El pasado mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia con la cual determinaba que los códigos civiles de los estados tenían que modificarse para reconocer el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo.
La decisión sorprendió a más de uno y por semanas no hizo o no la dejaron hacer eco en los medios tradicionales, la nota quedó relegada a un segundo plano, hasta que la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un mandato similar, reconocer en 14 estados más de la federación, el matrimonio igualitario.
Con este hecho, fue “recordado” el pronunciamiento de la SCJN los derechos de la comunidad homosexual fueron reconocidos y promovidos por los medios de comunicación, políticos, intelectuales y líderes sociales. Así se difundió como un triunfo histórico, el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y con ello los derechos sociales que décadas atrás de diferentes organizaciones no gubernamentales venían exigiendo.
La SCJN estableció que las leyes de cualquier estado del país que considere que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”
Sin embargo; no todos celebraron esta medida, pues asociaciones religiosas y algunos políticos y movimientos sociales conservadores consideran que esta medida afectará a lo que se considera la célula de la sociedad que es la familia tradicional sin aceptar los cambios en el mismo concepto debido a la creciente importancia de las familias monoparentales.
Los argumentos que presentan en contra, tienen que ver principalmente con las adopciones de niños; ademas de que para evitar abusos o desamparo legal a parejas homosexuales no hace falta aprobar el matrimonio homosexual, dicen quienes están en contra; otro argumento es que el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y esto implica desnaturalizar el concepto de matrimonio, lo que implica pervertir la “naturaleza” del mismo.
Mientras que a favor los postulados son mas sólidos y realistas y manifiestan que, todas las personas tienen derecho a ser felices y esto implica ser libres e iguales, también ante la ley. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no; actualmente, muchas parejas homosexuales crían a sus hijos, adoptados -por uno de sus integrantes- o concebidos a través de métodos de fertilización asistida; los niños y niñas hijos de gays y lesbianas deben tener los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales; la familia, al igual que toda otra institución, es un producto social sujeto a modificaciones; el matrimonio es civil y no un tema religioso. Cada religión evalúa si lo acepta o no.
En México ya era legal contraer matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y en estados como Coahuila y Quintana Roo; mientras que las demás entidades sólo reconocían las uniones entre hombre y mujeres.
¿Qué sigue después de la decisión de la SCJN? comienza otra etapa de la lucha de la comunidad homosexual, quienes han ganado la forma legal de contraer matrimonio; sin embargo, lo que parece más difícil pero no imposible, es no sólo el reconocimiento a sus derechos sino un cambio en la cultura patriarcal en México, lo que significa también, valorar sus aportaciones a la sociedad, en los diferentes campos de la ciencia, la cultura, el deporte y las actividades productivas; es decir, dejar de concebirlos como minorías excluidas por su preferencia sexual lo cual no las hace diferentes de los demás miembros de la sociedad a la que sirven y contribuyen como cualquier mexicano.
Este cambio no es posible solo con la firma de un documento o el reconocimiento de un derecho si no se complementa con acciones que favorezcan la inclusión social desde la educación que se imparte en los hogares y en las escuelas, fomentando valores como el respeto y la tolerancia. La construcción de un México más igualitario y tolerante es tarea de todos los sectores de la sociedad incluidas las iglesias.
