A pesar de que la policía de Puebla capital ha incrementado su eficacia en el combate al robo de autopartes, pues cada semana en promedio arresta a cuatro personas dedicadas a este ilícito, las fisuras jurídicas permiten la impunidad, ya que los imputados -incluso si hay flagrancia- dejan las celdas casi de inmediato, sólo con pagar la reparación del daño. Esto lo permite el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que considera como “no grave” esta recurrente modalidad de hurto que encabeza, por más del doble en contraste con otros delitos, las denuncias de los ciudadanos, que ha registrado en lo que va de año el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ). Visto así, los ciudadanos estamos inermes ante esta que es toda una industria del mercado negro, sin que desde los poderes legislativos local y federal se propongan soluciones contundentes.
La radiografía de las zonas de riesgo de la capital poblana indica que son el Centro Histórico, el Barrio de Santiago, El Carmen, La Paz, San Manuel, San José Mayorazgo y el corredor comercial de Angelópolis las de mayor incidencia.
De acuerdo con la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), las inmediaciones de las plazas Xilotzingo y Las Animas representan también focos rojos.
¿A quién no le han robado los espejos laterales, las calaveras, medallones, tapones de su automóvil?
¿Quién no tiene un conocido o familiar que ha sido víctima del robo de las llantas – por cierto, las autopartes más hurtadas-?
Algo debe pasar, y ya, desde el Congreso del estado para endurecer, a pesar de los obstáculos que presenta el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, las sanciones por estos casos.
Mientras los policías honestos, que también los hay, arrestan a los ladrones, los jueces se ven atados de manos y deben dejarlos ir, para planear su próximo atraco.
Lo peor del andamiaje jurídico en este tema se ubica en el Capítulo Decimoctavo, Delitos contra las Personas en su Patrimonio, Sección Primera, Robo, del Código Penal estatal, que ha sufrido a lo largo de los años parches que lo han dejado como calle mal bacheada.
Nada más 16 modificaciones en las últimas dos legislaturas locales, la 58 y la actual, la 59.
Ese manoseo ha resultado contraproducente.
En sus 16 artículos, del 373 al 389 -con el 381 derogado por una reforma de 2012-, se duplican conceptos, se confunden sanciones y se dejan resquicios para que un buen abogado de barandilla consiga la libertad impune de sus clientes.
Cada una de estas raterías dejan un daño patrimonial de hasta 30 mil pesos a las víctimas, dependiendo del modelo del automotor.
Las cifras totales son millonarias e incuantificables.
En su más reciente informe anual, el CCSJ reveló que 40 por ciento de estos hurtos se concentran en espejos laterales; 31 por ciento en llantas delanteras y 13 en las traseras. El resto en otros accesorios.
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Manuel Alonso García, reconoció el pasado martes las deficiencias procedimentales de estos casos: “por no tratarse de un delito que se comete con violencia, que no es ‘grave’, el Nuevo Sistema Penal les permite (a los delincuentes) irse a la mediación y reparación del daño, logrando su libertad inmediata, pero seguiremos cerrándoles paso”, dijo.
Más de una tercera parte de los diputados locales solicitarán licencia a sus curules en unos días más, para buscar otras posiciones de poder, pero dejarán enormes pendientes.
Entre los más graves, por la alta incidencia, cuantiosos desfalcos a la economía de los poblanos y la impunidad con que se comete, es el robo de autopartes.
Bien pudieron hacer una reforma integral, ordenada y pulcra al Código Penal para este caso.
Pero no quisieron.
No pudieron.
O las dos cosas.