El destape número veintitantos del subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, desató consecuencias que recién comienzan a verse y que llevarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una mayormente pronunciada división, esa que garantiza su fracaso en 2018.
El acto del domingo pasado dejó a la vista que el zacatleco tiene consigo a la burocracia partidista, opera con los padrones de beneficiarios y cuenta con dinero suficiente para la movilización, pero también que casi ninguno de los liderazgos de sectores u organizaciones lo apoyan.
Es visto como un aspirante de paja, al servicio del morenogalismo.
También puso en guardia a sus adversarios, entre quienes está a la cabeza la ex candidata Blanca Alcalá y su promesa de obstaculizar la llegada de Lastiri a la candidatura a Casa Puebla.
El “cualquiera menos tú“, con el que lo amenazó a finales del año pasado, se ha convertido en cruzada y meta del equipo que la senadora conforma con el presidente estatal priísta, Jorge Estefan Chidiac.
La división y encono que ha generado Lastiri llega incluso hasta el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pues hay la certeza de que desde ahí se le impulsa y que tiene el respaldo de personajes del gobierno federal como la titular de la Sedatu, Rosario Robles, y el mismísimo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Aun así, el precoz precandidato no logra sacudirse el estigma de estar construyendo un Caballo de Troya, para facilitar la continuidad del régimen dominante en el estado.
Con el enésimo acto de campaña adelantado de Lastiri, la guerra quedó abierta ya, cual Caja de Pandora.
Eso evidencia que el subsecretario no midió bien las consecuencias y que no está preparado para las reacciones furiosas que se le vienen.
De entrada, la dupla Alcalá-Estefan, con otros apoyos como el del diputado Víctor Giorgana, busca frustrar el casi amarrado arribo de Javier Casique a la presidencia del Comité Municipal del PRI, impulsado tanto por Lastiri como por el delegado del IMSS, Enrique Doger.
Lastiri realizó la presentación de su movimiento “Decisión Puebla 2018″ y ganó la agenda de la candidatura al gobierno de estado, pero despertó también, con inconveniente antelación, la alerta de sus adversarios.
En realidad, su acto veintitantos de destape fue torpe.
Primero lo tuvo que postergar y luego lo realizó, sí, juntando a los 3 mil acarreados, pero dejando ver completamente sus estrategias.
Buscará reunir 500 mil firmas para “presionar” -o permitir que le convaliden- al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a que se realice una consulta a la base.
Para ello tiene un ejército de 10 mil promotores, la mayoría trabajadores del gobierno federal.
¿Quién los financia?
¿Quiénes son?
¿Cómo hará compatibles y lícitas sus obligaciones como funcionario público del gobierno federal y sus actividades de pre-pre campaña?
No hay transparencia, aparentemente tampoco legalidad y menos decoro en las acciones de Lastiri, el priísta con el más voluminoso expediente de enriquecimiento muy explicable.
Suma a su causa a muchos cartuchos quemados del más añejo priísmo, pero no a los líderes verdaderos que le quedan al tricolor.
A la vista, solamente cuenta con el respaldo abierto del dirigente en Puebla de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto, y de Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la Sedesol, quien sin embargo también traza su propia ruta rumbo a la gubernatura pase lo que pase con su amigo Lastiri.
En cambio, la trinchera que se ha conformado para combatirlo es mucho más nutrida.
Ahí están Blanca Alcalá, Jorge Estefan, los dirigentes de otros sectores y movimientos y las bancadas de diputados locales y federales.
Hay quienes aseguran que ganó mucho, pero en los hechos perdió mucho más con su proclama del domingo pasado.
En términos tácticos, cedió el terreno alto y dejó ver sus armas al enemigo.
Es ya un contrincante bien inventariado.
La guerra está en marcha en el PRI.
Y el único resultado previsible es la derrota para todos.
DEL ROBO EN LA BUAP
Al menos dos líneas de investigación sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto al muy extraño robo, a plena luz del día, de documentación oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en una bodega ubicada en el Bulevar San Felipe de esta ciudad.
Una de esas líneas, quizá la más importante, es la probable participación de personal de la propia BUAP que, acatando órdenes derivadas de inconfesables motivos, buscaría influir de alguna forma, pero decisivamente, en la reelección del rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, un proceso ya en marcha y en el que convergen múltiples y variados intereses entre los grupos internos inmersos en la lucha por la oficina principal de El Carolino.
En opinión de los investigadores de la FGE, el hurto no tiene el sello propio de delincuentes comunes y corrientes; se trataría, en cambio, de un operativo perfectamente planeado y ejecutado por un autor intelectual que muy posiblemente estaría dentro de la misma institución, y que conocía a la perfección el estatus, la rutina y los movimientos en esa bodega.
Ya hay algunas pistas en ese sentido, pero la indagatoria aún no concluye.
No es posible que los ladrones –sean quienes sean- hayan actuado con tal desfachatez y cinismo, sin ser molestados durante las varias horas que ocuparon para transportar y cargar en al menos una camioneta y dos camiones la (voluminosa) papelería sustraída.
¿Quién busca dañar o proteger al rector, y con cuáles razones?, es la pregunta que el fiscal Víctor Carrancá está obligado a responder antes de que el robo (político) en la BUAP genere más especulaciones de las ya existentes, causando un ruido totalmente innecesario en la vida de la máxima casa de estudios del estado.
Un hecho de esa magnitud no puede quedar con cabos sueltos y menos, mucho menos, en la impunidad.