El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, a nombre de 1 millón 948 mil 200 mexicanos, por rechazar la consulta popular “Salario digno de los trabajadores”.
La denuncia, que consta 135 páginas, siete tomos y 38 pruebas, fue presentada por el secretario general adjunto, Fernando Álvarez Monje; el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra, y la diputada federal Lourdes Medina Valdés, en la sede de este organismo en Washington.
La queja se presentó con fundamento en los artículos 33, 41, 44, 46 numeral 1 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 13, 22, 23, 26, 27 y 28 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos fundamentales, en perjuicio de quienes reciben un salario mínimo en el país y de casi 2 millones de mexicanos que suscribieron la consulta popular rechazada por el Estado mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la denuncia se demuestra que el Estado mexicano violó la obligación de respetar los derechos de la Convención, las garantías judiciales, las normas de interpretación convencional por suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas.
Asimismo, se violan derechos políticos de participación de manera directa en decisiones democráticas, a la protección judicial, al desarrollo progresivo, a la alimentación, al mínimo vital, a un salario remunerador y justo, al debido proceso, ya que debieron analizar cada requisito en lo individual, y en relación a ingresos y gastos del Estado.
También se violó el proceso legal en su vertiente de interpretación constitucional y convencional, ya que existió violación al debido proceso de legalidad porque se debió modificar la pregunta, y a la protección judicial por no tener una segunda instancia y a las restricciones constitucionales.
Por esta razón, Gustavo Madero, a nombre de casi 2 millones de mexicanos, solicita a la Comisión admitir el trámite de denuncia y abrir el caso, declarar que el Estado mexicano ha violado los derechos humanos señalados, emitir las recomendaciones pertinentes y exigir al Estado remediar las violaciones presentadas.
El PAN en la denuncia también solicita que el caso se someta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente nacional del PAN puntualizó que así como lo dicta la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los ciudadanos deben gozar de derechos y oportunidades, entre las que está participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Al cancelar la posibilidad de que la consulta ciudadana fuera sometida a consideración de la ciudadanía, se limitó el derecho de los mexicanos a poder elegir un beneficio general de mejorar el salario mínimo.
El Estado mexicano, resaltó, por medio de la Suprema Corte, frenó un ejercicio democrático importante y con ello limitó la democracia, que resulta indispensable para las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e interdependiente.
Finalmente, explicó que mientras sea menor el desarrollo social y los salarios de la clase trabajadora, aumenta la posibilidad de establecer mecanismos corporativos o clientelares, lo cual México ha padecido durante 70 años y pareciera que el Gobierno actual quiere perpetuar.
Por ello, hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que atienda el caso, ya que ejercicios democráticos como la consulta ciudadana y que los mexicanos cuenten con un salario digno, mejorarían las condiciones democráticas en México, que son lamentables pues en nueve estados nunca ha habido alternancia por el grado de corrupción gubernamental el cual es alimentado por la pobreza.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/06/1022682
