El presidente del Colegio de Jueces de Puebla y juez mixto de Tecamachalco, Helmo Mayoral Bello, ha estado bajo la lupa por presuntos actos de enriquecimiento inexplicable y nepotismo. A esas agravantes ahora se suma que existe la sospecha que da protección a una familia –vinculada al diputado electo Inés Saturnino López Ponce– cuyos miembros enfrentan tres demandas penales por los delitos de agresiones, daño en propiedad ajena y amenazas de muerte, presentadas por separado y por personas que no tienen ninguna relación entre sí, y curiosamente en todos estos asuntos no se ha procedido contra los acusados.

Helmo Mayoral Bello es un juez que es protegido por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alfredo Mendoza García, quien controla una importante estructura dentro del Poder Judicial, que lo ubica como uno de los hombres de mayor poder en el TSJ.

Tal vez por eso Helmo Mayoral se burla y actúa de manera déspota contra los denunciantes de los miembros de la familia Simón Valencia de Tochtepec, quienes han sido denunciados por varios delitos, pero el juez de Tecamachalco simplemente no avanza con los procesos en contra de los integrantes de ese núcleo.

A principios de 2008 el abogado Pablo Rangel Sarrelangue, quien es un ferviente crítico de las anomalías del Tribunal Superior de Justicia, denunció que Helmo Mayoral Bello había adquirido una casa cuyo valor era de 1.6 millones de pesos y que era imposible que el juez pudiera comprar con su sueldo mensual, que en ese entonces oscilaba en 32 mil pesos.

La adquisición del inmueble se asentó en la escritura pública 13422, volumen CXXII de la Notaría Pública 33, a cargo de Ricardo Camarillo Santamaría. Ahí se indica –según la denuncia de Pablo Rangel– que el 21 de agosto de 2003 el juez Helmo Mayoral se había convertido en el propietario de una casa en el fraccionamiento Villa Las Américas.

Lo grave de esa compra es que la casa era propiedad del banco Scotiabank Inverlat, el cual le había quitado el inmueble a un cliente que no había podido seguir pagando el crédito que había adquirido para convertirse en el dueño de la vivienda, y el juicio de embargo lo había llevado el juez Helmo Mayoral.

Es decir se quedó con la casa que él mismo se encargó de embargar.

A Mayoral Bello se le ha señalado como uno de los beneficiarios del nepotismo que existe en el Tribunal Superior de Justicia, ya que actualmente su esposa María Belén Olivares es juez de lo familiar.

Y por todos esos hechos nunca ha sido sancionado Helmo Mayoral Bello.

Cuando ocurrieron los primeros señalamientos contra Helmo Mayoral el presidente del Poder Judicial era Guillermo Pacheco Pulido. Ahora que el titular es León Dumit Espinal, quien tiene fama de ser un hombre recto, ojalá que se revisara la actuación de este juez por lo que está ocurriendo en relación a tres procesos penales que enfrenta la familia Simón Valencia.

Esta es la historia:

La familia Simón Valencia es originaria de Tochtepec y hace poco protagonizó un conflicto porque se oponía a la remodelación del zócalo de ese municipio, ya que controla a grupos de comerciantes informales que se asientan en dicha  plaza pública.

Además, uno de los integrantes de esa familia, llamado Augusto Simón Valencia, fue director de Comunicación Social del ayuntamiento de Tecamachalco cuando el edil era Inés Saturnino López Ponce, quien es militante del Partido Acción Nacional y en la  pasada elección ganó la diputación local por la coalición Compromiso por Puebla.

El caso es que el año pasado Augusto Simón Valencia fue demandado penalmente por violencia intrafamiliar contra su tía Marina Simón Muñoz, y ello quedó asentado en el proceso 1155/2009/Tecamachalco.

Augusto Simón Valencia en tres ocasiones ha sido citado para que acuda al juzgado un año después de que se presentó la demanda, que el ex director de Comunicación Social del gobierno local de Tecamachalco no se ha presentado a declarar, y el juez, de manera inexplicable, no lo manda a arrestar para que sea presentado ante la autoridad judicial, tal y como corresponde.

Otro proceso es el 138/2010/TEC, presentado por la periodista, activista y servidora pública Alejandra Fonseca, quien sostiene que fue objeto de amenazas de muerte por los hermanos Evelin, Elizabeth y Edgar Simón Valencia, así como por la madre de ellos, Elía Valencia Andrade.

El pasado 7 de abril de este año, el juez desechó la demanda contra los miembros de la familia Simón Valencia bajo el argumento de que había prescrito el delito, pues éste había ocurrido un año antes, cuando en realidad dicha disposición la dictó el juez Helmo Mayoral Bello a los cuatro meses de que se había iniciado el proceso penal. Es decir, no procedía desechar la causa.

El tercer caso es una demanda que presentó la ciudadana Jovita Romero Campos, quien acusó a Anayeli y Elizabeth Simón Valencia, ambas hermanas, de haberla agredido y provocar daños en propiedad ajena.

Pese a que se tenían elementos para que se giraran las órdenes de aprehensión contra las acusadas, el juez se negó emitir dichas resoluciones.

Actualmente la inconformidad por este último asunto se encuentra en una sala del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque se duda que ahí se haga algo, ya que Helmo Mayoral Bello, por ser uno de los jueces consentidos los magistrados no les hacen nada.

Con estas historias queda claro por qué en el país hay tanta impunidad, violencia e inestabilidad.