Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la seguridad de los poblanos no es un tema social prioritario, sino un estandarte bucanero para lucrar electoralmente hacia 2018. No hay otra definición que explique, con un mínimo de lógica, que los diputados locales, federales, senadores y su dirigencia estatal se opongan a las medidas extraordinarias que el ayuntamiento de la capital ha decidido tomar para combatir frontalmente la delincuencia, esa que los mismos priístas y los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) usan para golpear políticamente.
El ayuntamiento, con la aprobación del Cabildo, avaló la contratación de obligaciones financieras por hasta 800 millones de pesos, para duplicar el número de videocámaras de vigilancia y operadores, comprar lectoras de cámaras para autos robados, 176 patrullas más y la pavimentación de 140 calles en 100 colonias populares. Todo dentro de la estrategia de seguridad. Falta la aprobación del Congreso local, en donde ahora los tricolores la rechazan con mezquindad. Quieren resultados, pero los obstaculizan.
Desde la comodidad de sus cargos y posiciones, y bajo el endeble pretexto de una supuesta “opacidad”, los legisladores y la cúpula del tricolor idean la forma de seguir golpeando al alcalde Luis Banck Serrato.
Ven en el goteo incesante de sus descalificaciones una forma de avanzar electoralmente, sin importarles que Puebla y que los poblanos sigan viviendo el infierno de la inseguridad.
En cambio, de ninguno de ellos, principalmente del presidente del PRI en el estado, el diputado federal Jorge Estefan Chidiac, quien también es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se ha visto hasta ahora algún esfuerzo por traer más recursos para proyectos de seguridad.
Frente a la ruindad del PRI y de sus actores, los hechos están del otro lado de la moneda.
La determinación de contratar estas obligaciones financieras no ha sido fácil.
Luis Banck terminó de tomar la decisión cuando confirmó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio no va a cambiar en el corto plazo.
Los especialistas pronostican que llevará hasta 10 años su consolidación y recomiendan que, por ahora, no hay que hacerle cambios.
A los 3 mil 682 detenidos que han quedado libres con el nuevo esquema, en los próximos días se sumarán otros 850 potenciales delincuentes en las calles de Puebla, con una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es completamente inaceptable.
Las medidas urgen y la obtención de recursos adicionales para proyectos de seguridad es impostergable.
El ayuntamiento está obligado entonces a hacer lo que le toca para abatir la delincuencia: blindar la ciudad.
Tener una policía mucho más equipada.
Más patrullas, mejor tecnología.
¿Qué no eso querían los priístas que hoy reniegan de la decisión del gobierno municipal?
Si Banck estuviera pensado –como el PRI jura y perjura- en el tema electoral y no en la ciudad, había opciones mucho más fáciles.
Y hasta más rentables en lo politico.
Pero para darle seguridad a los poblanos, no hay más salida.
El tema de las cámaras de seguridad es un gran ejemplo de esa urgencia.
Es realmente indispensable contar con más cámaras para disuadir la comisión de delitos, identificar a los responsables de cometerlos o reaccionar de manera inmediata cuando un ilícito suceda.
Hoy, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal opera con 1,031 cámaras de videovigilancia y 43 dispositivos lectores de placas fijas en 8 puntos y 6 móviles para detectar vehículos robados.
Sin embargo, en otras ciudades o municipios del país, como Guadalajara o Ecatepec, el número de cámaras es mucho mayor.
Pero cuando desde su vileza los opositores argumentan que no quieren endeudar a la ciudad, olvidan las vidas que pueden perderse, los ataques al patrimonio de los ciudadanos y la ingobernabilidad que pude generarse, si no se abate la delincuencia.
Puebla es de las ciudades con menor presupuesto para esta materia, en comparación con demarcaciones del mismo número de habitantes.
Apenas es de 4 mil 086 millones de pesos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que, para una seguridad eficiente, debe haber 300 policías por cada 100 mil habitantes.
En la capital apenas hay actualmente 99 agentes por cada 100 mil habitantes.
Es un déficit verdaderamente dramático.
Y no hay soluciones mágicas.
No hay salida.
Ni medianías.
Se necesitan más recursos.
Eso sí, deben obtenerse de manera responsable.
De ahí la decisión del Ayuntamiento con su Cabildo.
Pero, por sistema, los patéticos legisladores priístas se suben al debate en redes sociales, cuando deberían subirse, sí, pero a las tribunas de San Lázaro, del Senado y del Congreso local a proponer soluciones y sobre todo a conseguir más presupuesto para este rubro.
Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo, fusionado de dos propuestas, una de los senadores del PRI y otra de la diputada federal Xitlalic Ceja, para llamar al gobierno del estado a dar seguridad a los ciudadanos en los transportes púbico y de carga.
Si de ese mal tanto se quejan, ¿por qué entonces se oponen al remedio?
El suyo es un perverso doble discurso.
Una posición totalmente mezquina.
Quieren seguir enarbolando una bandera electorera.
No les importa que su estrategia política cueste más vidas.
Mientras eso les dé votos, seguirán en su absurdo y ruin golpeteo político.
Con su acostumbrada falta de generosidad y de perspectiva.
Sí, en Puebla el PRI y su clientela siguen viendo el árbol pero no el bosque.
Y creyendo que lo importante es igual a lo urgente.
¿Y luego se preguntan por qué no ganan una gran elección desde 2010?