El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Puebla, coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión, es necesaria para erradicar los problemas de inseguridad en el país.
Entrevistados por separado, Carlos Montiel Solana presidente del CCE Puebla expresó que es urgente que se avale la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas participen en situaciones de inseguridad en donde no tienen jurisdicción, pues la situación que vive el país lo amerita.
Por su parte, Horacio Peredo Elguero presidente de Canacintra Puebla sostuvo que la Ley de Seguridad Interior es una solución que ayudará a que las entidades federativas a resolver problemas que lamentablemente las fuerzas de seguridad estatales no puedan solucionar, además de ayudará a la población a sentirse segura.
Sobre los casos anteriores donde se veían implicadas a las fuerzas armadas en actos de violaciones a los derechos humanos y que organismos de protección a estos derechos temen ocurran con más frecuencia si se llega a aplicar esta ley, ambos dirigentes empresariales aseguraron que son casos aislados que no volverán a suceder.
Montiel Solana opinó que las leyes siempre podrán ser perfectibles o en su caso siempre habrá quien busque violarla pero que el tema primordial es que se atiendan las cuestiones de seguridad que aqueja a los estados, los cuales independientemente de esta ley han solicitado la presencia de estas fuerzas.
Peredo Elguero por su parte, consideró que los actos donde se mencionan violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, son menores a las situaciones en donde la entrada del ejército a un estado y la situación ha mejorado, por lo que no se debe de frenar por situaciones que pasaron antes.
Cabe señalar que Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que la Ley de Seguridad Interior en los términos en que pretende aprobarse, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
