Una verdadera prueba de fuego que forzosamente habrá de pasar la transición poblana, es sin duda alguna la conformación del nuevo Tribunal Local de Justicia Administrativa, órgano autónomo encargado de sancionar los actos, las faltas y las responsabilidades en esa materia –como el soborno, la colusión, el tráfico de influencia, el peculado, el desvío de recursos públicos, etcétera- por parte de los integrantes del poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos del estado.
Y es que la pregunta que muchos ya se hacen es: ¿A quién corresponde designar a los magistrados de dicho Tribunal que, si bien nos va, empezará a funcionar en julio de 2017, cuando ya esté en funciones un nuevo gobierno?
¿Al gobernador actual, Rafael Moreno Valle, o al gobernador electo, Tony Gali Fayad, a quien le tocará acatar lo dispuesto por esa entidad surgida del decreto enviado el pasado 6 de julio al Congreso de la Unión por el presidente Enrique Peña Nieto, para la expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa?
El tema es importante porque, entre otras cosas, develará el margen de operación que el ex alcalde capitalino tendrá respecto a su antecesor.
En círculos de poder se afirma que esta misma semana habrá de entrar al Congreso del estado la correspondiente iniciativa para crear el Tribunal Local de Justicia Administrativa, el cual contemplaría entre tres y cinco asientos: ¿cuántos serán para Moreno Valle y cuántos para Tony Gali? ¿Habrá alguno para la oposición? ¿Enredado en sus disputas y vendettas internas, el PRI al menos estará enterado de la relevancia del asunto que ya se cuece con pinzas?
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 116 de la Constitución, mismo que obliga a los estados de la República a crear “Tribunales administrativos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración local y municipal y los particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas…”.
El pasado 18 de julio se publicó en el Diario Oficial el decreto que expide dicha ley, en cuyo Segundo Artículo Transitorio se previó un plazo de un año contado a partir de ese momento para que los Congresos locales realicen “las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con el presente decreto”.
Es decir, el Congreso de Puebla tiene hasta el 18 de julio de 2017 para crear el Tribunal Local de Justicia Administrativa y eventualmente nombrar a los magistrados que considere necesarios para integrar la Sala Superior del mismo.
Y en ésas se anda en estos tiempos de transición, transición –hasta hoy- de terciopelo.
Dependiendo de quienes sean nombrados por el poder Legislativo local como magistrados de dicho Tribunal, se sabrá un poco más sobre el sello que tendrá la administración de Tony Gali y el grado de independencia con que arrancará a partir del próximo mes de febrero.
¿O me equivoco?