Por su presunta vinculación con grupos criminales, por conflictos políticos y sociales, o por las tres causas, muchos presidentes municipales en el estado se han convertido en una pesada loza para la sociedad y la gobernabilidad, y es previsible que harán mucho daño a sus respectivos candidatos a ediles, diputados locales y federales y a la gubernatura en el actual proceso electoral. Son los alcaldes-lastre y los hay en todos los partidos.
San Martín Texmelucan, en donde la semana pasada intervinieron las fuerzas federales y estatales, no es el único caso en que la delincuencia desbordó e infiltró a las autoridades municipales.
Su alcalde, Rafael Núñez Ramírez, no es el único que se ha visto en la franja de la sospecha por hechos así, que tendrán en definitiva un saldo negativo grave para su opción política, además de las consecuencias funestas que ya de sí representan sus omisiones y acciones.
Muchos de esos presidentes municipales con cuentas pendientes con la justicia o incapacidad para gobernar ya respiraban con tranquilidad, hasta que el Operativo Texmelucan, que decretó el gobernador Tony Gali, les recordó que pueden estar todavía en la mira.
Hasta ahora, pues falta ver qué pasará con el texmeluquense Núñez, solamente están en la cárcel por su presunta relación con delincuentes, los hoy ex alcaldes de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, y de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde.
El primero por su supuesta participación en el asesinato de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el segundo por sus vínculos con el huachicol.
Por este último tema quedaron pendientes las investigaciones, que ya estaban en curso, contra los primeros ediles Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco; Antonio Aguilar Reyes, de Acajete, y Néstor Camarillo Medina, de Quecholac, quien incluso ahora está con licencia y busca una diputación federal arropado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ellos debieron comparecer en varias ocasiones ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin que -hasta hoy- haya resultados concretos más allá del ex presidente de Palmar de Bravo.
Esos alcaldes, hoy metidos en las campañas de sus partidos, intentando, como en el caso de Inés Saturnino, imponer en el cargo a su hermano, suponían que ya la habían librado.
No son los únicos.
La lista de la PGR llegó a 15.
Entre ellos, también el de Tepeaca, David Huerta Ruiz; de Acatzigo, Carlos Alejandro Valdés Tenorio; de Esperanza, Eduardo Barojas Huerta; de Huixcolotla, Filomeno Cruz Gutiérrez; de Felipe Ángeles, Leonardo Gómez Octaviano, y el de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) con licencia y ahora también buscando el cobijo del fuero legislativo federal, Juan Navarro Rodríguez.
Son incontables los incidentes de violencia, enfrentamientos con fuego de alto calibre, levantamientos, asesinatos y desapariciones que se han registrado en esa zona del estado.
Está el otro extremo, pues no solamente en el tema de la seguridad, sino de la gobernabilidad también, hay primeros ediles que son un estorbo electoral.
Tecamachalco y Tehuacán son los ejemplos más claros.
En el primero, son innumerables los problemas que el alcalde Inés Saturnino tuvo con sus propios colaboradores y miembros del Cabildo con temas de violencia de género -además de los asuntos de huachicol-, así como sus escándalos de excesos en gastos, en algunos casos para fiestas, y desatención a los ciudadanos.
Él se convirtió en el paradigma del mal funcionario de, en este caso, el Partido Acción Nacional (PAN), que ahora debe remar en las urnas contra esa pésima imagen en ese municipio.
En Tehuacán, la pesada loza política la representa la “pareja presidencial” de Ernestina Fernández Méndez, alcaldesa formal, y Álvaro Alatriste Hidalgo, mandamás de facto.
Los priístas, que son repudiados hasta en el mismo tricolor, han dejado una larga estela de conflictos políticos, sociales y de seguridad, que tienen gravemente herido al Partido Revolucionario Institucional en esa región, que antes le fue cómoda.
Tehuacán, aislado del huachicol, sin embargo enfrenta una gravísima -e inédita en su historia- crisis de inseguridad.
En aquel, el otrora segundo municipio más importante del estado, todos, incluso los priístas, coinciden en la urgencia de medidas radicales para enfrentar al crimen organizado que extorsiona, roba y asesina, además de la delincuencia común, que han paralizado esa ciudad.
Son esos ediles los que se convirtieron, al paso de estos más de 4 años de gobierno, en lastres.
Negativos políticos para sus partidos.
Para la sociedad, por su inacción e ineficiencia.
Y muy posiblemente, también para la justicia, por sus presuntas relaciones criminales.
Sus gestiones estarán este 1 de julio en evaluación.
Además de los candidatos de sus partidos, serán ellos los calificados.
Y en estos casos, está claro que todos ellos representan piedras de tropiezo.