Con un diagnóstico certero y muy duro, tanto como la realidad de la inseguridad en Puebla capital, el gobierno del estado ha definido que toma el control de ésta, la principal tarea del Ayuntamiento, al asumir el mando de la Seguridad Pública en todo el Territorio del Municipio. Con base en sus facultades constitucionales, el gobernador Miguel Barbosa Huerta emitió el decreto correspondiente. Sin muchos comentarios -no había margen para ello-, lo aceptó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, sin renunciar a la vía de la controversia que inició ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta acción busca incluso atajar la llegada a la capital poblana de grupos delictivos de alto calibre, de penetración profunda, poder y violencia sin límites. Que sea por el bien de los poblanos y queden al margen las visiones políticas.
Con fecha de este miércoles, el gobernador emitió el decreto en el que reconoce algún avance en esta tarea, pero señala sin eufemismos las fallas.
Ha faltado capacidad.
Urge una estrategia real y contundente.
Es inminente, con esta decisión, una depuración policial total.
Una mejoría de los procesos de reclutamiento y permanencia de los efectivos.
Se adelanta en el documento que habrá ahora “acción sin contemplaciones” contra la delincuencia.
Plantea también la necesidad de reestablecer los “mecanismos más básicos de control en las corporaciones”.
Sentencia que los cuerpos policiacos de municipio “han presentado casos que exhiben la ausencia de valores y ética”.
Pero lo que hace válida la intervención del gobierno estatal, lo que le da su justificación constitucional, es el estado de emergencia que existe.
“De fuerza mayor o alteración grave del orden público”, establece el 105 de la Constitución local.
No es por el Covid-19.
Sino por la imposibilidad de que, dejando las cosas como están, haya una mejoría.
Y esa urge.
Existen muchas alertas encendidas.
El mapa y las características de la delincuencia en Puebla capital son graves.
“Es innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados municipales, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos”, describe el decreto en sus considerandos.
Hay ya verdaderas redes criminales.
Que gozan de impunidad.
Un alto poder de “organización, armas de fuego y vinculación con otras células delictivas importantes, lo cual se ha permitido, rebase las capacidades del ámbito municipal”.
Sí, las corporaciones municipales están rebasadas.
Infiltradas.
Y viene lo peor.
“Fuentes de seguridad refieren que Los Zetas y Familia Michoacana, registran operaciones sólidas en los últimos años en Puebla; mientras que Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan”.
La advertencia es contundente y de ahí el freno que se busca establecer con este relevo de mandos.
“Puebla Capital, representa uno de los objetivos prioritarios del CJNG”.
Suena escalofriante.
Terrible.
Claudia Rivera Vivanco respondió en un comunicado que ha girado las instrucciones conducentes.
Que haya suerte.
Buenos resultados.
Que se deje de lado cualquier disenso personal o de grupos.
Puebla y los poblanos merecemos mayor seguridad.