Arturo Luna Silva
Mientras la ya de por sí diminuta clase política local demuestra su pequeñez discursiva y programática al enfrascarse en nuevas guerras tribales por nuevas y más fructíferas cuotas de poder, surgen como imperiosas e inaplazables discusiones formales y reales sobre la verdadera viabilidad y funcionalidad del régimen legal que norma los procesos electorales en México.
Y es que si algo demostró el electorero 2010 es el rotundo fracaso de aquella reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en noviembre de 2007, que modificó nueve artículos de la Constitución, entre ellos el 116, lo que obligó a los estados –incluido Puebla- a cambiar sus respectivas leyes para establecer como día de su jornada electoral el primer domingo de julio del año correspondiente.
No nos hagamos. Los salvajes procesos comiciales vividos aquí, en Oaxaca, Veracruz, Sinaloa o Tlaxcala comprobaron lo que ya se temía: que homologar los calendarios electorales no cumplió con los objetivos buscados en la reforma electoral de 2007: no provocó ahorros, no redujo el tiempo efectivo de las campañas y no contribuyó a generar un clima de mayor entendimiento entre los partidos políticos nacionales.
Para hacer las modificaciones constitucionales, el Congreso argumentó que hacía suyo el reclamo social en contra de los calendarios electorales dispersos, que motivaban contiendas permanentes entre los actores políticos, paralización de proyectos de desarrollo ante la falta de acuerdos y campañas largas y costosas: en el 2008 las elecciones locales se desarrollaron en fechas distintas debido a que los congresos no habían hecho las reformas a sus constituciones; en 2009, 11 entidades tuvieron elecciones el 5 de julio, concurrentes con la federal, pero Tabasco y Coahuila fueron a las urnas el 18 de octubre. Fue 2010 cuando realmente se puso a prueba la gran, gran reforma electoral, y hoy el resultado puede calificarse de pésimo.
Y es que contrario a lo que se buscaba, las 14 elecciones del año (13 de ellas realizadas el 4 de julio y sólo Yucatán el 16 de mayo) costaron mil millones de pesos más que en los años anteriores comparables, sus campañas fueron igual de largas y, para colmo, no hubo poder humano que frenara o regulara aspectos torales como el derroche de recursos públicos, la intervención de los gobiernos federal, estatales y municipales a favor de sus candidatos, el lucro electoral de la pobreza y la guerra sucia, que marcó la pauta en entidades como Puebla, Veracruz o Oaxaca, entre otras.
El gasto que hicieron los partidos a nivel local y los institutos estatales electorales para organizar los comicios ascendió a 3 mil 712 millones de pesos. El dato duro está en que los mismos procesos, celebrados entre 2004 y 2005, tuvieron un costo de 2 mil 544 millones de pesos. Es decir, en 2010 se gastaron mil 168 millones de pesos más. En el caso de Puebla, los ciudadanos seguramente asistimos, impávidos, a la elección más cara de la historia.
En otras palabras: no hubo ahorro; de ninguna manera, sobre todo si se toma en cuenta que la misma reforma electoral fijó un supuesto mecanismo de acceso a los medios electrónicos de comunicación en el que quedó prohibida la contratación directa de espacios publicitarios, lo que hasta antes del 2007 representaba el principal gasto de los partidos. Por si fuera poco, las elecciones de 2010 empezaron en términos reales desde enero y el periodo de proselitismo de partidos y candidatos fue tan largo como hace seis años.
¿Entonces cuáles beneficios?
Urge, pues, una nueva reforma electoral. Una menos hipócrita que la aprobada por diputados y senadores en 2007. Una que sí funcione. Una que no simule la democracia. No es casual que en estos días se esté realizando un foro de análisis organizado por el CIDE, IFE y la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, en el D.F., precisamente para empezar a revisar no la lagunas, sino los océanos enteros de la legislación electoral vigente; de no hacerlo, 2011 y sobre todo 2012, cuando la elección presidencial, serán sencillamente caóticos en términos de legalidad y legitimidad de las nuevas autoridades.
Nadie debe extrañarse, por cierto, de la ausencia de voces poblanas en esta gran discusión. Como siempre, la clase política local está más ocupada en la puja por la repartición del poder (cargos, presupuestos, egos, etcétera) que en dotar de más y mejor instrumentos a los ciudadanos para la toma de decisiones. La construcción de una sociedad mejor dotada, más madura y mejor informada es lo último que les interesa. Y es que en Puebla, ya se vio, mandan los señores de la guerra.