México vive grandes transformaciones en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la responsabilidad de proteger, no sólo los derechos civiles y políticos, sino además, los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente “en los que la sociedad demanda protección jurídica concreta” para que dejen de ser meras expectativas, sostuvo el ministro Javier Laynez Potisek al ser investido –junto con Norma Lucía Piña Hernández– como integrante del máximo tribunal de justicia del país, informa La Jornada.
Laynez aseveró que ante la falta de representatividad de los integrantes de la Suprema Corte y del Poder Judicial (al no ser elegidos de manera directa y democrática), “su legitimidad” se basa en la aceptación de sus decisiones, en la transparencia de sus resoluciones, en su calidad argumentativa, en el temple y sensatez de los asuntos que suscitan debate en la opinión pública.
En sesión solemne, Piña Hernández, se comprometió a impartir justicia “sin atender caprichos de grupos de interés o de poder”. Afirmó que como juzgadora “no comparto etiquetas, ni estereotipos, mi postura como ministra es proteger la carta magna y los tratados internacionales suscritos por México que forman parte del derecho interno”.
Laynez se comprometió a sujetarse al escrutinio de los mexicanos que están dispuestos a ejercer control social sobre la actuación del pleno de la Suprema Corte. “Este es mi compromiso personal y profesional, actuar con responsabilidad transparencia y abierto al escrutinio público”.
Ante la presencia de los integrantes de los plenos del Consejo de la Judicatura Federal, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), familiares y amigos de los nuevos togados, Laynez sostuvo que en el país se vive una “auténtica revolución en el orden jurídico”, en el que la Corte tiene la responsabilidad de ser garante directo de que todas las autoridades del país promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. “El reto no es menor”, dijo.
