CERTIFICACIÓN DE LITIGANTES, EL GRAN PENDIENTE PARA LA VERDADERA JUSTICIA

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La justicia en el país y en Puebla ha estado llena de podredumbre y obstrucciones sistémicas, que con la llegada del nuevo gobierno se han venido destapando. Hoy, conocemos de casos de jueces de consigna, juzgadores sin título ni cédula, dilación o apresuramiento deliberados en sentencias, todo un cúmulo de anomalías muy graves que habían llevado al ejercicio del derecho a una subasta al mejor postor, ya normalizada.

Recientemente hemos conocido del caso del junior del Mercedes Benz, quien presuntamente conducía con intoxicación etílica y atropelló al universitario Juan Carlos Medel.

El joven de 27 años, del municipio de Santa Clara Ocoyucan, el día en que murió había comenzado a trabajar en una gasolinería, para juntar el dinero que requería para liberar su título en psicología.

El caso ha causado indignación, por una avalancha de irregularidades que, se presume, buscan dejar en la impunidad este crimen.

En cualquier otra época hacia allá se estaría encaminando el caso.

Hoy no.

El gobierno de Miguel Barbosa ha tomado cartas en el asunto.

Ha cobijado a la familia de la víctima en su derecho, sobre la que, también en cualquier otra época, ya se hubiera pasado por encima.

Particularmente este lamentable homicidio ha puesto a la vista los vicios en que suelen incurrir muchos litigantes.

Aquellos abogados que, con la habilidad que les dan los años en los pleitos de barandilla, hacen de la justicia una mercancía.

Sin moral.

Sin ética.

Sin recato y sin respeto a los derechos humanos.

A la familia Medel le tocó uno de ellos.

Aún el cuerpo del joven universitario no tenía sepultura, cuando el junior del Mercedes ya estaba en su casa, el pasado 27 de noviembre.

La indignación en la opinión pública es mayúscula.

Está involucrado en la presunta traición a la familia agraviada un abogado que en la era morenovallista fue beneficiario irregularmente con la Notaría Número 10 de Tehuacán.

Por ello, hay procesos abiertos.

En este caso, presuntamente Alejandro Julián Rosas Moro, como asesor de la familia Medel, “se vendió” con la parte del agresor y así se consiguió su liberación.

Una historia muchas veces repetida.

Pero que ahora tiene frente a sí una administración que ha dicho que “no”, que la justicia no está en venta.

Hay investigaciones en torno a todos los presuntos cómplices de este caso.

De ahí, la reflexión de que además del correcto andamiaje legislativo y jurídico y la limpieza en las instituciones, urge la certificación de los litigantes.

Ahí hay también muchos cabos sueltos.

Muchos abogados reciben título y cédula, pero nadie garantiza que sean buenos litigantes, con ética y honorabilidad.

Hay por ahí muchos de ellos cazando clientes.

Luego, en realidad no pierden los casos, sino que se dejan ganar.

O perder.

Siempre el dinero está de por medio.

A diferencia de Estados Unidos y otros países, en México no hay barras que certifiquen a los litigantes.

En cada estado de la Unión Americana, por ejemplo, una barra hace exámenes para otorgar licencias a los abogados.

De otro modo, no pueden litigar en esas cortes.

Y esas pruebas son muy complicadas. No cualquiera las aprueba.

En nuestro país y en nuestro estado eso no ha ocurrido nunca.

Aquí con la cédula basta.

Hay colegios de abogados y también “barras” locales, que se dedican más a la grilla que a la vigilancia del ejercicio profesional de sus agremiados.

Esas asociaciones a nivel nacional son un poco más serias.

Pero realmente no hay entes certificadores ni capacitadores.

Otros gremios sí lo hacen.

Por ejemplo, los médicos cirujanos cada dos años tienen que certificarse.

La justicia, plena, limpia y expedita, inexorablemente deberá pasar por ello también.

Este caso nos lo ha mostrado.

Pero hay otros asuntos similares, paralelos.

El pasado 13 de julio, en las páginas de Crónica Puebla le expusimos el caso de Alejandro León Flores.

El ex titular del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, quien durante nueve años lucró con una cadena de corrupción, tráfico de influencias y dilación u obstrucción de la justicia.

Además de ser el “juez de consigna” del morenovallismo, el abogado pedía fuertes sumas de dinero a los enjuiciados y sus familias, con la falsa oferta de irlos “ayudando en sus asuntos”.

Así, entorpeció sistemáticamente, y de mala fe, muchos juicios.

Pero además ejerció sin título y sin cédula por más de 30 años.

Eso debe terminarse de tajo.

La justicia debe ser una realidad.

No solamente una aspiración idílica.

gar_pro@hotmail.com

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