Muchos años han pasado desde que el instituto Nacional Electoral dejó de ser un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, la última vez fue en la elección de 1988 y la consecuente presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

A partir de ello, comienza un lucha social y política para ciudadanizar los procesos electorales y darle credibilidad al arbitro electoral. Se crea el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de organizar las elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La cúspide de legitimidad del IFE fue en el año 2000, cuando la alternancia en el poder presidencial, dio inicio a la larga y sinuosa transición democrática del país. Sólo bastaron seis años, para  que una vez más se socavara la confianza ciudadana. La sociedad mexicana volvió a participar con el IFE en las elecciones del año 2012 sólo para volverse a cuestionar los resultados de las votaciones y el papel de los organismos electorales.

Una vez más el tema electoral se incorpora a la agenda prioritaria del país, así, dentro del paquete de reformas que presentó el presidente Peña Nieto, se encontraba otra reforma político electoral, la cual proponía la reformulación del instituto electoral, destacando el nombramiento de sus nuevos integrantes, la fiscalización así como que el naciente INE organizara las elecciones federales y estatales de forma concurrente.

Dentro de los principales problemas que tiene que enfrentar el recién creado INE, esta la organización de las elecciones en el estado de Guerrero además de la resolución del caso Monex  y la excesiva publicidad del partido Verde.

Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al PRI de haber incurrido en un financiamiento paralelo con recursos ilícitos o en la compra o coacción del voto con los denominadas tarjetas Monex durante las elecciones de 2012, y sólo ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios.

Esto no es todo, los partidos políticos han emplazado al consejero presidente Lorenzo Córdova a instalar una mesa de negociaciones para abordar los casos en los que han detectado favoritismos al PRI-Verde y lentitud en atender quejas.

Por lo menos hay un reconocimiento explícito de la crisis por parte del consejero presidente. Córdova declaró “el Instituto Nacional Electoral, como el IFE lo fue en su momento, es una institución que vive de la credibilidad pública, y somos los primeros conscientes que estamos con un déficit de credibilidad que tenemos que ir reconstruyendo” 

No cabe duda, la credibilidad y legitimidad necesarias sólo se lograrán ganar en los hechos y con acciones que abonen al proceso democrático. El primer paso será mantener la cohesión entre los miembros de la consejería y sin preferencias lograr los objetivos de legalidad, imparcialidad y certeza que forman parte fundamental de la razón de ser del instituto.