Dice –y dice bien- el conocido refrán que “Tanta culpa tiene el que mata la vaca, como el que le agarra la pata…”
Esto viene a cuento porque desde la madrugada del pasado jueves, al trascender la detención y el encarcelamiento del secretario de Salud del ex gobernador Mario Marín, la pregunta que todo mundo se hace es: ¿quién sigue?
Porque no es sólo Alfredo Arango y lo que hizo –que hizo mucho y por eso hoy está en el Cereso de Puebla-, sino ¿cómo fue que se permitió tanto y quiénes lo toleraron?
Y es que existen muchos implicados, directos e indirectos.
Hay que empezar por recordar cómo fue que Arango llegó a la Secretaría de Salud (Servicios de Salud del Estado).
No hay que ir más lejos.
El hoy sujeto a proceso por enriquecimiento ilícito alcanzó el puesto con la colaboración de los dirigentes del Sindicato, quienes llevaron a cabo todo un movimiento calculado para lograr que el entonces secretario de salud, Antonio Marín, renunciara.
Para ello se orquestó una movilización con paros en clínicas y hospitales, sirviendo como cómplice el entonces secretario general del gremio, Malco Ramírez, y buena parte de los que hoy dirigen el mismo, principalmente Julio Alfredo García.
La culminación de aquel complot fue aquella famosa marcha que ocupó Casa Aguayo, en la que se “reclamaban” reivindicaciones para los trabajadores pero que a la par presionaba para expulsar a Antonio Marín.
Lo que finalmente ocurrió una vez concluidas las elecciones en las que el marinismo, entonces redivivo, ganó todas las diputaciones en juego, un hecho que al consumarse propició el “asalto” casi por la fuerza de la Secretaría de Salud, que había mantenido al doctor Marín como una posición del gobierno federal a propuesta del entonces secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos.
Resultaba odioso ver cómo acudir al mitin contra el Dr. Marín era promovido por directores y responsables de áreas que le debían lealtad a la parte institucional dando todas las facilidades posibles, incluso hasta disponiendo de medios de transporte bajo resguardo de las jurisdicciones de Salud.
Al fin de ese año, no se olvide, hubo una gran fiesta a la que acudieron los dirigentes sindicales encabezados por Malco Ramírez y donde cerraron filas en torno a la candidatura de Javier López Zavala.
Ellos y Alfredo Arango crearon toda una estructura de poder para favorecer al fallido candidato del Partido Revolucionario Institucional a Casa Puebla.
De hecho, usaron recursos públicos, desviaron material de curación y medicamentos, y comisionaron personal para hacer jornadas de salud en beneficio de la campaña de López Zavala, y todo con el aval del gremio.
Lo más grotesco de todo es que quienes en ese momento ocupaban puestos en Jefaturas de Jurisdicción, como Gerónimo Lara; direcciones de hospitales, como Cristóbal Arellano; coordinaciones de área, como Alfonso Hernández, y gestores del Seguro Popular, como Alfonso Aguilera, hoy siguen incrustados en la Secretaría de Salud, a pesar de que se volcaron a la campaña priísta y supieron con pelos y señales de los manejos corruptos de su jefe máximo, Alfredo Arango, sin objeción alguna y esperando –a su debido tiempo- el pago a sus favores.
Son los mismos que hoy, al ver la ruina de Arango, voltean hacia otro lado e incluso lanzan gritos de: “¡Al ladrón, al ladrón!”.
Al interior de los Servicios de Salud, la purga no ha llegado hasta quienes tiene que llegar.
Malco Ramírez fue diputado federal suplente de Juan Carlos Lastiri, secretario de Desarrollo Social con Mario Marín –cuyo expediente es igual o más grueso que el de Arango- y actual dirigente estatal del PRI; Ramírez recibió buen pago y hoy es un connotado priísta.
Por su parte, Julio Alfredo García es secretario general del Sindicato, posición de privilegio para un ser interesado en el dinero fácil como él, y los demás se mantienen como parte de esos andamios construidos por los marinistas, que son minas antipersonales puestas para estallar cuando sea necesario.
En estos debe poner su atención el equipo del secretario de Salud del gobierno morenovallista, Jorge Aguilar Chedraui, sobre todo teniendo en puerta una elección federal como la de este año.
Y es que está claro que hubo complicidad –aun por omisión- de todos estos funcionarios, que en muchos casos ahora ocupan otros puestos, algunos de bajo perfil.
La administración en turno se está desgastando de manera innecesaria al no renovar los contratos de médicos y enfermeras que poco o nada tuvieron que ver con todo el desastre dejado por Arango y su grupo.
Hoy, esos médicos y esas enfermeras son las verdaderas víctimas del manejo alevoso y corrupto de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de Salud de Puebla, lo que dejó inhabilitados o trabajando con lo mínimo consultorios, clínicas y hospitales por falta de insumos, situación que para corregir no basta, claro, con el encarcelamiento de Alfredo Arango.
Y por eso la pregunta: ¿quién sigue?