Durante la administración de Mario Marín Torres y justo después del escándalo de Lydia Cacho, se creó a instancias de Blanca Laura Villeda, por entonces procuradora General de Justicia (PGJ), un grupo de investigación al que la funcionaria utilizaba para espiar e investigar a todos aquellos funcionarios que la atacaban y querían perjudicarla.
El singular grupo se movía en las sombras y se encargaba de indagar asuntos personales, patrimonio y transas que cometían los servidores públicos “enemigos”.
En más de una ocasión, la información fue entregada al góber precioso para ponerlo al tanto de las corruptelas y vicios públicos y privados de sus subordinados, incluso los más cercanos.
El tiempo pasó y Blanca Laura Villeda dejó la Procu por la puerta trasera, pero el grupo de investigación continuó sus trabajos secretos en las cañerías del sistema.
Como era de esperarse, el grupo no formaba parte del organigrama de la PGJ, aunque informalmente se le ubicaba como una extensión de la DIEDO, la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Lo comandaba Héctor Olguín Pascualli y él y sus muchachos eran conocidos como “Los Negros”.
Su modo de acción, entonces, consistía en “involucrarse” en casos que despertaban el interés: en ocasiones detenían a personas ligadas con el narcomenudeo, robo de autos o demás, a quienes interrogaban a profundidad para extraer todos los detalles sobre la forma en que operaban, pero también para saber si existía algún funcionario de la Procu -MP, comandantes, policías, etcétera- involucrado en los delitos.
Así lograron hacerse de un amplio, amplísimo expediente de comandantes, ministerios públicos y también de otros funcionarios de otras dependencias de la administración estatal.
Con la llegada del nuevo gobierno, “Los Negros” continuaron con sus operaciones, pero Pascualli nunca informó sobre su existencia ni proporcionó información a las nuevas autoridades.
Es hasta cuando al procurador llegan noticias sobre la existencia del grupo que Olguín Pascualli es llamado a cuentas.
Hasta ese momento se desconocía la profundidad y gravedad del asunto, de ahí que la intención era simplemente cambiar de director operativo del grupo.
No obstante, Pascualli, al ver en peligro su puesto y su pellejo, decidió revelar toda la información con la que cuenta el grupo de investigación, así como su modus operandi e integrantes, y expuso la existencia de los archivos sobre comandantes y otros funcionarios que tienen nexos con ilícitos.
Al conocer esto, en la Procuraduría se tomó la decisión de realizar la semana pasada un cateo sorpresa a la casa sede de “Los Negros”, ubicada en la colonia Villa Carmel.
Gracias a esa sorpresiva acción, fue confiscado todo, absolutamente todo lo que allí se encontraba.
Y no fue cualquier cosa: voluminosos y nutridos expedientes de funcionarios y ex funcionarios de la PGJ, así como de importantes colaboradores de Mario Marín, con información sobre amantes, negocios y propiedades, pasando por datos duros sobre supuestos nexos con bandas delictivas.
En la casa encontraron videos, fotos, computadoras y documentos.
Uno de los principales enojos en la Procu era que con más de un año de gobierno, Pascualli no hubiera entregado toda la información, pese a que estaban ávidos de datos precisos para limpiar el gobierno y la dependencia, y de cobrar facturas pendientes con varios renombrados integrantes del clan Marín, incluso familiares cercanos del ex gobernador.
Pascualli fue obligado a presentar su renuncia y a cambio de que no revelara la información (“sabe demasiado”) que conoce, se le ofreció no proceder penalmente en su contra ya que existen indicios de que se dedicaba a chantajear a comandantes y otros servidores públicos.
Pascualli terminó así con 25 años de servicio en la Procu y ahora se dedica a litigar en su despacho de la colonia Anzures.
Pero eso no es lo importante, sino el uso que a partir de ahora se dará a todos los expedientes encontrados, llenos de verdaderas joyas.
En pocas palabras: auténticas, verdaderas bombas que no tardan en explotar, seguramente en pleno proceso electoral, algo de lo que gente como Alfredo Arango o Javier García Ramírez, entre otros, ya pueden dar puntual cuenta.