La pregunta viene a cuento porque, desde hace varios días, los regidores del PAN y PRI de Puebla capital vienen librando una auténtica guerra sin cuartel.
La situación, de la que poco o nada ha trascendido a los medios, tiene que ver específicamente con un proyecto presentado por el gobierno de Eduardo Rivera Pérez para reglamentar diversas sanciones y castigos –que incluyen hasta la revocación del mandato- en contra de los integrantes del cuerpo edilicio.
Uno de los puntos más polémicos de las reformas propuestas al Capítulo 5 del COREMUN (Código Reglamentario para el Municipio de Puebla) es el referente a las facultades que le pretenden otorgar al Presidente Municipal para mantener el orden durante las sesiones de Cabildo, recurriendo incluso, en los casos que el alcalde considere “graves”, al desalojo del o los regidores con la ayuda de la policía.
La propuesta original señala en la Fracción VII del Artículo 34 del Capítulo 5 (“Disposiciones Generales para el Funcionamiento de los Miembros que Integran el Ayuntamiento”), que el edil puede –y debe- “observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden respeto entre sí y al recinto oficial durante el desarrollo de las Sesiones de Cabildo, pudiendo amonestar o imponer medidas disciplinarias para lograr el orden necesario, consistentes en retirarle el uso de la palabra, extrañamiento, suspensión de la Sesión hasta que ésta se restablezca, u ordenar su desalojo del recinto donde se realice la Sesión, medida disciplinaria que ejecutará por sí el Presidente Municipal” (sic).
Demás está decir que el asunto –atribuido a la secretaria general del ayuntamiento, Leonor Popócatl Gutiérrez- ha sido calificado por algunos regidores, principalmente los priístas, de fascista, autoritario y retrógrada, más propio de una penitenciaría que de un Cabildo.
Pero eso no es todo: otro de los aspectos que los tiene enfrentados y atorados, pues nadie quiere ceder, es el referente a revocar el mandato de los miembros del cuerpo edilicio por acumular determinado número de faltas injustificadas.
Los del PRI no se oponen a ser sancionados por ausentarse de las sesiones; en lo que sí no están conformes es en que los del PAN buscan que también se contemplen las faltas a las sesiones de Comisiones y de Comisiones Unidas, lo cual contraviene la Ley Orgánica Municipal.
Hace unos días, al estilo del Congreso del estado, que suele recibir, analizar y aprobar las iniciativas que le presenta el gobernador en menos de 4 horas, el grupo parlamentario de Acción Nacional intentó madrugar y aprobar, mediante un albazo, el polémico nuevo Reglamento.
Hubo la intención, finalmente frustrada, de avalarlo por mayoría en lo general, con la promesa de discutir posteriormente artículo por artículo. Lo que de última hora fue impedido por un grupo de nueve regidores.
A la fecha, empero, no hay acuerdo y las dos partes continúan en el estira y afloja, en medio de un clima de conflicto y discusión permanentes.
Los del PAN acusan a los del PRI de oponerse porque no quieren ser sancionados por faltistas y los del PRI señalan a los del PAN de pretender establecer un “Estado Policiaco” en el Cabildo, mediante un nuevo COREMUN que contiene fundamentos jurídicos confusos y que en los hechos es parcial, discrecional y limitante de la libertad de expresión, pues además concentra en el Presidente Municipal el derecho a decidir quién habla y quién no, y por cuánto tiempo, durante las sesiones.
A ver en qué acaba esta guerra, preludio apenas de las que se vivirán en la ciudad de Puebla en el marco del proceso electoral 2013.