En su portal digital, Cabify México dice que la seguridad de sus clientes es su mayor prioridad, una afirmación que esta semana ha quedado en auténtica duda, cuando uno de sus operadores en Puebla se ha visto involucrado en la desaparición de Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven estudiante de la UPAEP, al usar su servicio de transporte ejecutivo.
Hay que recordar que la seguridad es justamente uno de los estandartes que servicios como los de Cabify o Uber presumen hasta la saciedad para poder introducirse en el mercado de cualquier plaza en México.
Por desgracia ya vimos que no es así.
De hecho, hay historias que narran los mismos conductores de estas empresas de transporte ejecutivo, de cómo la delincuencia aprovecha sus servicios.
Por ejemplo, está el caso de aquel conductor al que le encargaban recoger litros de combustible robado, que trasladaba en su cajuela hasta el destino señalado.
El chofer a veces optaba por ir acompañado de su familia para no despertar sospechas.
El pago, además del costo del viaje, era también con litros de huachicol.
Uno más contó que un joven de unos 20 años de edad solicitó el servicio para distribuir “pequeños paquetes” en diferentes casas de la ciudad y de Cholula, previos mensajes o llamadas que recibía en el trayecto.
Al final del recorrido de poco más de una hora, le pagó el doble de la tarifa señalada.
Historias similares a esta, que fueron recogidas por quien esto escribe, no son ningún secreto en la era de las redes sociales, y son conversación común entre los trabajadores de estas empresas de transporte privado.
Basta con escarbar un poco para encontrarlas.
Pero fue hasta que la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda, utilizó el servicio de Cabify y desapareció, que el asunto conmocionò a la opinión pública, que ya se ha manifestado con fuerza, al punto que la empresa ha dedicado gran parte de sus mensajes en redes sociales para dar explicaciones de su colaboración con la Fiscalía General del Estado.
El tema, de por sí grave porque la joven de 19 años aún sigue desaparecida y se sospecha que podría haber sido vìctima de una red de trata de personas con epicentro en el vecino estado de Tlaxcala, es de preocupar, entre otras cosas por lo fácil que resultó burlar la “tecnología inteligente” de la empresa de transporte ejecutivo.
Más aún si se comprueba que detrás del hecho se encuentra la delincuencia organizada como, reitero, algunas versiones empiezan a señalar.
Y es que, de ser así, las bandas criminales habrían dado muestra, una vez más, de que están al acecho, dispuestas y con estrategia suficiente para vulnerar los obstáculos que se les ponga enfrente, por mucha tecnología que se use en su contra.
Hay voces que ya piden mayores filtros a la hora de contratar a los operadores –como practicarles un examen de control de confianza- o mejores sistemas de geolocalización.
Soluciones que, sin embargo, no son nuevas para problemas aún más añejos, donde la delincuencia organizada parece infalible.
Supuestamente plataformas como Cabify y Uber garantizaban seguridad absoluta, pero, sin satanizar a nadie, ha quedado demostrado que eso no es real y, por desgracia, el caso de Mara Fernanda lo exhibe en toda su crudeza.
Hoy, en este país, las mujeres –muchas de ellas doblemente criminalizadas por el siemple hecho de ser eso: mujeres- no sòlo no están seguras en ningún sitio, ya ni siquiera en sus propias casas.
Y si deciden salir de ellas para ir a la escuela, al trabajo o a divertirse a algún lugar de moda y trasladarse a bordo de un automóvil de la empresa Cabify, nada asegura que regresen sanas y salvas.
Lo mismo pasa con muchos otros usuarios de estos servicios “inteligentes”.
¡Vaya sentimiento de total y absoluta indefensión!