Mientras las autoridades estatales continúan minimizando a las comunidades principalmente indígenas que están en contra del Gasoducto y la Termoeléctrica en la zona de Puebla, Tlaxcala y Morelos, la verdad es que el movimiento social de rechazo crece cada día más, en medio de un clima político enrarecido y alentado por la severa situación económica del país, la crisis de las instituciones, el divorcio entre gobierno y sociedad, y sobre todo la incertidumbre sobre el tipo de Presidencia que ejercerá el priísta Enrique Peña Nieto.
En Puebla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua no hace mucho ruido pero ha venido construyendo una sólida base de apoyo, alimentada lenta pero sostenidamente por organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, sindicatos, colectivos y población en general.
Una muestra de ello es La Caravana de los Pueblos de Don Goyo, que este fin de semana van a realizar para confirmar que siguen en pie de lucha, que van en serio y que no se detendrán hasta frenar la ambición de los políticos y empresarios extranjeros que están detrás del Gasoducto Morelos y la Termoeléctrica en Huexca, pues consideran que el megaproyecto forma parte del sistema depredador neoliberal que busca terminar de despojarlos de sus tierras.
De acuerdo con fuentes de informadas, la protesta saldrá este viernes del Monumento de la Revolución en el Distrito Federal con destino al centro de Tlaxcala, donde realizarán un mitin.
El sábado, harán un recorrido por los pueblos que están dentro de la ruta del Gasoducto y por la tarde, se concentrarán en el zócalo de San Pedro Cholula, en Puebla, desde donde partirán hacia Amilcingo, Morelos.
Finalmente, el domingo celebrarán un foro político-cultural en Huexca, la comunidad-símbolo de esta resistencia -hasta el momento pacífica-.
Hay que decir que los grupos que formarán parte de la Caravana de los Pueblos de Don Goyo ha sufrido un desgaste físico y económico brutal por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
De hecho, las acciones de este fin de semana tendrán, entre otras, la finalidad de denunciar ante medios nacionales e internacionales el hostigamiento y la intimidación que ha vivido el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en los últimos días.
Situación que se ha expresado con la presencia de más de 300 granaderos en las afueras de Huexca, amenazas de desapariciones y una demanda federal por 50 millones de dólares contra siete activistas de Jantetelco, Amilcingo y Puebla, así como atentados físicos e intentos de compra de conciencias.
El movimiento, pues, va creciendo. Aunque aquí muchos pretendan fingir que no está pasando nada.