A través de un complejo entramado, que involucró a 11 empresas, algunas creadas ex profeso y con direcciones inexistentes; 13 notarios públicos, que validaron su constitución, a pesar de las anomalías; siete entidades del gobierno del estado y tres funcionarios clave, en Puebla se realizó en el anterior régimen lo que muestra todas las huellas de ser un descomunal fraude, por más de mil millones de pesos, con obras de las que no hay evidencia de que se hayan realizado, en muchos casos.
El desfalco sin precedentes, que se realizó en las etapas conocidas como morenovallismo y galismo, tuvo como dispensador del dinero público al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos en el Estado de Puebla (CAPCEE), para beneficiar con el otorgamiento de obras a las que hoy están consideradas como Empresas Factureras de Operaciones Simuladas (EFOS), por parte de las autoridades fiscales del país.
El primer paso para este presunto fraude con el CAPCEE fue la modificación de su decreto de creación -que data de 1998-, que circunscribía al organismo solamente a la edificación de espacios educativos. De ese modo, lo convirtieron en el morenovallismo en una entidad “construye todo”.
En esta etapa y el gobierno que siguió al que encabezó el finado Rafael Moreno Valle, a través del CPCEE, se construyeron algunas de las “obras faraónicas”, por suntuosas y poco útiles, como los arcos de seguridad, el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Museo Regional de Cholula y las Casas de Justicia, algunas prácticamente abandonadas en los municipios, pues son inoperantes.
Un papel especial en esta trama millonaria jugó la participación del organismo y sus 11 empresas “favoritas” en la reconstrucción de inmuebles por los terremotos de 2017, en donde hay una larga y evidente estela de anomalías, opacidad y pendientes.
Así, torciendo las normas y violando la ley, con el involucramiento de particulares, funcionarios y fedatarios con patentes públicas, es como los gobiernos de Moreno Valle, primero, y luego de José Antonio Gali Fayad, ampliaron lo que se ha denominado “modelo de negocios” que hicieron de la administración pública, de acuerdo con una investigación detallada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), con nombres, direcciones y montos de los presuntos participantes, a la que Puebla On Line tuvo acceso.
Las 11 “factureras”
En el periodo del morenogalismo (2011-2018), el CAPCEE trabajó de manera especial con 11 constructoras, a las que otorgó contratos, por asignación directa, por un monto que suma mil 086 millones 986 mil 609.60 pesos.
Aunado a lo anterior, esas mismas empresas trabajaron directamente con otras siete dependencias públicas de las que recibieron 272 millones de pesos.
Lo trascendente es que las 11, que fueron creadas entre 2011 y 2015, cuando ya estaba en marcha la administración morenovallista, y de ellas ocho tienen a los mismos accionistas y representantes legales, están catalogadas como Empresas Factureras de Operaciones Simuladas (EFOS); es decir, sirven literalmente para el lavado de dinero, pero no prestan, como se supone es su objetivo, bienes y servicios.
Entre el cúmulo de anomalías que presentan, y que, a la hora de avalarlas, no vieron los 13 notarios que están involucrados, sus direcciones fiscales son o bien predios baldíos, casas abandonadas, inmuebles que se dedican a otros usos o, en un caso, hasta una vinatería.
Dos nombres de particulares sobresalen como articuladores de este presunto desfalco al erario poblano y que son recurrentes en algunas de estas 11 empresas: César Ulises Cabello Valdespino y su hijo, César Cabello Mendizábal.
Tres son los funcionarios públicos que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, habrían sido los protagonistas de la maraña del presunto fraude:
Eduardo Tovilla Lara, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, y efímero secretario de Finanzas, por 10 días, durante el malogrado gobierno de Martha Érika Alonso Hidalgo.
xÓscar Chapa Palomeque, quien fue director del CAPCEE y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Y Raúl Egremy Palomeque, quien fue director general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, considerado “el brazo derecho de Eduardo Tovilla”, y además tío en primer grado de Óscar Chapa Palomeque, de acuerdo con las indagatorias.
