Ven la rogación y no se hincan… La iniciativa aprobada este martes por el Cabildo de Puebla para reformar el decreto que creó el SOAPAP y remunicipalizar el agua potable, es un verdadero galimatías. O, si se prefiere, un completo despropósito. Y es que, en los hechos, implicará que el gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco tenga que desembolsar la cantidad de mil 590 millones de pesos, cifra correspondiente al saldo del crédito que Banobras otorgó al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, en solidaridad con el gobierno del estado, el cual dejaría de cubrirlo en el momento en que la administración municipal asuma el control del servicio. Una cifra monstruosa de la que no sólo no se dispone en el presente, sino que no existe modo de dónde obtenerla en el futuro.
Si se avala por parte del Congreso del estado la esquizofrénica propuesta del Cabildo capitalino, el municipio deberá asumir la responsabilidad por el citado crédito, pues Banobras podría hacer efectivo anticipadamente el término contractual.
Al 28 de febrero de 2018, el saldo era de $1,590′791,713.90.
Tal vez ni Claudia Rivera ni los entusiastas -pero desinformados- regidores que aprobaron la iniciativa sepan que con estos créditos y aportaciones de otros municipios a un fideicomiso, el SOAPAP construyó infraestructura que presta servicios hídricos fundamentales a habitantes de diversas demarcaciones municipales.
Por lo demás, la multicitada iniciativa generaría grandes problemas, entre ellos los siguientes:
1.- Se perdería la coordinación intermunicipal que tiene el gobierno del estado, por lo que cada municipio tendría que resolver la situación de la prestación de los servicios de agua y saneamiento sin infraestructura propia para hacerlo.
Y obviamente se perdería el apoyo del gobierno del estado.
2.- Puebla asumiría los gastos operativos del saneamiento de toda la zona metropolitana.
3.- Tendría que repartirse entre los municipios la infraestructura común que se construyó con el Plan de Desarrollo Regional Angelópolis con las aportaciones de todos ellos, lo que afectaría la prestación de los servicios a más de 700,000 habitantes.
4.- Mucha infraestructura está construida en predios propiedad del gobierno del estado, por lo que estaría en riesgo la posición y operación de los mismos.
5.- El municipio no tiene un diagnóstico preciso de la situación de la prestación de los servicios en la zona metropolitana, no tiene un inventario de la infraestructura y no ha considerado la afectación presupuestal para asumir las responsabilidades que ocasionaría la iniciativa, por lo que incluso se generaría un daño al erario público municipal de aprobarse el punto de acuerdo.
Por otra parte, y por si fuera poco, para presentar esta iniciativa ante el Congreso se requiere la coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, dado que es indispensable la elaboración de un dictamen que haga la estimación del impacto presupuestario que la mentada iniciativa tendrá para el municipio.
No hacerlo viola el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Lo dicho: la crónica de un desastre anunciado.
Nadie está obligado a saberlo todo, pero sí es un crimen no rodearse de asesores y especialistas para al menos entender el A-B-C de temas tan delicados como la pretendida remunicipalización del agua potable, un tema más político electorero, muy propio de la 4T, que viable en lo técnico y financiero.
¿Y si se ponen a estudiar un poquito?
¿Será mucho pedir?