Intensa, polémica pero productiva para Puebla fue la maratónica sesión de este jueves en el Congreso local.
Y es que no sólo se aprobó una dolorosa pero necesario reforma al ISSSTEP y se presentó una nueva Ley de Transparencia que –aunque perfectible- por fin cumple con los estándares nacionales, también se formalizó la Ley de Educación Superior, una añeja demanda de diversos sectores sociales y productivos relacionados con las universidades públicas y privadas del estado.
En el primer caso, la propuesta fue presentada por el PAN, a pesar de los evidentes costos políticos que conlleva.
En el segundo, el mérito pertenece a todos los partidos representados en la Cámara, pero el liderazgo de Acción Nacional, a través de Josefina Buxadé, es innegable.
Y en el tercero y último de los temas, la iniciativa corresponde al coordinador de los legisladores blanquiazules, Mario Riestra Piña, quien por varios meses cocinó y cabildeó con rectores y representantes de las universidades una ley de avanzada, a la altura del reto educativo que plantea un estado donde –ya se sabe- la cantidad de las instituciones no siempre corresponde a la calidad de las mismas.
Este último punto, el de la Ley de Educación Superior, es verdaderamente trascendente para los poblanos.
Y es que Puebla no sólo tiene vocación universitaria: su capital es ni más ni menos la segunda ciudad con mayor número de instituciones de educación superior en el país.
De ahí la urgencia e importancia de contar con un instrumento legal que por primera vez regule su funcionamiento bajo parámetros de eficiencia y calidad.
Pero también que incremente la cobertura, equidad y pertinencia de la educación superior.
Establezca las bases para la gestión, coordinación, planeación y evaluación.
Administre lo que corresponde a expedición y autentificación de documentos.
Y vigile la prestación de los servicios educativos de tipo superior que ofrecen los particulares y que hasta hoy salen de la vigilancia de las autoridades, lo que se presta toda clase de abusos.
La Ley Riestra contempla a las instituciones de educación superior descentralizadas y/o desconcentradas de la administración pública, aquellas que gozan de autonomía y hasta las escuelas normales públicas y privadas.
Pero sin duda su gran mérito radica en que pone fin al otorgamiento corrupto, interesado y discrecional de los RVOES (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que por años se convirtió en fuente de no pocos negocios ilícitos entre funcionarios y particulares, además de que empieza a pavimentar el camino para meter al orden a las numerosas universidades “patito” que por décadas, y casi siempre al amparo del poder en turno, crecieron y se multiplicaron hasta salirse de control.
De hecho fue la falta de estándares de calidad lo que provocó el nacimiento de la Ley de Educación Superior, ley que por si fuera poco –hay que subrayarlo- contó con el acuerdo, la participación y el aval de las principales instituciones del estado, como la BUAP, UDLAP, UIA y UPAEP, así como del grupo conocido como Actívate x Puebla y del titular de la SEP, Luis Maldonado.
Como dijo el propio Mario Riestra al presentar el documento final: con este paso, Puebla sentará un precedente en el desarrollo de la educación superior del país al ser la primera ley de una entidad en la materia, lo que no es poca cosa.
Si quiere consultar la iniciativa completa, dé click aquí:
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Este viernes se esperan movimientos de importancia en el Partido Nueva Alianza de Puebla. Y es que presentarán sus registros como precandidatos los siguientes personajes:
Por el distrito de Zacapoaxtla: Hugo Alejo Domínguez, como propietario, y Eric Lara Martínez, como suplente.
Por el distrito de Ajalpan: Cirilo Salas Hernández, como propietario, y Rosalio Zanatta Vidaurri, como suplente.
Y para el Senado: Guillermo Aréchiga Santamaría, como propietario, y Gerardo Islas Maldonado, como suplente.
Sí, el dirigente estatal del PANAL, y los secretarios generales de las secciones 23 y 51 del SNTE en el tablero de ajedrez de la profesora Elba Esther Gordillo.