Fernando Maldonado
Angel Bermúdez García tiene 50 años de edad y desde hace por los menos diez los ha dedicado a ser un delincuente. Tiene tres detenciones por diversos crímenes, entre ellos el que está tipificado como “delitos contra la salud”
El 26 de octubre de 2007 la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lo detuvo por primera vez. Y quedó libre. No fueron suficientes los 31 envoltorios de “piedra” (cocaína) que le fueron encontrados al momento de su detención, para confinarlo.
Este sujeto fue detenido por segunda ocasión el 1de enero de 2010 por robo de vehículo. Dos delitos considerados como graves. Y volvió a obtener su libertad, para regresar a su domicilio en la 19 Poniente 3101 en la colonia Belisario Domínguez, a donde ha refugiado de manera recurrente.
En este mismo año, el 19 de agosto Angel Bermúdez volvió a ser detenido por el delito de “robo a transeúnte”. En cada caso, es obvio que el agente del ministerio público dejó ir al individuo.
Es el caso de Juan Carlos Gutiérrez Martínez, cuyo domicilio está registrado en la 3 Norte en el Barrio de Jesús de Acajete. El 28 de agosto de 2008 fue detenido tras cometer asalto a pasajeros de transporte público; el 18 de julio de este año, por robo a transeúnte; un mes después, el 3 de agosto por delitos como robo.
Es el caso más paradigmático por que Juan Carlos Gutiérrez volvió a salir a la calle solo para volver a ser detenido 14 días después, también por el delito de robo, el 19 de agosto.
En ambos casos está clara la colusión de servidores públicos con sujetos dedicados a delinquir. Por conveniencia o simplemente por omisión facilitaron a este par de hampones salir de la cárcel para volver a violentar la ley, de manera recurrente.
Así que si por algún sitio habría que comenzar a revertir la ola criminal en este país, es por los sitios más cercanos a las autoridades locales. Existen grandes pendientes en materia de seguridad pública, y también en el ámbito de procuración e impartición de la justicia.
No solo los delincuentes de cuello blanco o de alto impacto han merecido una sospechosa y vergonzante gracia de la justicia.
Para comenzar a ordenar este país, tendríamos que comenzar por limpiar el espacio doméstico y evitar que personajes siniestros como Juan Carlos Gutiérrez Martínez o Angel Bermúdez García, dos infortunados poblanos sin estudios escolares mínimos para afrontar la vida, se conviertan en los jefes de los cárteles de mañana.
En el sótano…
No debiera sorprender que en tiempos de crucifixión política nadie en el gabinete de la presidente municipal haya salido en defensa de su imagen cuando acusan favoritismo en el otorgamiento de la obra pública. No es nuevo en un equipo de trabajo en donde ha privado el inmovilismo que raya en la tara política, o abulia.
Es por ello que el Coordinador de Comunicación Social, Emilio Trinidad tuvo que llenar el hueco que otros dejaron al afirmar que “Es lamentable que a falta de argumentos, la diatriba y la descalificación ganen espacios” en referencia a los señalamientos y acusaciones que Armando Ortiz Martínez hiciera en torno a la realización de obras del gobierno de Blanca Alcalá y la presunta participación de su hermano Miguel Ángel Alcalá Ruiz.
Añadió que “la presidenta municipal ha dado muestras de su honorabilidad en el ejercicio del servicio público y que era temerario e irresponsable hacer imputaciones sin sustento”.
Finalmente pregunta el funcionario¿A quién conviene lastimar y en su caso desprestigiar la trayectoria política de Blanca Alcalá? La respuesta la conocen los orquestadores del ataque, como quien ha guardado cómplice silencio desde la comodidad de su oficina en el palacio municipal. O no?
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