“La política no es una ciencia exacta”

Bismarck

En México como en todos los países del mundo occidental existen instituciones educativas, públicas y privadas.

Para que una institución privada pueda ofrecer educación del nivel que sea, debe tener su RVOE, esto es el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Hoy en el país, tanto los gobiernos de los estados como la Secretaría de Educación Pública Federal otorgan el correspondiente RVOE a las escuelas que lo solicitan, siempre y cuando cumplan los requisitos correspondientes.

La historia de estos RVOES es antigua. A finales de la edad media, cuando se fundaron las universidades, para que estas pudieran existir era indispensable la aprobación de su correspondiente autoridad civil, esto es, del rey.

El funcionamiento de las universidades estaba sujeto a la aprobación de la autoridad civil.

También las universidades fundadas por las órdenes religiosas o el clero, era indispensable obtener la aprobación, no sólo del arzobispo correspondiente sino de la autoridad papal.

En esos tiempos se aprobaba la existencia de universidades previa presentación de los programas y sus contenidos, de los nombres de los profesores, así como de los alumnos que se inscribían.

El control era obligado, natural para obtener el permiso para el funcionamiento de estas universidades.

En Europa no hubo una sola universidad que fuera fundada y funcionara sin los requisitos vigentes.

En México, con motivo de la colonización, también se cumplían requisitos para que las universidades que se  fundaban pudieran funcionar. Esta el caso de la Universidad de México, de la Universidad de Michoacán, de la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de muchas otras.

Hoy en México, también una universidad debe tener su correspondiente autorización, esto es, su RVOE.

La diferencia entre la edad media y ahora es que eran tiempos distintos pero la autoridad civil era la encargada de emitir la autorización correspondiente, como ahora.

Los RVOES los otorga la Secretaría de Educación Pública Federal y la correspondiente dependencia de cada uno de los estados de la república.

Esto ha provocado desorden y hasta cierta anarquía. Ahora hay instituciones que empiezan a funcionar y luego obtienen su RVOE, lo que no debiera ser.

Se ha iniciado el proceso para poner orden en el otorgamiento de los RVOES por parte de las entidades federativas y  de los gobiernos de la república.

Concretamente este asunto es una de las obligaciones de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación  de Políticas Educativas, a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.

En esto también se ha empezado a poner orden con fundamento en el Artículo 3°, Fracción VI y el Capítulo V, Arts. 54 al 59, de la Ley General de Educación y con base en el Artículo 18 del Reglamento Interior de la SEP, de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; y por supuesto, con fundamento en la respectiva Constitución Política Local, en la Ley de Educación de cada estado y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de cada entidad, y con fundamento en los convenios de coordinación en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios.

Este es un enjambre de leyes y reglamentos que hay que observar para otorgar un RVOE.

Ante esta situación se han producido anomalías en las instituciones que  deben tener ese RVOE, perjudicando finalmente a los alumnos que se inscriben en esas instituciones.

Apenas conocí un caso, en el cual sólo se había inscrito un alumno hace dos años, en nivel profesional, por lo cual los dueños de la universidad empezaban a impartir al alumno materias de diferentes grados.

Lo que pasó fue que la universidad le dijo a este alumno: “ya hemos cancelado la carrera”, y a pesar de que había recibido enseñanza de diferentes niveles de la misma, ahora este muchacho no puede obtener su certificado ni acreditación de las materias que ha cursado.

Como este caso hay varios. Estas irregularidades no pueden seguir, de ahí la urgencia de que no sólo se otorguen los RVOES y la institución empiece a funcionar después de tener esta autorización sino que cada ciclo escolar la autoridad, esto es, la Secretaría de Educación Pública, de los dos niveles, federal y estatal, deben no sólo verificar que se cumplan con las disposiciones correspondientes sino sancionar a los dueños o representantes legales.

La sanción debe ser de la autoridad educativa, la cual debiera, en los casos de irregularidades, denunciar el fraude que se comete.

La Secretaría de Educación Pública ha iniciado un proceso de regularización para evitar anomalías, tanto en el orden federal como en el estatal.

Entonces el RVOE “será específico para cada plan de estudio; se otorga a un particular para impartirse en un domicilio determinado”.

“Sólo se otorga a particulares, nunca a entes públicos”.

“Reconoce oficialmente un plan de estudios que oferta un particular y confiere respecto de éste, los derechos y obligaciones previstos por el marco jurídico vigente”.

“El RVOE otorgado por una autoridad educativa local, sólo es válido para impartir el servicio educativo dentro de su territorio. No obstante la validez de los estudios es para todo el territorio nacional”.

En lo sucesivo habrá que cumplir con los requisitos  que se establezcan para el personal docente para las instalaciones y para los planes y programas de estudio.

La autoridad que otorga el RVOE, debe efectuar una inspección periódica para verificar que los requisitos no sólo se cumplieron si no que están vigentes.

Hay que tener presente que las instituciones privadas, salvo excepción son un negocio, una empresa que vende educación. No otorgan servicios de manera gratuita.

En esto de las instituciones privadas, las hay cuando menos de tres clases: las de excelencia, las de calidad mediana y las que ofrecen educación que deja mucho que desear.

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