Arturo Luna Silva
En verdaderos aprietos están los dos principales partidos políticos de Puebla, pues con el proceso electoral 2010 ya en marcha, y las ambiciones personales desatadas, resulta que no tienen árbitro.
Un árbitro, obviamente, que conduzca en términos de equidad, igualdad, transparencia e imparcialidad la elección de sus respectivos candidatos al gobierno del estado, decisiones que modificarán, para bien o para mal, el rumbo de los poblanos.
Hasta hoy, por desgracia, ni PRI ni PAN tienen a ese réferi desapasionado y apartado de intereses de facción, que con cabeza fría, y sentido común sobre todo, lleve a buen puerto y dé legitimidad y legalidad a los procesos internos que actualmente se viven con intensidad en dos planos: uno, entre las élites; otro, entre las militancias, ambos sin embargo igual de trascendentes.
En el caso de los priístas, no son pocos los que empiezan a preguntarse sobre el singular rol que viene desempeñando Alejandro Armenta Mier como juez y parte de una contienda que de por sí arrancó con los “dados cargados”.
Su cercanía a uno de los aspirantes, su compadre Javier López Zavala, lo pone en una situación difícil e incluso en condiciones de vulnerabilidad y debilidad irrefutables. Cualquier acción, pero también cualquier omisión, se interpreta por el resto de los contendientes (los rebeldes Enrique Doger, Jesús Morales, Blanca Alcalá, Alberto Amador y Jorge Estefan) como una grosera intromisión a favor del “delfín” de Mario Marín.
Aunque Armenta insista –y se esfuerce todos los días- en poner una sana distancia respecto al secretario de Desarrollo Social, su trabajo como “árbitro” del PRI termina, inevitablemente, por contaminarse del virus de la sospecha.
Y es que su problema es un problema de autoridad moral –y también política- para conducir el proceso sin cartas marcadas, para poner orden donde pueda haber desorden (sin que nadie le cuestione su mando) y para hacer que las reglas sean respetadas por todos, y también aplicadas a todos, sin excepciones ni exclusiones deliberadas.
Ya la actuación de Armenta ha sido severamente cuestionada por algunos de quienes aspiran a Casa Puebla. Doger, en especial, ha dicho con insistencia que aunque no hay nadie que sea químicamente puro -cosa que es cierta-, “es inaceptable que se use la estructura y recursos del partido para fortalecer de manera artificial a un “amigo”, porque se deslegitima el proceso interno y se daña el priísmo”. Similares señalamientos han sido formulados, en corto o en largo, por el resto de los competidores, y los gritos y pataleos comienzan a llegar al entorno de la lideresa nacional Beatriz Paredes.
¿Qué tan cara o que tan barata, en términos de costo político, puede salir al proyecto transexenal de Marín la permanencia de Armenta al frente del PRI?, ¿qué tan útil es ya el propio Alejandro a los fines del mismo López Zavala, si empieza a ser acusado de réferi parcial y tendencioso? y ¿cómo le (y se) ayuda más: adentro o afuera de la dirigencia estatal del tricolor?, son acaso tres de las preguntas que el grupo en el poder debe forzosamente hacerse, y responderse, si quiere precisamente extender su poder, preservar la unidad entre los priístas, elegir un candidato fuerte y legítimo, y evitar las escisiones, las rupturas y hasta los cuestionamientos y reveses legales por la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Un caso similar –que no idéntico- es el que se vive en el PAN, donde Rafael Micalco Méndez es ubicado no como un juez imparcial y objetivo, sino más bien como parte esencial del proyecto del senador Rafael Moreno Valle.
Severa y permanentemente cuestionado por esa razón por Ana Teresa Aranda, Jorge Ocejo y Humberto Aguilar, el actual dirigente estatal de Acción Nacional no luce como el árbitro justo y equitativo que reclaman la mayoría de los panistas, pues si bien en el día a día ha tratado de cuidar las formas, su inclinación hacia el ex priísta es inocultable y no sólo eso: documentable.
Por supuesto que las sonoras derrotas electorales de 2007 y 2009 lo ponen en verdaderos predicamentos de cara al futuro, pero quizá sea ese factor, el de la imparcialidad, el que más ha impedido que Micalco Méndez logre reelegirse para un periodo más, tal y como se lo permiten los estatutos del PAN, incluso en automático.
Y es que sencillamente no ha logrado convencer al CEN de que podrá dejar de lado sus afinidades y conducir sin dados cargados el proceso de elección del candidato a la gubernatura. No goza de las confianzas ni del respeto de los actores de la contienda interna, salvo uno. Su autoridad para fijar reglas y vigilar que se cumplan es nula. Para colmo, su voz se escucha débil y hueca.
Anoche mismo trascendía que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN votó por unanimidad a favor de que la elección del nuevo líder estatal del partido sea el 10 de octubre.
A través de un comunicado, Humberto Aguilar reaccionó y pidió precisamente que el nuevo dirigente “garantice equidad en la contienda para todos los interesados en puestos de elección”.
Y Micalco, mientras tanto, seguía dudando en postularse para un periodo más, seguramente porque sabe que su posición como réferi no será ni cómoda ni fácil, que a la hora de las definiciones resultará cuestionado y exhibido, y que quizá seguir al frente del PAN vaya más en contra que a favor del proyecto de Moreno Valle.
Sí, PRI y PAN buscan árbitros. Árbitros que no estén, digamos, vendidos.