina al interior de la cárcel, a grado tal que en lugar de poner aún mayor atención en el área, hasta les permitieron el ingreso de grabadoras y de toda clase de electrodomésticos, lo que dio origen a que nadie escuchara los fuertes cincelazos en la gruesa pared para hacer el boquete por el que dizque escaparon.
¿Tiene alguna validez el argumento de los custodios de que no escucharon nada porque la música de las grabadoras estaba muy fuerte?
¿A las dos, tres, cuatro de la mañana, se justifica que los presos tengan puesta música a todo volumen?
¿Eso es normal en la cárcel de Cholula?
Obviamente la autoridad no puede pasar por alto tanta irresponsabilidad del personal que labora en el reclusorio, y Martínez Casco debe asumir su parte de responsabilidad por más que desde abril de 2011 haya alertado por escrito a Ardelio Vargas, pero ¿y que pasó con la señora presidenta?
Fue hasta ayer –cinco días después de los hechos- que Dolores Parra se dignó a fijar postura, a través de un boletín de prensa, en el que obviamente escurrió el bulto y aprovechó para aclarar que a ella le corresponde sólo administrar el Cereso, pero el traslado de reos potencialmente conflictivos es competencia única y exclusiva de Ardelio Vargas.
Pero con qué cara le va a decir a sus gobernados que todos, absolutamente todos los empleados de confianza que trabajaban en la cárcel municipal, le fueron impuestos por ella al hoy funcionario municipal caído en desgracia.
Y que ante la necesidad de acomodar a su numerosísima familia y amigos en la nómina municipal, poco le importaron las observaciones de Martínez Casco cuando le decía:
“…. Señora presidenta: podemos meter a toda la gente que usted quiera, pero por lo menos que tengan siquiera el perfil, por lo menos para justificar, aunque no tengan experiencia, pero al menos para no tener problemas a futuro de algún reclamo por parte del gobierno del estado”.
¿O de eso ya no se acuerda Lolita?
Que usó el Cereso para satisfacer los apetitos de su nepotismo y las ambiciones de su comadre Leticia Nicolasa Pérez Papaqui, quien no trabaja, pero cobra como tesorera de ese municipio.
Y qué decir de Roberto “El Púas” Olivares Mojica, flamante director general de Ceresos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien conocía a la perfección todo este entramado de complicidades y no movió un solo dedo para hacer frente al delicado problema por el que atravesaba el Cereso de San Pedro Cholula y quien tampoco se ha atrevido a decir esta boca es mía.
La fuga ya no tiene remedio, y nadie es perfecto, pero ahora es la hora de las responsabilidades.
Martínez Casco está sentado en el banquillo de los acusados, pero ¿y Dolores Parra, cuándo?
¿Y Olivares Mojica?
Solo el gobernador tiene la palabra.