No falta el que se desgarra las vestiduras o llora como plañidera por la iniciativa presentada por el Ejecutivo del estado para que las 217 nuevas administraciones municipales, que entrarán en funciones en 2014, puedan acceder a un endeudamiento por hasta 3 mil millones de pesos o el equivalente al 25% del FISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal).
Son esas mismas voces las que desconocen –o callan- que la dichosa iniciativa es prácticamente igual a la que ha sido aprobada por el Legislativo en ya cinco ocasiones (dos a Melquiades Morales, dos a Mario Marín y una, en 2011, al propio Rafael Moreno Valle) y que esta vez, el proyecto mejora las anteriores versiones.
Y es que por primera ocasión establece tres importantes candados: no es forzoso que un alcalde adquiera un crédito; en el caso de los que sí opten por esta vía de financiamiento, tendrán que liquidar el empréstito solicitado antes de concluir su administración; y el gobierno estatal no será el aval, sólo emitirá el dictamen de capacidad de pago.
Nadie quiere endeudar al estado ni sembrar el caos financiero, como afirman algunos diputados del PRI que ahora intentan disfrazarse de “oposición” tras haber aprobado a Moreno Valle absolutamente todas las iniciativas que en el pasado les mandó, incluso aquéllas que iban en contra de los intereses del tricolor, como se confirmó en las elecciones del 7 de julio.
El endeudamiento municipal es una práctica común en la entidad, tanto que gracias a este modelo impulsado desde Casa Puebla, en el último año 21 ayuntamientos recurrieron a ello por un monto de 307 millones de pesos, cifra que por cierto todos están por liquidar.
A legisladores priístas como Gerardo Mejía, Lauro Sánchez y sobre todo Édgar Salomón Escorza les urge hallar, donde sea, la credibilidad y legitimidad que perdieron al entregarse, como inocentes y sumisas doncellas, a los brazos del gobernador, que los usó –y desechó- como klínex.
Ya se los vino a decir hace unos días el analista político Fernando Dworak Camargo, quien señaló puntualmente que la diputación priísta se desdibujó como grupo opositor, como una alternativa creíble, y el resultado fue lo que vimos en julio pasado: la peor derrota para el Revolucionario Institucional en una elección intermedia en Puebla.
De ahí su postura ante una iniciativa benéfica por el lado que se le vea, pues además permitirá que los nuevos alcaldes, que por primera y única vez tendrán un periodo de gobierno de 4 años y 8 meses, puedan empezar a planear y que aprovechen los largos meses de la transición para incluso ir armando expedientes de obras; y no que, como suele ocurrir, sea hasta que asumen el cargo que comienzan a ver de qué presupuesto disponen y qué se les ocurre hacer con el mismo.
El caso más patético, como ha sido costumbre, es el del diputado Édgar Salomón, que habla sólo porque Dios le dio boca.
En busca de quedar bien con el CEN del PRI, que le ha prometido hacerlo secretario general de la dirigencia estatal, ha dicho que la iniciativa es “irresponsable” y “anticonstitucional”, pero sólo exhibe ignorancia y ansías de protagonismo.
Lo peor es que como ha sucedido desde que es legislador, obedientemente terminará –a finales de septiembre- avalando la iniciativa de endeudamiento, misma que además cuenta con el aval moral del director general de Banobras, Alfredo del Mazo.
El PRI poblano se encuentra en crisis y lo peor es que todavía no toca fondo. La debacle del 7 de julio los tiene todavía en shock. Sin rumbo ni liderazgos, no saben cómo enmendar el camino y volverse creíbles ante su clientela. Por eso su “nueva” actitud.
Pero en realidad, los diputados priístas viven un verdadero drama: fueron, son y seguirán siendo morenovallistas, aunque quieran simular que no y hacernos creer que nadie, nadie, logra darse cuenta de sus patrañas.