La lucha contra la delincuencia, en general, es interminable. Las estrategias de seguridad pública siempre estarán inacabadas y deberán renovarse y fortalecerse permanentemente. El combate en Puebla contra la extracción ilegal de ductos de combustible, que pasan por campos de cultivos, el llamado huachicoleo, ha generado desde hace al menos tres lustros una industria y todo un submundo criminal. Contra eso es la pelea a diario.
La ordeña de ductos, como también se le conoce coloquialmente, generó, desde 2005, cuando comenzó más subrayadamente, a su auge en el estado de Puebla, entre 2010 y 2019, verdaderos imperios delincuenciales.
El crecimiento durante el morenovallismo fue exponencial.
De acuerdo con datos oficiales, las tomas clandestinas en territorio poblano pasaron de 120 en 2012, a mil 533 en 2016.
Gobernaban entonces el país el priísta Enrique Peña Nieto y el estado el panista Rafael Moreno Valle.
La colusión de las autoridades fue, entonces, determinante.
La inercia perversa ha prevalecido por todo el territorio nacional.
Aun ahora hay fluctuaciones al alza en el estado.
El tema es complicado.
Lo describió hoy el gobernador Miguel Barbosa en su conferencia mañanera.
Se trata de conseguir una alta coordinación, en la confluencia de responsabilidades, entre las fuerzas federales, estatales y municipales.
El gobierno del estado, dijo el mandatario, no ha dejado de luchar contra estas bandas.
Pero se trata de un cáncer muy añejo.
Con tumores profundos y difíciles de extirpar.
“Todos los días hay detenciones, de ayer (lunes) para hoy (martes), se reportan tres… Lo demás lo vamos a corroborar y sí, es muy lamentable que fuera cierto esto y lo vamos a considerar”, dijo sobre datos que ubican a la entidad en el tercer lugar nacional en este delito.
Las cifras las dio a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) y, efectivamente, se tendrán que validar.
El asunto tiene incluso una complejidad logística y jurídico-procesal en su combate.
Se trata de un delito federal.
Pero tiene incidencias y la comisión de delitos del fuero común también.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional (GN) les corresponde estrictamente el tema del huachicol.
Su combate.
El aseguramiento de las tomas.
Pero a las fuerzas estatales les toca el desmantelamiento de bandas.
A las policías municipales les corresponderían, en todo caso, los delitos colaterales del fuero común: transportación, hechos de violencia y otros.
Tres niveles de fuerzas de seguridad involucrados.
De ahí, también la necesaria participación, de acuerdo con sus competencias, de las fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR).
De ahí la complejidad.
Por ello este tema es del día a día.
Sin flaquear.