Arturo Luna Silva
Hace unos días, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, aseguró que “el juez Leonardo Ruperto Treviño Musalem se ausentó de su cargo por motivos personales y no porque se haya iniciado una investigación en su contra debido a una presunta extorsión”.
También señaló que, hasta el momento, en el Tribunal no hay conocimiento de que se siga un proceso administrativo o judicial en contra de ese juez.
Sin embargo, si la memoria no nos falla, dicho juez está involucrado en el asunto del empresario consentido del marinismo, Ricardo Henaine Mezher.
Y los “autónomos” e “independientes” miembros del tribunal, para dar una demostración de poder y –sobre todo- de buena voluntad hacia el gobernador Rafael Moreno Valle, ya ofrecieron la primera cabeza al nuevo mandatario: la del juez de Teziutlán y ex Noveno de lo Civil Enrique Romero Razo, precisamente el principal encargado de quitarle la administración del equipo Puebla F.C. al accionista Francisco Bernat Cid para entregársela al también dueño de Valle Fantástico y del periódico El Heraldo de Puebla.
Hay que recordar que el juez Enrique Romero Razo, adscrito a Teziutlán, fue cesado de sus funciones por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, luego de que fue señalado de actuar de forma parcial en el caso de los conflictos internos con el Puebla de la Franja.
En el diario Intolerancia se publicó un desplegado firmado por el juez Cesar Iván Bermúdez Minutti, en el que, a nombre de los jueces de primera instancia, se defendió con uñas y dientes a Treviño Musalem.
Asimismo, en El Sol de Puebla, el juez Enrique Romero Razo difundió a su vez un desplegado en el que rechazó que todos los jueces de primera instancia apoyaran a Treviño Musalem y, por el contrario, solicitó que se investigara el presunto acto de corrupción al haber aceptado un millonario soborno de parte de Bernat para influir a favor de su causa. Incluso solicitó que Treviño Musalem diera a conocer sus estados de cuenta.
La realidad es que la sanción sobre Romero Razo radica en sus puntuales señalamientos hacia el funcionamiento interno del poder Judicial de Puebla y sobre la serie de actos de nepotismo y corrupción en el Tribunal Superior de Justicia, es decir, en la ruptura del pacto de silencio (omertá, dirían los mafiosos italianos) en eso que suelen llamar La Nomenclatura.
Y es que desde su renuncia a esa “hermandad” conocida como Jueces Por la Paz Desde el Derecho, Romero Razo se convirtió en el único juez independiente en todo el Tribunal Superior de Justicia. O más bien en un náufrago, que en el “pecado” llevó la penitencia.
Pero como atinadamente señaló el periodista Ignacio Juárez Galindo en su Off The Récord del pasado 11 de enero, el despido del juez tenía varios fines, pero dos fundamentales:
“El primer mensaje, el más importante, sería la operatividad del futuro gobierno estatal al seno del poder Judicial que tendría como finalidad orquestar una campaña contra Ricardo Henaine Mezher a fin de hacerlo desistirse del comodato que tiene de los terrenos en la zona de Angelópolis que dan albergue a lo que la vox populi nombró como ‘Fraude Fantástico’”.
Y el segundo, “tiene que ver con la intención del poder Judicial de congratularse con ciertas determinaciones que pudieran ser del agrado del nuevo gobierno, de ahí que su respaldo vendría en sentar las bases para que pudieran proceder, de una u otra forma, contra Ricardo Henaine. Esta medida, además, tendría la finalidad de llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo al staff de abogados que actualmente representa al empresario poblano”.
Después de todo esto, cómo debemos tomar la cínica y mentirosa declaración del flamante presidente del tribunal, David López Muñoz, cuando afirmó en referencia a Treviño Musalem que “jamás se ha probado que sea responsable de alguna conducta delictiva, menos administrativa, si no existe esa situación está en todo su derecho de pedir licencia” (sic).
Pero los hechos son los hechos, y es difícil olvidar que el juez Leonardo Treviño quiso extorsionar a los abogados del empresario Henaine Mezher a cambio de que cediera la administración del Puebla de La Franja, pero los representantes legales del socio mayoritario del equipo de futbol se negaron a prestarse a esa negociación.
Sin embargo, no le extrañe que un día de estos López Muñoz, un mero empleado –eso sí está más que probado- del nuevo gobernador, salga a decir que el juez Romero Razo fue sacrificado “en aras de un futuro mejor para todos los poblanos”.
!!Qué bueno que ya cambió el tribunal y el concepto de justicia en nuestro estado!!
¡¡¡Viva la “independencia” del poder Judicial poblano!!!
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Ayer domingo se renovó la dirigencia del PAN en Tlaxcala, posición que recayó en Sergio González Hernández.
En dicho proceso, no exento de contratiempos, fungió como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional el presidente del blanquiazul en Puebla, Juan Carlos Mondragón Quintana.
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La que ya empezó a darle la vuelta a la mediocridad que reinaba en la Comisión de Acceso a la Información Pública es su nueva presidenta, Blanca Lilia Ibarra.
De hecho, en la pasada sesión de la CAIP presentó su plan de trabajo para los dos siguientes años.
Dicho plan tiene siete ejes de acción y como objetivo general, el de lograr un mayor impacto tanto en el ámbito público como en la sociedad para que el acceso a la información pública y la cultura de la transparencia en el estado de Puebla, sean una constante y no una excepción en el quehacer gubernamental.
En los próximos meses se buscará impulsar de manera novedosa la socialización del derecho de acceso a la información, a fin de que el mayor número de personas tenga un acercamiento directo con la información pública y encuentren en ella la utilidad social.
Blanca Lilia Ibarra va con todo para sacar del atolladero a la CAIP, a pesar del bajísimo presupuesto y la desconfianza ciudadana, la peor enemiga de la institución que encabeza.