Una de las peores tragedias en lo que va del siglo, es la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la supuesta participación por parte del gobierno escandalizó a la mayor parte de la sociedad que a través de redes sociales y de grandes protestas en las calles, exigía la búsqueda con vida de los estudiantes, así como el castigo a quienes resultaran responsables.

Obligados más  por  la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó las investigaciones y todo apuntaba a que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda habían participado en la desaparición junto con miembros del crimen organizado, los “Guerreros Unidos”.

Por primera vez se aceptaba la participación del gobierno con el crimen organizado, a lo que se sumó los videos donde se exhibía al hijo del exgobernador de Michoacán en pláticas con el líder de los “Caballeros Templarios”.

La PRG a cargo de Jesús Murillo Karam determinó después de hacer pruebas con peritos especializados y por testimonios, que los cuerpos de los 43 normalistas habían sido incinerados en un basurero al aire libre en Cocula.

El dictamen de la PGR inmediatamente fue cuestionado por su veracidad, ya que el día de los hechos había llovido, que para incinerar el número de cuerpos se habría necesitado demasiado combustible, que la columna de humo se hubiera visto a kilómetros de distancia y un sin fin de dudas. Pero como en México nunca pasa nada, el gobierno federal no puso en duda sus peritajes ni conclusiones.

Hasta que la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR que aseguraba que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.

En una investigación de más de 300 páginas se pone en duda el dictamen de la PGR, un organismo internacional viene a confirmar lo que la mayoría de las personas pensaba, que no era posible que se hubieran incinerado.

Con la investigación de frente el gobierno mexicano, enfrenta nuevamente una crisis de credibilidad, el tema Ayotzinapa que para la presidencia parecía superado no así para los padres de familia de los 43 estudiantes, hoy toma un nuevo curso. La “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam se confronta con la “verdad científica” del grupo interdisciplinario de expertos GIEI CIDH. La próxima reunión del presidente Peña Nieto con los familiares no será un encuentro más y se espera que el resultado más que una visita protocolaria y mediática, arroje resultados positivos para esclarecer el crimen de los estudiantes. 

Las “verdades históricas” gubernamentales difícilmente encuentran verosimilidad, casos como el 68, la Guardería ABC, las muertas de Juárez, el caso de Florence Cassez, Acteal, Aguas Blancas y la última, la fuga del “Chapo” Guzmán hacen que la sociedad difícilmente crea las posiciones del gobierno cuando encontramos indicios lógicos que se contraponen a la “verdad histórica”.

Dependiendo de la dosis recomendada, 1 sobre kamagra 100 mg es suficiente para 1-4 usos.