Fernando Maldonado
El sábado pasado fue detenida una persona que había sido señalada por el probable delito del robo de una motocicleta. Cuando el reloj marcaba las 18:30 minutos ingresó a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Independencia en compañía de su novia para comprar una pizza.
Ahí lo detuvo un grupo de agentes de la policía ministerial. Y lo desaparecieron. Nadie supo de él. Ni los mandos medios de la institución supieron o quisieron explicar sobre el paradero del joven aquél, por el que en forma desesperada preguntaba su familia.
Privado de la libertad, en cautiverio, al joven aquél no se le había probado culpabilidad alguna, pues el proceso a que es sujeto no iniciaba aún. Técnicamente se trata de un secuestro exprés, pues asemeja al delito cometido por bandas de delincuencia organizada.
Buscaron, como han hecho con muchos otros sospechosos, fabricar un culpable. En el argot policial se conoce a este “procedimiento” “pegarle un baile”. Sometido a tortura psicológica o física, como a muchos otros detenidos, buscaron sacarle una confesión.
Es apenas un ejemplo del quebranto sistemático de la ley con el que opera la Procuraduría General de Justicia. Con el consentimiento de su titular, Rodolfo Igor Archundia, u omisión (en cuyo caso también habría que fincarle responsabilidades), los elementos de esa corporación privan de la libertad a ciudadanos.
Ciertamente Puebla no se ha distinguido en los años recientes por ser un estado con una presencia constante de grupos de delincuencia organizada, como en entidades vecinas. Ya los tenemos dentro. Operan en las propias instancias de procuración de justicia, y con charola.
Twitter: @fmaldonado15