La Suprema Corte de Justicia (SCJN) validó los artículos de la Constitución de Puebla relativos a la paridad de género, la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y la fiscalización de los partidos políticos.
El pleno del máximo tribunal del país analizó la acción de inconstitucionalidad 77/2015 y su acumulada 78/2015 promovida por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena.
Ambas fuerzas políticas plantearon que se declararan inválidas diversas disposiciones del decreto que reformó la Constitución de Puebla, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el 29 de julio de 2015.
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó lo dispuesto en el Artículo tres, fracción III, última parte, de la ley fundamental poblana en materia de paridad de género, ya que resulta conforme con lo dispuesto en el 41 de la Carta Magna.
También validó lo establecido en el Artículo 35, fracción II del referido ordenamiento local, en relación al requisito de alcanzar por lo menos 3% de la votación emitida en la elección de diputados por mayoría relativa, para tener derecho a la asignación de legisladores por representación proporcional.
Tras discernir sobre ese ordenamiento, el tribunal señaló que se interpretará en el sentido que la votación que alude es la “válida emitida”, esto es, a la que se descontaron los votos nulos o emitidos a favor de candidatos no registrados.
Lo resuelto en estas acciones de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a la notificación de sus resolutivos al Congreso del Estado, sentenciaron los ministros de ese tribunal.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, A DISCUSIÓN
La SCJN discutirá en próximas días las reformas aprobadas en Puebla que disponen algunas condiciones que complican el camino para quienes busquen una candidatura ciudadana.
Ante esto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción dei nconstitucionalidad en contra de las reformas, que condicionan las candidaturas de los postulantes sin partidos políticos.
