No cabe duda que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde. Y es que tuvieron que ser los gobernadores del PRI quienes vinieran a romper la disciplina ordenada por el mismísimo Comité Ejecutivo Nacional del PRI para boicotear el cuarto informe del mandatario poblano, Rafael Moreno Valle.
César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, el presidente y la secretaria general del tricolor, respectivamente, habían establecido que ningún priísta –ninguno- debía presentarse al acto celebrado en el Auditorio Metropolitano Puebla.
Sin embargo, nueve gobernadores del PRI desobedecieron a los jerarcas de su partido, ignorándolos olímpicamente.
Ellos fueron Egidio Torre, de Tamaulipas; César Duarte, de Chihuahua; Rubén Moreira, de Coahuila; Roberto Sandoval, de Nayarit; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí; Miguel Alejandro Alonso Reyes, de Zacatecas, y Rolando Zapata, de Yucatán, además de Jorge Herrera Caldera, de Durango y quien actualmente preside la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como la Conago.
Los únicos dos que cancelaron de última hora fueron los mandatarios de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y Querétaro, José Calzada Rovirosa.
El “boicot” tampoco funcionó en el caso de otros importantes priístas poblanos, como el ex gobernador y delegado del CEN en Michoacán, Melquiades Morales Flores; el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, y el director general del BANSEFI y precandidato a diputado federal por el distrito de Izúcar de Matamoros, Jorge Estefan Chidiac, así como la mayoría de los delegados del gobierno federal en el estado, todos ellos presentes en el evento.
Lo peor –pero esto no se lo cuente a César Camacho ni a Ivonne Ortega, pues les puede dar un infarto- es que durante el transcurso de la mañana de este jueves e incluso ya comenzado el informe, los operadores de Moreno Valle estuvieron recibieron llamadas y mensajes de texto de parte de numerosos diputados locales y federales, presidentes municipales y regidores del PRI ofreciendo sus más sinceras disculpas por no haber podido ir y pidiendo comprensión ante la “absurda” y “ridículamente electorera” decisión de sus dirigentes nacionales.
Uno de ellos fue el diputado y (presunto) presidente del Comité Municipal del PRI, el empresario José Chedraui Budib, el campeón de la simulación, tan lisonjero como preocupado por quedar mal con Casa Puebla.
En el caso de la senadora priísta Blanca Alcalá, su ausencia obedeció a un compromiso impostergable y de obligado cumplimiento: la comparecencia de los subsecretarios de Hacienda, Fernando Aportela Domínguez y Miguel Messmacher Linartas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ante la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que ella preside. Una razón similar ocupó al también senador del PRI, Ricardo Urzúa. De lo contrario, también se hubieran presentado al informe morenovallista.
“De carcajada, un boicot de carcajada”, como dijo uno de los hombres más cercanos al gobernador de Puebla.
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Frente a lo que muchos esperaban, durante su cuarto informe Moreno Valle no evadió el caso Chalchihuapan, marcado por la muerte del menor de edad José Luis Tehuatlie Tamayo durante un desalojo policiaco en la autopista Puebla-Atlixco en julio pasado.
Por el contrario, el gobernador le dedicó unas palabras.
Fue casi al final de su mensaje que advirtió que la obligación de un gobierno es “garantizar que impere el estado de derecho, el orden y la paz social”.
Y subrayó, literalmente:
“El 9 de julio en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan un grupo transgredió la ley y alteró la tranquilidad pública al bloquear la carretera Puebla-Atlixco, afectando derechos de terceros. La obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social”.
Cerró el tema al apuntar que lamenta las “dolorosas consecuencias”, lo que generó un aplauso de los presentes en el Auditorio Metropolitano Puebla.
Fue sin duda uno de los momentos destacados del cuarto informe: en lugar de callar sobre uno de los capítulos más difíciles de su sexenio, también el más costoso en varios sentidos, habló e incluso defendió una vez más lo que siempre ha creído: la obligación legal del gobierno, de cualquier gobierno, es garantizar que impere el Estado de derecho.
Y más en el México de hoy.
Un mensaje más para consumo nacional que local, evidentemente.
Y por razones obvias.
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Mientras Moreno Valle leía su mensaje ante 19 gobernadores, los dirigentes nacionales del PAN (Ricardo Anaya), PRD (Carlos Navarrete), Nueva Alianza (Luis Castro) y PT (Alejandro González), así como el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, y los ex presidentes del sol azteca Jesús Ortega y Jesús Zambrano, además de los coordinadores parlamentarios José Isabel Trejo, Miguel Alonso Raya y Arturo Escobar, del PAN, PRD y PVEM, respectivamente, una fina operación política lograba desactivar el plantón que el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla mantenía frente a la Secretaría de Gobernación, en el Distrito Federal.
Un acuerdo entre la Secretaría General de Gobierno de Puebla, que encabeza Luis Maldonado Venegas, y el subsecretario de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava, permitió un arreglo parcial basado en la instalación en los próximos días de una mesa de negociación para revisar los casos de los supuestos presos políticos, entre ellos destacadamente el del líder de la “UPVA 28 de Octubre”, Rubén Sarabia “Simitrio”.
De acuerdo con lo establecido entre las partes, dicha mesa se llevará a cabo el próximo martes en oficinas de la propia Secretaría de Gobernación del gobierno federal.
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Patéticos, en general, los discursos de los diputados que hablaron a nombre de sus respectivos partidos en el Congreso del estado para fijar una postura sobre el cuarto informe de Moreno Valle.
De la insufrible tibieza del priísta Sergio Céspedes Peregrina al penoso pronunciamiento de Marco Antonio Rodríguez Acosta, legislador de Pacto Social de Integración (PSI), ni a cuál irle.
Entre lo rescatable, la diputada del PAN Susana Riestra Piña, quien sin dar más vueltas llamó a las cosas por su nombre y refrescó la memoria a varios de los priístas que hoy, cínicos y absurdos, se desgarran las vestiduras.
“Atrás quedó ya la imagen devaluada de la Puebla Preciosa y corrupta de otros años, hoy nuestro estado es sinónimo de vanguardia y modernización, cimentada en su riqueza cultural”, dijo.
Y dijo muy bien.
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La frase del informe:
“Cada año avanzamos un sexenio”.