Las 11 empresas involucradas y catalogadas hoy como EFOS y los montos que recibieron del CAPCEE son:
Proyecciones en Obra Civil y Carreteras Beta, S. A. de C. V., 436 millones 067 mil 478.30 pesos
FATPAD Proyectos S.A. de C.V., 141 millones 470 mil 126.83 pesos.
Grupo Constructor e Inmobiliario BUHOK, S. A. de C. V., 118 millones 946 mil 616.40 pesos.
GRUCECA Constructor Pavimentos y Obra Civil S.A. de C.V., 105 millones 205 mil 121.70 pesos.
AVERY S.A. de C.V., 78 millones 416 mil 838.56 pesos.
Acabados y Marmol Constructora S.A. de C.V., 62 millones 756 mil 644.99 pesos.
Distribuidora RULBE S.A. de C.V., 40 millones 408 mil 131.19 pesos.
Comercializadora FEROSETT S.A. de C.V., 30 millones 529 mil 221.73 pesos.
FORUM CAPELLI S.A de C.V., 30 millones 427 mil 616.24 pesos.
Corporación CECA S.A. de C.V., 27 millones 577 mil 773.83 pesos.
Tecnologías para la Práctica de la Transformación Empresarial S.C., 15 millones 181 mil 039.83 pesos.
El total que recibieron estas 11 “constructoras”, así con comillas, pues no hay evidencia de las obras que realizaron, es de mil 086 millones 986 mil 609.60 pesos.
Los notarios
En el aval a estas 11 empresas o en las modificaciones a su constitución participaron en distintos momentos 13 notarios públicos.
Solamente una de ellas fue creada en 2007, pero el resto están registradas entre agosto de 2011 y 2015, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle, que comenzó en febrero de 2011, ya estaba en marcha.
Los notarios son:
Manuel Enrique Díaz y Pérez, corredor Público No. 9, Puebla, Pue.
Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano, Notario Público No. 1, Tlaxcala de Xicoténcatl.
Jorge Bedolla González, Notario Público No. 54 Puebla, Pue.
Juan Tejeda Foncerrada, Notario Público No. 2, Puebla, Pue.
Enrique Moreno Valle Sánchez, Notario Público No. 24, Puebla, Pue.
Ricardo Lucio Ibarra Cadena, Notario Público No. 4, Teziutlán, Pue.
María Emilia Sesma Téllez, Notario Público No. 3, San Pedro Cholula, Pue.
Víctor Manuel Cortes Leyva, Notario Público No. 29, Puebla, Pue.
Francisco Javier Vázquez Ovando, Notario Público No. 26, Puebla, Pue.
Carlos Alberto Julián y Nacer, Notario Público No. 57, Puebla, Pue.
Wilma Julián Ruiz, Notario Público No. 26, Puebla, Pue.
Rafael Gutiérrez Ruiz, Notario Público 31, Puebla. Pue.
María Victoria Bustos Soto, Notario Público 10 Puebla. Pue.
Las otras dependencias
Además de la adjudicación directa de obras por el monto de más de mil millones de pesos que hizo el CAPCEE, estas empresas, funcionarios y particulares están involucrados en la “realización” de obras de las que no existe evidencia física y documental de su entrega en siete dependencias y entidades del gobierno del estado, en la etapa del morenogalismo, por un monto superior a los 272 millones de pesos.
La Secretaría de Infraestructura y Transportes entregó 175.1 millones de pesos.
Secretaría de Salud, 48.2 millones de pesos.
Secretaría de Finanzas, 25 millones de pesos.
Secretaría de Educación Pública, 7.3 millones de pesos.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), 6.2 millones de pesos.
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), 1.4 millones de pesos.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), 282 mil pesos.
En la entrega del martes, Puebla On Line detallará las anomalías en que incurrieron los particulares involucrados y sus empresas, que están catalogadas como Empresas Factureras de Operaciones Simuladas (EFOS), con domicilios falsos o simplemente con rastro que pretendió ser de humo.