Con un piso de un peso, para el aumento al precio del transporte público en Puebla capital, de 6 a 7 pesos en camiones y 5.5 a 6.5 en combis y vehículos tipo Van, este jueves Miguel Barbosa retoma en sus manos, pues la había comenzado como mandatario electo a finales de junio, directamente la negociación con los concesionarios. Sobre la mesa y en un escenario en el que sabe moverse muy bien, como hábil interlocutor, desde sus tiempos como parlamentario, el gobernador pondrá también otros temas más allá del económico: la revisión de rutas y permisos, la seguridad en las unidades, en general la calidad del servicio. Ya lo advirtió el lunes pasado: “va a haber un aumento, el que la sociedad pueda soportar”.
A pesar de que pudo dejar que el gobierno interino, que encabezó el priísta Guillermo Pacheco Pulido, asumiera el costo político de este incremento, Barbosa decidió llevarlo personalmente.
Y en los tiempos de su gubernatura.
A diferencia de otras ocasiones, en las que solamente se abordaba el asunto de pesos y centavos, ahora el mandatario exigirá a los transportistas mejoras notables e inmediatas.
E innegociables.
Sin espacio al debate.
De otro modo, poco o nada podrán los interesados hacer para poder variar la oferta de un peso de aumento solamente.
Es la misma propuesta gubernamental que se traía en el escenario desde principios de diciembre de 2018, cuando el gobernador era Tony Gali.
En la visión de la administración borbosista está aprovechar esta coyuntura, de sobra necesaria, pues no hay incremento desde 2010, para obligar a la mejora sustancial del servicio.
El reordenamiento también está en su intención.
Pero Barbosa sabe que esto es de ida y vuelta.
Así fue antes su ruta de éxito como negociador legislativo y político en el pasado.
Por ello, desde el gobierno del estado hay compromisos, que benefician al transporte, a los transportistas, a los usuarios y a los choferes.
Habrá más cámaras y botones de pánico para el transporte.
También se analizan opciones de otros equipamientos para mayor seguridad.
Y hay asimismo una clara advertencia del gobernador: “si confirmamos que es un permiso pirata, entonces será cancelada (la concesión) y además se tomarán otras medidas que marca la ley”.
Los transportistas y líderes de las organizaciones que serán recibidos por el gobernador este jueves tienen, algunos de ellos, expectativas muy altas.
Suponen que se puede llevar el costo hasta los 10 pesos.
Su principal argumento es que el último incremento del pasaje tiene 9 años de antigüedad, cuando Mario Marín Torres tuvo que asumir el costo político, para dejar la casa en paz al gobernador entrante, el finado Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, al menos tradicionalmente, no han presentado un plan bien estructurado para mejorar el servicio.
Ahora deberá ser distinto: para pedir, deberán ofrecer.
Ese es el estilo de negociación que le gusta a Barbosa, si es que pretenden conseguir que suba el piso de un peso, para el incremento.
De otro modo, nada van a conseguir.
Por cierto: el tema será la prueba de fuego de Guillermo Aréchiga como secretario del ramo; ahí se verá si sólo está de vacaciones o si realmente tiene la altura que su cargo demanda.