Si algo desnudó con toda crudeza el sismo del pasado 19 de septiembre, ese algo fue la profunda y extendida desconfianza que los mexicanos tenemos en nuestros gobernantes y en la clase política en general, una realidad de a kilo que estos se niegan a ver o no han tenido la suficiente capacidad –o humildad- para contrarrestarla. La fractura política que dejó el movimiento telúrico es ya difícil de reparar y sin duda tendrá consecuencia en la elección de 2018.
En redes sociales circularon imágenes y videos exhibiendo a quienes buscaron “colgarse” de la tragedia.
El “lucro político” se convirtió en una frase y en una queja recurrente, así como el inmediato desprecio y dura condena a quien osó incurrir en ello de forma abierta o encubierta.
En Puebla, ejemplos sobraron, lamentablemente, y las reacciones de rechazo, de crítica y hasta de aborrecimiento fueron avasalladoras, al punto de obligar a muchos políticos que buscaron llevar agua a su molino en medio de la contingencia, a esconderse por varios días para evitar seguir siendo objeto del repudio generalizado de quienes sí entendieron que antes que las elecciones, había, hay y habrá otras prioridades. A esos políticos, la sociedad les dio la espalda y nadie puede reprochar a nadie por ello.
Ahí está el caso, patético, del diputado del Partido Verde Ecologista Juan Carlos Natale, quien se volvió la burla nacional al salir en defensa de la clase política cuando afirmó, desde su ignorancia y ceguera, que “nada le llena” a la sociedad que por esos días acusaba a los políticos de usar con fines electorales la tragedia del sismo del 19 de septiembre. El de Natale, sin duda, un caso emblemático de la miserable clase política con la que desgraciadamente nos tocó vivir.
En tanto, en los momentos más difíciles tras el temblor, en las calles y los centros de acopio era frecuente escuchar la aclaración de que los víveres y artículos recolectados no pasarían por ninguna mano ligada a la política o alguna dependencia estatal o federal. Esto generaba cierto alivio al donante, que prefirió llevar su ayuda a la Cruz Roja que a cualquiera de los centros de acopio del gobierno.
La tremenda suspicacia, incluso, empujó a mucha gente a tomar su propio camino para entregar la ayuda directamente a los damnificados, sin intermediarios. Sólo así estuvieron convencidos de que los productos llegaron a su destino y no se desviaron por el camino hacia la casa de algún politiquillo con tanta audacia como cinismo.
Ahora, a dos semanas –y contando- del sismo, se han levantado voces en el país y en nuestro estado, sobre todo de la iniciativa privada y académicos, que exigen transparencia en la aplicación de los recursos destinados a la etapa de reconstrucción. Son miles de millones de dólares los que han llegado desde el extranjero y hoy bien a bien nadie sabe con exactitud quién maneja ese dinero o qué usó se le dará, si es que alguno se le dará.
Así, en plena tragedia, la desconfianza ciudadana no sólo se hizo patente, sino que mostró su verdadera magnitud, que es monumental.
Pero, terca y obtusa, la clase política no lo ha entendido así o no le interesa tomarlo en cuenta.
Sólo es cosa de ver el grotesco –y por eso, penoso- espectáculo de los partidos arrebatándose como verduleras (con perdón de las verduleras) la iniciativa de destinar el millonario financiamiento público que reciben, a la reconstrucción de viviendas, escuelas e iglesias dañadas por el terremoto.
Un show que, como vimos el martes en la Cámara de Diputados, no está ayudando a reducir el enorme abismo –casi un divorcio de facto- entre sociedad y clase política nacional, está más preocupada por la siguiente elección y extraviada en su retórica, su populismo, su egoísmo y su demagogia, que en las verdaderas urgencias de una nación que busca salir adelante en medio de graves y enormes dificultades.
Aquí en Puebla, los políticos tampoco parecen entender los tiempos que vive el país; la muestra es la opacidad con la que se conducen los tres poderes, los organismos, los colegios, las universidades, los ayuntamientos, los sindicatos y, sobre todos, los partidos políticos.
Así lo exhibió el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), cuando en agosto lanzó el diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, donde los 339 sujetos obligados de la entidad no se libraron de tener observaciones.
A cinco semanas de este análisis, el ITAIPUE los volvió a exhibir cuando sólo el 40 por ciento las atendió, según dijo la semana pasada la comisionada Gabriela Sierra durante una entrevista.
Es por demás evidente que la clase política elude hacer lo que le corresponde porque simplemente no le importa la demanda de la gente, como tampoco rescatar a las instituciones que desde hace mucho se encuentran en crisis de credibilidad y varias de ellas hasta de legitimidad.
Y ni siquiera para simular ahora que son tiempos electorales.
¡Y vaya que simular es lo que mejor saben hacer!