Este jueves la contralora Patricia Leal Islas movió ficha y aseguró a los medios de comunicación que la dependencia a su cargo tiene abiertas ni más ni menos que 40 investigaciones contra igual número de funcionarios corruptos del sexenio encabezado por Mario Marín.
Leal Islas no lo dijo, pero se sabe que todo un equipo jurídico y técnico se ha encargado, desde hace por lo menos medio año, de integrar con un cuidado propio de un relojero todos los expedientes, que ya tiene en sus manos la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Víctor Carrancá.
Una fuente sumamente confiable me dijo este mismo jueves que el encarcelamiento del ex secretario de Salud de Marín, Alfredo Arango, no será el único, ni el último, y que en la lista de peces –grandes y medianos- , los casos prioritarios en la agenda morenovallista son los siguientes, para que nadie se confunda ni nadie se llame a sorpresa:
Javier García Ramírez, ex secretario de Obras Públicas.
David Villa Issa, ex subsecretario de Egresos.
Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas.
Eduardo Macip Zúñiga, ex director del Soapap.
Jorge Mendoza Velarde, ex subsecretario de Administración.
Rodolfo Chávez Carretero, ex director del Capcee.
Blas Villegas Lara, ex administrador general de la Ceaspue.
Antonio Hernández y Genis, ex director del Conalep.
Darío Carmona García, ex secretario de Educación Pública.
Hay que decir que, según la fuente, en todos estos asuntos hay suficientes elementos para presumir daño patrimonial o, en su defecto, enriquecimiento ilícito.
De ahí que nadie de ellos podrá gozar de los beneficios de la fracción I del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Puebla.
Misma que señala que las sanciones prescriben “en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente a 50 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado”.
En ninguno de los casos mencionados, evidentemente, el daño “no excede del equivalente a 50 días de salario mínimo”, por lo que incluso la Contraloría y la PGJ cuentan con un plazo adicional de hasta dos años más para terminar de integrar las acusaciones de tipo administrativo y penal.
Así que Alfredo Arango no pasará sus días, y sus noches, solo en el Cereso.
Alguien, sin duda, pronto le va a hacer compañía.
Y es que a esta historia, la de Marín y sus 40 ladrones, le falta todavía mucho, pero mucho, para terminar.
Al tiempo.
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Dicen que desde la detención de su compadre –que lo tomó totalmente por sorpresa-, prácticamente no sale de su notaría.
Que junto con su abogado, analiza con lupa una y otra vez, obsesiva y circularmente, las escrituras de los ranchos, las gasolineras, los terrenos, los edificios, las casas y los departamentos en el extranjero.
¿Por dónde podrían empezar a documentar la fortuna mal habida?
¿Cuál es el hilo que no deben hallar ni jalar para desenredar toda la madeja?
Y, ¡carajo!, la profesora que ya no contesta.
Que ya no devuelve las llamadas.
Que ya no responde los recados.
¿Desde cuándo los dioses se volvieron indiferentes?
Unos dioses indiferentes contra los que ahora, tras la borrachera de poder, es inútil rebelarse.