Adjudicaciones directas ilegales, compras y adquisiciones sin licitar, inexistencia de recibos fiscales, contratos sin firmas, gastos sin comprobar y falta de estados financieros relacionados con obra pública, conforman la larga lista de anomalías que dejó, tan solo en el ejercicio 2015, el hoy diputado lopezobradorista Juan José Espinosa Torres, como alcalde de San Pedro Cholula, lo que representarían un daño al erario por más de 33 millones 60 mil pesos.
Los datos, a los que tuvo acceso este reportero, dejan en evidencia el porqué del desmedido interés del llamado JJ por seguir al frente de la Comisión Inspectora de la LX Legislatura local, a pesar del flagrante conflicto de intereses.
Será él, quien además hoy encabeza y provoca los disensos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Puebla, quien conduzca los trabajos de la revisión de sus cuentas públicas como alcalde.
La cascada de irregularidades que dejó Espinosa van desde aparentes desfalcos menores, hasta quebrantos descomunales, que suman esos más de 30 millones de pesos que, al menos, sustentarían requerimientos administrativos y otras sanciones más graves, incluso en el terreo penal, que debería iniciar y solicitar la Auditoría Superior del Estado.
La larga lista la conforman observaciones por cerca de medio millón de pesos por alimentos y utensilios, hasta gastos en combustibles y lubricantes con deficiencias en su comprobación por casi 17 millones de pesos.
Eso, en el rubro de compras y adquisiciones, cuyo monto irregular llega a los 20.7 millones de pesos.
Sin embargo, en el tema de adjudicaciones directas, se documentó el incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
El monto total de erogaciones en este apartado que “no está debidamente fundado” configuran un posible daño patrimonial por 10.55 millones de pesos.
Hay en este rubro también anomalías en cinco apartados, pero destaca el de “Servicios Oficiales” por 5.58 millones de pesos, por citar un ejemplo.
La conclusión del documento al que se tuvo acceso y que detalla cada observación, números de expediente y montos con pesos y centavos, es contundente:
El JJ no realizó una administración ni transparente ni ordenada.
Será trabajo de la ASE y de otras instancias fincar responsabilidades.
Lo cierto es que, si así como entorpece el trabajo legislativo, pone piedras, como presidente de la Comisión Instructora, a la revisión de su cuenta 2015, se avecinan más tormentas en el Congreso.
¿Con qué ley condenarse, si es JJ juez y parte de sus andanzas?